Trump dice que los indocumentados no deberían “ser juzgados” para ser deportados, pero la Constitución dice otra cosa
El presidente Donald Trump dijo el pasado 22 de abril de 2025 que los inmigrantes indocumentados no deberían tener derecho a procesos judiciales (“trials”) previo a su deportación.
El día anterior, Trump ya había hablado en Truth Social, su red social, sobre los “juicios” a inmigrantes indocumentados: “Si no expulsamos a estos criminales de nuestro país, ya no tendremos país. No podemos procesar a todos, porque hacerlo tomaría, sin exagerar, 200 años. Necesitaríamos cientos de miles de juicios para los cientos de miles de inmigrantes ilegales que estamos expulsando del país”.
Pero el llamado debido proceso está establecido en la quinta y la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La quinta enmienda reza que ninguna persona “será obligada en ningún caso criminal a ser testigo contra sí misma, ni será privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”.
La decimocuarta garantiza que “no se privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”.
Expertos juristas y organizaciones en defensa del Estado de derecho, explicaron a elDetector cuáles son las implicaciones de la afirmación del presidente. Coinciden en que la quinta y la decimocuarta enmienda de la Constitución, así como la Ley de Inmigración, protegen el debido proceso.
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La diferencia entre juicios y audiencias de inmigración
Elizabeth Goitein, directora senior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice, explicó por correo electrónico a elDetector que hay una diferencia entre un juicio o trial (como lo mencionó el presidente) y una audiencia de inmigración que es “un proceso mucho más breve ante un juez de inmigración en un tribunal de inmigración. Los tribunales de inmigración forman parte del Departamento de Justicia y son independientes de los tribunales penales”.
La jurista, especialista en poderes presidenciales de emergencia, vigilancia gubernamental y secretismo gubernamental, dijo que bajo el proceso de deportación, la Ley de Inmigración requiere una audiencia (no juicio) ante un juez de inmigración en la mayoría de los casos, salvo aquellos casos sometidos a deportación acelerada, que aplica a no ciudadanos que llegan a un puerto de entrada (como puede ser un paso fronterizo terrestre o un aeropuerto internacional), “así como a algunos no ciudadanos que han estado en Estados Unidos sin permiso del gobierno durante menos de dos años”.
“La ley es clara en que la mayoría de los inmigrantes en EEUU tienen derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración, incluidas las personas que vinieron con ciertas visas (como una visa de estudiante o de trabajo) pero que se quedaron más tiempo del permitido para esa visa o cuya visa fue revocada por el gobierno; las personas que ingresaron al país ilegalmente y que han estado en el país durante más de dos años, incluidas las personas que pueden tener Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés); y los residentes permanentes legales”, explicó Goitein.
La experta, además, agregó que el presidente “no puede prescindir unilateralmente de esas audiencias”.
Por su parte, Vicki Gaubeca, directora asociada de política de Inmigración y Fronteras del Programa de EEUU de Human Rights Watch, dijo por correo electrónico a elDetector que las acciones del presidente son una extralimitación de poder “posiblemente diseñada para poner a prueba las facultades del poder ejecutivo frente a los poderes judicial y legislativo”.
“La Constitución no distingue entre ciudadanos y no ciudadanos a la hora de aplicar las garantías procesales y la revisión judicial.”, dijo también Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute (MPI, Instituto de Política Migratoria), citado por NPR.
La controversia
Algunos funcionarios del gobierno del presidente Trump respaldan su afirmación de que el debido proceso o las audiencias antes de la deportación no son necesarias.
El 1 de abril de 2025, Stephen Miller, asesor de seguridad nacional, escribió en X (antes Twitter): “Si usted invadió ilegalmente nuestro país, el único 'proceso' al que tiene derecho es la deportación”; y el zar de la frontera, Tom Homan, dijo en entrevista con Fox News el 17 de marzo de 2025 que “ no nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda”.
“Existen cuestiones legales sin resolver, como si la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, ( una autoridad en tiempos de guerra que permite la deportación de "enemigos extranjeros" sin una audiencia), prevalece sobre la Ley de inmigración o viceversa. Sin embargo, incluso bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, deportar a alguien sin previo aviso y sin la oportunidad de solicitar una revisión judicial viola la cláusula del debido proceso constitucional”, escribió Goitein a elDetector.
Según Gaubeca, de Human Rights Watch, el gobierno del presidente Trump usa la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para afirmar que tiene la facultad “de violar el derecho al debido proceso de una persona”.
“Sin embargo, Estados Unidos no está en guerra. Además, ninguna ley aprobada por el Congreso estadounidense prevalece sobre la Constitución estadounidense”, agregó.
Un juez federal dio el jueves la razón a las expertas, al dictaminar que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede usarse para expulsar a inmigrantes indocumentados y prohibiendo al gobierno de Trump hacerlo.
Desafíos legales y presión judicial
No es la primera vez que el presidente Trump sugiere que los indocumentados deben ser deportados “sin juicios y sin jueces”. En su primer mandato, en 2018, afirmó lo mismo.
Al igual que hace siete años, el mandatario puede encontrarse, y se ha encontrado, con desafíos legales como impugnaciones ( para las que ahora los afectados tienen menos tiempo) en tribunales de inmigración; así como con “frenos temporales” por parte de jueces federales a las deportaciones, en casos específicos como el de los venezolanos.
De acuerdo con Politico, medio especializado en política, la istración Trump enfrenta desafíos para cumplir con su propósito de deportaciones más rápidas, como la escasez de fondos y la saturación de los tribunales de inmigración. “Este es un obstáculo que han enfrentado las últimas istraciones, con más de 3.6 millones de casos pendientes, según el Transactional Records Clearinghouse, un instituto de investigación sin fines de lucro de la Universidad de Syracuse”, agrega Politico.
“El presidente enfrenta numerosas demandas. Desafortunadamente, ignora muchas de las sentencias, lo que indica que estas acciones están motivadas por el deseo de obtener mayor poder autocrático”, concluyó Gaubeca, experta también en defensa de políticas, organización comunitaria y asuntos públicos.
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