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Motín

Las víctimas de Topo Chico: una cárcel sobrepoblada y con autogobierno

En el motín de esta semana murieron ladrones, vigilantes del narco, vendedores de estupefacientes, homicidas y secuestradores.
12 Feb 2016 – 03:49 PM EST
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Familiares de las víctimas reaccionan al leer el listado de nombres. Crédito: Julio César Aguilar, AFP/Getty Images

Ladrones, vigilantes del narco, vendedores de estupefacientes, homicidas y secuestradores: esas eran las actividades de algunas de las personas que murieron tras el motín en la prisión de Topo Chico, en la norteña entidad de Nuevo León, que dejó el jueves 49 muertos y al menos 12 personas heridas.

México amaneció con la sangrienta noticia de que un enfrentamiento iniciado entre Jorge Iván Hernández Cantú alias “El Credo”, y Juan Pedro Saldívar Farías “El Z-27” derivó en la muerte de decenas de personas, de las que ahora se saben los nombres y las condenas que purgaban, dejando al descubierto que en el mismo espacio convivían por igual ladrones comunes que responsables de decenas de asesinatos.

La web Animal Político informa que, por ejemplo, Erick González Calzada estaba en la cárcel por el robo del estéreo de un automóvil en Reynosa, Tamaulipas. Por su parte, Luis Alejandro Ortiz Martínez, Luis Montemayor Torres y Juan Francisco Jesús Aguilar García se encontraban tras las rejas por robar vehículos.

Entre las víctimas acusadas de asesinato se encuentran Guadalupe Armando Graciano Rodríguez, Darío Sánchez Macías, Édgar Torres Dávila, Juan Moreno Solís, José Frías Mendoza y José Luis Rodríguez Huerta.

Vinculados al narcotráfico estaban Francisco Villegas Ibarra, Miguel Ángel Gaytán Pardo y Miguel Ángel Salas Valdez.

En tanto, Rober Estif Segura Rivera, Damián Emanuel González Juárez y José Fabián Bernal Ortiz estaban acusados de secuestro.

Los causantes

Alias “Z-27” “vino a querer tomar el control del penal, cuando ahí había otra persona apodada ‘El Credo’, obviamente se enfrentan los dos grupos… al que traen es a ‘Z-27’ por una decisión absurda de un magistrado respecto a que este no necesitaba vigilancia extrema y mira lo que vino a provocar”, declaró en entrevista el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón conocido como “El Bronco”.

El gobernador explicó que un total de 233 reos fueron trasladados de este centro ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, capital de Nuevo León, a penales federales.

"Entre ellos los dos presuntos responsables de este evento que se dio en el interior de Topo Chico", dijo en rueda de prensa.

"Esta despresurización del penal nos dio la oportunidad de tener el control completo. Ya tenemos el control del penal hacia el interior y hacia el exterior", señaló el gobernador, quien ha recibido en las últimas horas numerosas críticas por su gestión de la tragedia.

En la conferencia de prensa habló de que en un cateo realizado el jueves por parte de la Policía Federal se hallaron objetos "irregulares", entre los que destacan estupefacientes y objetos como cuchillos, martillos, pinzas mecánicas y cientos de encendedores, mismos que se utilizaron durante la reyerta.

Ratificó que nueve de los cadáveres no han sido todavía identificados, si bien confió en que se logre el reconocimiento a lo largo del día. El gobernador añadió que uno de los fallecidos presentaba un impacto de bala, por lo que un guardia de la prisión ya se encuentra rindiendo su declaración.

El control de la prisión

Asimismo, explicó que de los cinco lesionados en estado grave, dos evolucionan favorablemente y tres siguen en "estado delicado".

Además, cuatro reos más fueron trasladados al hospital para su revisión.

El gobernador explicó que el control del penal sigue estando en manos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, si bien se busca un acuerdo para que la Policía Federal coadyuve en el resguardo de las instalaciones.

Dijo que se está trabajando para renovar el convenio con la Secretaría de Defensa Nacional para mantener su presencia en el estado, que caducó en septiembre pasado y vigilaba también el exterior de los penales.

Rodríguez Calderón señaló también que el autogobierno en la prisión está causado porque no cuenta con suficientes guardias de seguridad, por la incapacidad financiera y por la corrupción.

Críticas a “El Bronco”

de todos los partidos políticos, en tanto, lanzaron sus críticas en contra del gobernador de Nuevo León –quien por cierto hizo historia al ser electo como independiente--, a quien acusaron de no controlar la entidad por estar ocupado en otros asuntos.

“Si no puede garantizar la seguridad y la vida de los que están cumpliendo sus condenas, entonces estamos hablando de un gobierno fracasado. Por eso, los diputados federales por Nuevo León solicitamos al gobierno federal la presencia de las fuerzas federales, del Ejército y de la Marina, para que tomen control sobre los penales y no esperar a que pase otra tragedia como la de Topo Chico, para que pueda actuar el gobernador”, cita la web de Excélsior al diputado Juan Carlos Ruiz García, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Un largo historial de violencia

El penal de Topo Chico es uno de los centros penitenciarios más antiguos del estado mexicano de Nuevo León y tiene un largo historial de violencia marcado por el hacinamiento y los choques entre grupos de internos.

Antes del motín de esta semana, uno de los más graves de los últimos 30 años en el país, el penal estatal acumulaba ya numerosas riñas entre presos, en su mayoría con del cártel de los Zetas involucrados, ataques al recinto e incluso la muerte de varios guardias.

El 27 de septiembre de 2015 una riña en el interior del penal acabó con la muerte por arma blanca de Mario Alberto Roldán Zúñiga, alias "El Fresa", considerado el cabecilla local de los Zetas, y 11 reos heridos.

Los sucesos más violentos se desencadenaron entre 2010 y 2012, cuando este penal estatal registró al menos medio centenar de atentados con armas de fuego y granadas, 12 presuntos vendedores de droga al por menor muertos y siete de sus guardias fueron asesinados por el crimen organizado.

En diciembre de 2010, un grupo de hombres armados secuestró a una cabecilla de una banda de secuestradores cuando era conducida de Topo Chico a un hospital para un chequeo médico. Fue hallada desnuda y colgando del cuello en un puente días después.

En enero de 2011, hallaron muerto en el penal al integrante de los Zetas Gabriel Ayala Romero, alias "el Gaby", conocido en México como "el zar de la piratería", con más de 20 heridas de arma blanca.

Apenas un mes más tarde, el jefe de Seguridad de la prisión, Francisco Martínez Ramírez, apareció asesinado y mutilado en el interior de una caja de plástico dentro de un automóvil, con un mensaje que se atribuyó al crimen organizado.

En marzo del mismo año hasta 22 reos fueron trasladados a otros penales federales bajo el resguardo de hasta 700 elementos de seguridad, en una operación similar a la que hoy se prevé llevar hasta a un centenar de presos a otras prisiones para evitar posibles incidentes.

Aunado a ello, esta cárcel ha registrado varios intentos de fuga, con la aparición de un túnel en 2012, y motines como el de 2008, que se alargó varios días y en el que unos 2,000 reos, según medios locales, arremetieron con 100 zetas que pretendían hacerse con el control del recinto.

Viejo, sin recursos y con hacinamiento

Construido en 1947, el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico es también víctima de la falta de recursos y el hacinamiento.

"Es un penal muy viejo, que tiene muchos años, no hay control. Todo se hace en patios", reconoció el gobernador de Nuevo León, quien atribuyó la tragedia a la "situación tan difícil en el que se encuentran los centros penitenciarios" en el estado.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Topo Chico tiene capacidad para alojar a 3,635 internos -entre hombres y mujeres-, cuando la población existente el día de la visita era de 4,585.

En ese mismo informe el penal Topo Chico obtuvo una calificación promedio del 5.72 sobre 10, tras suspender en los principales capítulos.

En el apartado "aspectos que garantizan la integridad física y moral de interno" obtuvo un 4.74, mientras que en "condiciones de gobernabilidad" sacó un 4.44.

Además, en "aspectos que garantizan una estancia digna" tuvo un 5.34; en "reinserción social del interno" un 6.25 y en "grupos de internos con requerimientos específicos", 7.85.

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