Trump 2.0 se venga de "enemigos" como prometió: algunos ceden y otros resisten
La orden ejecutiva que apuntó contra uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país siguió un guion conocido en la ofensiva de represalias prometidas por el presidente Donald Trump.
Trump busca imponer su voluntad más allá de los confines de su gobierno. Ha dirigido su enojo contra personas e instituciones que también gozan o han gozado en el pasado de una buena cuota de poder.
Fue así como Paul Weiss —un conocido bufete de abogados de Nueva York que desde su nacimiento en 1875 ha promovido la causa de los derechos civiles, liderado los asuntos legales de poderosos del mundo corporativo y crecido hasta convertirse en una empresa multinacional de miles de millones de dólares— supo que estaba en problemas. La razón: un abogado que trabajó para ellos había investigado a Trump como fiscal de Manhattan.
Trump ordenó que se revisaran las autorizaciones de asuntos de seguridad federal de los abogados del bufete con el objetivo final de que sean suspendidas, cancelaran sus contratos federales y restringiera el de sus empleados a los edificios federales. Sin embargo, todo eso que exigió el decreto se evitó de la forma que ya es muy común en la istración de Trump, con un acuerdo.
La orden ejecutiva fue frenada tras una una reunión en la Casa Blanca en la que el presidente del bufete prometió trabajo legal por $40 millones para apoyar causas de su gobierno. El pacto fue visto como una peligrosa capitulación dentro de la comunidad jurídica.
El episodio mostró cómo Trump usa la Presidencia para controlar a disidentes y castigar a adversarios, y el éxito que ha tenido hasta el momento para conseguir concesiones de bufetes de abogados, el mundo académico, Silicon Valley y las juntas de directores de empresas. A todos ellos se les ha hecho temer por su futuro en medio de la campaña de represalias que ha sido una característica clave de sus primeros dos meses en el cargo.
Solo un día después del acuerdo con el bufete Paul Weiss, la Universidad de Columbia reveló cambios en sus políticas bajo la amenaza de perder miles de millones de dólares en fondos federales.
Una semana después, el bufete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llegó a un acuerdo antes de ser impactado por otra orden ejecutiva. Antes de eso, ABC News y Meta alcanzaron acuerdos multimillonarios para resolver demandas de Trump.
Los “enemigos” de Trump que han resistido
"Cuantos más ceden, más extorsión incitan. Verás cómo se apunta y somete a otras universidades, a otros bufetes de abogados y a otros enemigos de Trump", dijo a la agencia AP Ty Cobb, un abogado de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump que se ha convertido en un duro crítico.
Por el contrario, algunos dentro de la comunidad legal conservadora opinan que el presidente republicano actúa dentro de los derechos que le confiere la ley.
"Es prerrogativa del presidente instruir al Poder Ejecutivo a hacer negocios con empresas, bufetes de abogados o contratistas que considere confiables, y lo contrario también es cierto. El presidente, como comandante en jefe, puede determinar quién obtiene una autorización y quién no. Es así de simple", señaló a AP Jay Town, un fiscal de Alabama durante el primer mandato de Trump.
Algunos objetivos no han cedido: dos bufetes de abogados han demandado para bloquear órdenes ejecutivas después de que se conoció el acuerdo con el estudio legal Paul Weiss. Sin embargo, independientemente de su respuesta, en general los bufetes sancionados han caído en desgracia con la Casa Blanca por sus vínculos, previos o actuales, con fiscales que en el pasado investigaron a Trump.
El propio Trump lo había dicho claramente durante la campaña. "Para aquellos que han sido agraviados y traicionados, yo soy su represalia", dijo a sus seguidores en marzo de 2023.
Aunque en ese entonces estuvo menos claro: ¿Represalia por qué exactamente? ¿Contra quién? ¿Venganzas recurriendo a qué medios para concretarlas?
Un bufete catalogó la amenaza de Trump como “una crisis existencial”
Tras haber superado cuatro acusaciones federales y estatales que amenazaban con hundir su carrera política, e investigaciones que ensombrecieron su primer mandato en el cargo, Trump fue directamente por los fiscales que lo investigaron y los bufetes reconocidos con los que estuvieron relacionados.
Su Departamento de Justicia actuó casi de inmediato para despedir a los del equipo del fiscal especial Jack Smith y algunos fiscales que manejaron casos derivados del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
La Casa Blanca siguió con una orden ejecutiva que despojó de las autorizaciones de seguridad a los abogados del bufete Covington & Burling que representaron a Smith frente a la amenaza de investigaciones gubernamentales. Covington ha dicho que espera "defender los intereses de Smith".
Una orden posterior castigó a Perkins Coie por representar a la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton durante la campaña de 2016. Perkins Coie contrató a Williams & Connolly, un bufete de Washington con un estilo de litigio agresivo, para impugnar la orden. Un juez federal dijo que la acción del gobierno le provocó "escalofríos" y bloqueó que partes del decreto entraran en vigor.
Esa decisión pudo haber sido un precedente significativo para otros bufetes en la mira del presidente. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió.
El presidente de Paul Weiss dijo que, inicialmente, también estaba preparado para demandar por una orden del 14 de marzo que apuntaba al bufete en parte porque un exsocio, Mark Pomerantz, había supervisado varios años antes una investigación sobre las finanzas de Trump en nombre de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.
Pero el bufete también llegó a creer que incluso una victoria en la corte no borraría la percepción entre los clientes de que era "persona non grata" para el gobierno, dijo más tarde su presidente, Brad Karp, a sus colegas en un correo electrónico obtenido por AP.
La orden, dijo Karp, presentó una "crisis existencial" para un bufete que ha contado con clientes poderosos como la NFL y ExxonMobil. Algunos de sus clientes señalaron que podrían buscar representación legal en otros bufetes. Otros estudios legales no salieron a apoyar a Paul Weiss e incluso buscaron explotar los problemas del bufete, dijo Karp.
"Era muy probable que nuestro bufete no pudiera sobrevivir a una disputa prolongada con el gobierno", escribió.
Cuando surgió la oportunidad de una reunión en la Casa Blanca y la posibilidad de llegar a un acuerdo, Karp la aprovechó. Se comprometió a ofrecer servicios legales pro bono para causas como la lucha contra el antisemitismo.
Al hacerlo, escribió, "hemos resuelto rápidamente un problema aparentemente intratable y eliminado una nube de incertidumbre sobre nuestro bufete de abogados".
La protesta fue rápida. Abogados fuera del bufete lo ridiculizaron. Más de 140 exalumnos de Paul Weiss firmaron una carta criticando la capitulación.
"En lugar de una defensa contundente de los valores de la democracia, fuimos testigos de una rendición cobarde y, por lo tanto, de complicidad en lo que es quizás la mayor amenaza a la independencia de la profesión legal desde al menos los días del senador Joseph McCarthy", leyó la carta.
En cuestión de días, otros dos bufetes, Jenner & Block y WilmerHale, se enfrentaron a órdenes ejecutivas por sus vínculos con fiscales del equipo del fiscal especial Robert Mueller que investigó a Trump durante su primer mandato. Ambos demandaron el viernes.
WilmerHale, donde Mueller es socio retirado, dijo que la orden era un "ataque sin precedentes" al sistema legal. Después de escuchar los argumentos, los jueces bloquearon la aplicación de partes clave de ambos decretos.
Sin embargo, ese mismo día, la Casa Blanca anunció un nuevo acuerdo con Skadden Arps en el que el bufete acordó proporcionar $100 millones en servicios legales pro bono y renunciar al uso de consideraciones de diversidad, empleo e inclusión en sus prácticas de contratación.
Trump ha expresado satisfacción con su campaña de presión y emitió una directiva para sancionar a los abogados que crea presenten litigios "frívolos" contra el gobierno. Y se jactó diciendo que las universidades están "cediendo y diciendo 'Señor, muchas gracias, lo apreciamos'".
En cuanto a los despachos de abogados, se jactó todavía más diciendo: "Simplemente están diciendo, '¿Dónde firmo?' Nadie puede creerlo".
Una universidad de la 'Ivy League' también cede a la presión de Trump
Cerca de las oficinas del bufete Paul Weiss en Midtown Manhattan, otra institución de élite de Nueva York enfrentó su propia batalla.
Trump asumió el cargo en medio de protestas en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza. La agitación provocó la renuncia de su presidenta y puso a la prestigiosa universidad en en el corazón de las críticas sobre que el campus fue demasiado permisivo y había permitido la supuesta proliferación de una retórica antisemita.
El gobierno de Trump arrestó este mes a un líder activista palestino y residente legal permanente en su edificio de apartamentos propiedad de la universidad y abrió una investigación sobre si Columbia ocultó a estudiantes buscados por Estados Unidos por su participación en las manifestaciones.
En una acción separada, el gobierno retiró $400 millones en fondos para Columbia: canceló subvenciones y contratos debido a lo que el gobierno dijo era el fracaso de la escuela para erradicar el antisemitismo y exigió cambios para restaurar el dinero o incluso considerar hacerlo.
Dos semanas después, la entonces presidenta interina de la universidad, Katrina Armstrong, anunció que implementaría casi todos los cambios solicitados por la Casa Blanca. Columbia prohibiría a los estudiantes protestar en edificios académicos, dijo, adoptaría una nueva definición de antisemitismo y pondría su Departamento de Estudios del Medio Oriente bajo nueva supervisión.
El anuncio de esas reformas en Columbia del 21 de marzo no desafió las tácticas coercitivas del gobierno de Trump, pero reconoció lo que dijo eran "preocupaciones legítimas" planteadas sobre el antisemitismo. La Casa Blanca aún no ha dicho si restaurará el dinero.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha dicho que la universidad estaba “en el camino correcto” pero aún no ha indicado si le desbloquearán los fondos.
La resolución de Columbia fue condenada por algunos de la facultad y defensores de la libertad de expresión. "La decisión de Columbia pone en peligro la libertad académica y la expresión en el campus en todo el país", dijo Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, en un comunicado.
Armstrong anunció el viernes por la noche su salida del cargo y su regreso a su puesto en el centro médico de la escuela.
Columbia no es el único objetivo de Trump en el mundo académico. También este mes, el gobierno suspendió alrededor de $175 millones en fondos federales para la Universidad de Pensilvania debido a que una persona transgénero compitió en natación en nombre de esa institución en 2022.
Empresas de medios en la mira de Trump
Trump ni siquiera había asumido el cargo el 20 de enero cuando acabó abruptamente una pelea legal que se pudo haber extendido durante su gobierno.
En diciembre, ABC News acordó pagar $15 millones a la biblioteca presidencial para resolver una demanda por difamación sobre la afirmación inexacta que hizo el presentador George Stephanopoulos al aire de que el presidente electo había sido encontrado civilmente responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll.
El mes siguiente, Meta, la empresa matriz de Facebook, acordó pagar $25 millones para resolver una demanda presentada por Trump contra la compañía después de que suspendió sus cuentas tras el asalto al Capitolio. El acuerdo fue anunciado tras una visita del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, al club privado de Trump en Florida para tratar de enmendar las relaciones.
Tal viaje habría sido improbable en el primer mandato de Trump o después de que el asalto al Capitolio lo convirtió brevemente en un paria dentro de su propio partido. Pero es algo que otros funcionarios de tecnología, negocios y gobierno ahora también han hecho.
Mientras tanto, el gobierno ha tomado medidas contra organizaciones de noticias cuya cobertura no le agrada. El mes pasado, la Casa Blanca eliminó a reporteros y fotógrafos de The Associated Press del pequeño grupo de periodistas que sigue al presidente después de que la agencia de noticias se negó a seguir la orden ejecutiva de Trump para renombrar el golfo de México. Sobre eso hay una demanda de AP en desarrollo.
La istración también ha buscado desmantelar Voice of America, un servicio de noticias internacional financiado por el gobierno. El viernes, un juez federal detuvo los planes para despedir a más de 1,200 periodistas, ingenieros y otros empleados que quedaron sin empleo después de que Trump ordenó un recorte de fondos.
Mira también:
