La guerra de Trump contra los empleados federales en 100 días de gobierno
La discusión sobre el tamaño de la burocracia gubernamental y su eficiencia (o falta de ella) es casi tan vieja como el país. Y aunque en el pasado se hicieron esfuerzos para reducirla, la guerra que contra ella ha desatado Donald Trump desde su regreso al poder no tiene paralelos en cuanto a sus pretensiones y, sobre todo, sus métodos.
La semana pasada, Trump anunció un controvertido cambio para empleados gubernamentales detallado en el conservador Proyecto 2025: la reclasificación de 50,000 empleados federales bajo el Anexo F, que los convierte en puestos de nombramientos políticos y otros contratos de más fácil remoción. Básicamente, les quita la protección laboral con la que cuentan como del servicio civil.
La propuesta surge de una orden ejecutiva que Trump firmó poco después de retomar la presidencia como parte de su esfuerzo por reducir la burocracia en varios departamentos y agencias bajo el nuevo gobierno.
"Si estos empleados gubernamentales se niegan a promover los intereses políticos del presidente o incurren en conductas corruptas, ya no deberían tener trabajo. Esto es de sentido común y permitirá que el gobierno federal finalmente se gestione como un negocio", escribió el mandatario en sus redes sociales.
Lo que al presidente le parece “sentido común” para otros pone en peligro la institucionalidad y abre las puertas a un manejo potencialmente corrupto de los empleos federales, independientemente de quién esté en el poder, sea republicano o demócrata. Algo que pasaba siglo y medio atrás.
Meritocracia para una democracia funcional
Cuando a fines del siglo XIX EEUU se proyectaba como una potencia en crecimiento, el Congreso decidió que una democracia estable necesitaba de una burocracia ajena a los vaivenes electorales, que garantizara el funcionamiento del aparato del Estado, y en 1883 creó la Ley Pendleton, que limitaba la injerencia de los partidos políticos en las contrataciones. Fue el principio de la meritocracia y un servicio civil profesional.
En los años 30 del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt sextuplicó el número de empleados federales, en parte por la creación de nuevas agencias creadas para istrar los programas del gobierno y en parte para dar empleo a muchos de los que había quedado sin trabajo durante la Gran Depresión.
La gestión liberal de Roosevelt buscaba dotar a EEUU de un Estado de bienestar al estilo europeo, con la creación de servicios sociales y el Seguro Social, y aunque no logró conformarlo del todo generó la animadversión de muchos conservadores, que personificaron en esa expansión del servicio público todo lo malo de lo que acusan al gobierno, es decir, ineficiencia, corrupción e injerencia en la vida de los ciudadanos.
Ese es el mismo sentimiento que explota Donald Trump en su cruzada contra el gobierno federal, que él ha descrito como un “Estado profundo” integrado por funcionarios no elegidos por la ciudadanía que son capaces de moderar y hasta alterar las políticas que él quiere llevar a cabo desde la presidencia.
Ya en su primer gobierno Trump arremetió contra el servicio público, pero en gran medida, por la acción de esa burocracia, muchas de las cosas que quiso hacer no se pudieron implementar, en parte, porque estaban fuera de la ley, los códigos y hasta las costumbres políticas estadounidenses.
Las consecuencias de la guerra contra el gobierno federal
No resulta extraño que en esta segunda oportunidad en el poder, Trump haya querido empezar desmontando ese aparato que le resulta obstruccionista con una velocidad y una saña que algunos califican de crueldad porque no solo está dejando sin trabajo a decenas de miles de personas, sino que está afectando a millones que dependen de los programas que esos empleados istraban, dentro y fuera de EEUU.
Para ese desmontaje del aparato federal el presidente creó un “departamento” (en nombre pero no en rango) al que bautizó de “eficiencia gubernamental” o DOGE, por sus siglas en inglés, y puso en manos del multibillonario y contratista del Estado Elon Musk.
Con Musk al frente, DOGE ha sido acusado de intervenir agencias de una manera que ha sido denunciada en cortes como inconstitucional, usurpando funciones del Congreso. Tras unas semanas de caos istrativo e informativo, la Casa Blanca “aclaró” que el trabajo del hombre más rico del mundo es de asesoría y que las órdenes de reducción salen de la Oficina de Manejo de Personal (aunque en muchos casos tampoco está dentro de su alcance).
Sin embargo, es en la Oficina de Manejo de Personal (OPM) en la que el “mapa” del proceso, el Proyecto 2025 de Fundación Heritage, pone la responsabilidad del desmantelamiento del gobierno.
Aunque Trump insistió en desconocer el proyecto o a sus creadores (muchos de los cuales estuvieron en su primer gobierno) y critico lo que calificó entonces de locuras, sus decisiones en la Casa Blanca siguen los pasos de lo que se indica en el documento de 900 páginas.
"Supera mis sueños más descabellados”
“De hecho, supera con creces mis sueños más descabellados”, dijo en febrero en una entrevista con la publicación Politico el arquitecto del proyecto, Paul Dans, y quien, en medio de la campaña electoral de 2024, en la medida que el plan se convirtió en un lastre para la candidatura de Trump, fue sacado de la Fundación Heritage y de la esfera del ‘trumpismo’.
El que lo hecho por Trump supera las aspiraciones de los redactores de la hoja de ruta conservadora parece demostrarlo el contraste entre lo que hizo el gobierno con la USAID, la agencia para el desarrollo internacional y la mayor organización de ayudas del mundo, que fue desmantelada en pocos días, cerradas sus oficinas y reubicadas dentro de Departamento de Estado.
Pero el proyecto solo pedía regresar "al nivel presupuestario de la agencia de 2019, previo a la pandemia de COVID-19" y reconocía que eso exigía "colaborar estrechamente con el Congreso" para darle a "USAID mayor flexibilidad para gastar los fondos asignados y lograr mejores resultados en materia de desarrollo".
Otras agencias han sufrido recortes drásticos y hasta un departamento, el de Educación, está siendo desmontado o al menos llevado a su mínima expresión posible, pese a que violan las leyes que las crearon e incumplen con lo establecido en el presupuesto por el Congreso, donde la mayoría republicana no ha puesto obstáculos a los planes presidenciales.
Para los críticos del gobierno, el plan no es tanto reducir el llamado "Estado profundo" o lograr eficiencias en gastos, sino sentar las bases de una burocracia federal que esté plegada a los deseos del presidente Trump, quien recuerda cómo muchas de las cosas que quiso hacer en su primer mandato se vieron frustradas por la resistencia que puso el servicio civil cuando consideraron que no eran medidas legales o correctas.
Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, afirmó que se busca socavar la eficacia del gobierno federal. "La acción del presidente Trump de politizar el trabajo de decenas de miles de empleados federales de carrera erosionará el sistema de contratación basado en el mérito del gobierno y socavará la función pública profesional en la que confían los estadounidenses".
