España tomará medidas para intervenir Cataluña pese a que su presidente reconoció que no ha declarado la independencia
La tensión en España continúa después de que el Gobierno anunciara este jueves que está preparando una serie de medidas de emergencia encaminadas a la suspension el autogobierno de Cataluña. Esta decisión desde Madrid se toma pese a que el líder de esta región, Carles Puigdemont, reconoció que no había proclamado la independencia, una condición que exigió el gobierno español para no tomar el control de la región.
El anuncio del gobierno central vino después de que el presidente regional, Carles Puigdemont, respondiera en una carta a la petición realizada desde Madrid de si había declarado la separación de esta región del noreste del país.
"Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá procedir, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre", advirtió Puigdemont en la misiva. Este reconocimiento no ha sido suficiente para el gobierno de Rajoy.
Este jueves vencía el plazo definitivo para que Puigdemont, aclarara si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre en la que expuso los resultados de la votación y no quedó claro si ya la había hecho efectiva al decir que asumía el "mandato" de que Cataluña se convierta en un Estado independiente, para a continuación ordenar a la cámara que suspendiera los efectos de la declaración de independencia y abrir una fase de diálogo.
Ante la respuesta del líder catalán, el gobierno nacional indicó que continuará con los trámite previstos en un artículo de la de la Constitución -que permite intervenir en los asuntos de una región-, con el fin de "restaurar la legalidad", según argumentó en un comunicado. El uso de este artículo ha sido objeto de debate durante toda la semana puesto que será la primera vez que se aplique en España.
Las medidas concretas hacia la región no se conocerán hasta este sábado después del Consejo de Ministros extraordinario para abordar este tema.
El desencuentro entre el gobierno central y regional se mantiene desde la celebración el pasado 1 de octubre de un referendum que fue declarado ilegal por la justicia española y anulado por el Tribunal Constitucional, pero que las autoridades regionales dan por válido.
Según datos del gobierno catalán, de un censo de 5.3 millones participaron 2.2 millones de personas, de los cuales el 90% se mostró partidario de la independencia. Los partidos contrarios al referéndum no hicieron campaña por el 'no', ni participaron en la consulta. Si bien, las encuestas realizadas antes del referendum apuntan a un deseo mayoritario de la población de que se celebre un referéndum en el marco de la ley.
Partida de ajedrez
En un primer plazo por el gobierno de España, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo a lo que el presidente español, Mariano Rajoy, contestó en una sesión del Congreso que "no se puede dialogar con quienes están fuera de la ley y de la Constitución, no es una cuestión menor, es una cuestión urgente".
La jornada del referéndum estuvo marcada por la dureza de la actuación policial que cerró centros de votación y se enfrentó a quienes trataron de impedirlo, con un balance de cientos de heridos, represión que fue condenada por varios países de la Unión Europea, que pidieron diálogo entre las dos partes.
El continuo enfrentamiento en esta partida de ajedrez política entre el Ejecutivo y las autoridades catalanas ha profundizado la tensión social en Cataluña y ha llevado a las calles a miles de personas en las últimas semanas que se manifestaron a favor y en contra de la independencia.
El Gobierno español considró que el presidente de Cataluña no respondió satisfactoriamente a su requerimiento de desistir en sus ambiciones independentistas por lo que señaló que continuaría adelante con la activación de las medidas recogidas en la Consitución.
El p
olémico artículo 155
El artículo de la Constitución invocado es el 155 y, al ser la primera vez que se activa, hay muchos interrogantes sobre cómo se desarrollará, que no será inmediatamente puesto que el Senado tiene que aprobarlo. Además, se desconocé qué funciones del autogobierno catalán se van a suspender.
Analistas, políticos y periodistas han evaluado en los días previos todas sus posibles interpretaciones, pero está en mano del Gobierno, quien cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, la dureza con la que quiera aplicarlo.
El texto recoge que el Gobierno puede tomar el control de la actividad una región de forma excepcional en caso de que no cumpla con las obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes, o actúe de forma que perjudique al interés general del país.
Los partidos independentistas de Cataluña (PDeCAT, ERC, la CUP y Demòcrates) pidieron al presidente regional que declarara la independencia unilateralmente si no veía posibilidad de dialogar con el Estado.
En los últimos días ha aumentado la presión para el gobierno regional al anunciar cientos de empresas el traslado de su sede social a otras regiones del país.
Cataluña es uno de los motores de la economía de España, puntera en exportaciones, industria, investigación y turismo, a pesar de una elevada deuda. Es también una de las regiones que más turismo atrae, en particular por sus playas y su capital, Barcelona.
