El presidente de Cataluña evita decir si declaró la independencia de España y pide diálogo
El presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, envió este lunes una carta al presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, en la que eludió responder claramente si declaró o no la independencia, tal y como le había requerido el Gobierno y le pidió dos meses para negociar.
"Durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar", escribió Puigdemont en la carta en la que habla de "suspensión" del mandato surgido del referéndum de independencia inconstitucional celebrado el pasado 1 de octubre.
La semana pasada Puigdemont compareció ante el parlamento regional y en unas confusas declaraciones dijo asumir el "mandato" de que Cataluña se convierta en un Estado independiente, para a continuación ordenar a la cámara que suspendiera los efectos de la declaración de independencia para abrir una fase de diálogo.
Sus palabras causaron confusión y disgusto entre los independentistas que esperaban un anuncio más directo y la proclamación inmediata de la "república catalana" a la que firmaron su adhesión concluida la sesión en un acto en una sala aparte, que también firmó Puigdemont.
Nuevo plazo
El gobierno español había dado de plazo hasta este lunes para aclarar si declaró la independencia antes de activar medidas, su respuesta "marcará el futuro de los acontecimientos", advirtió la semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El Ejecutivo tiene la potestad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que otorga al Gabinete central la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades autonómicas y convocar elecciones en esta región.
Puigdemont pidió reunirse "lo antes posible" con Rajoy para tratar de resolver el conflicto político. En su misiva no especifica qué quiere negociar, pero afirma que "más de dos millones de catalanes encomendaron al Parlament el mandato de declarar la independencia".
El Gobierno central consideró que la carta de Puigdemont no contesta al requerimiento y le dio un nuevo plazo hasta el jueves para que responda "si o no" a la pregunta de si declaró la independencia, al tiempo que le invitó a dialogar en el "marco de la legalidad" en el Congreso de los Diputados.
Según datos del gobierno local, en el referendum participaron 2.2 millones de personas (de un censo de 5.3 millones) y, con el boicot de los partidarios del 'no' que no participaron ni hicieron campaña, el resultado fue un 90% a favor de la independencia.
La consulta, que había sido declarado ilegal por la justicia española y no contó con las garantías necesarias, estuvo marcada por la dureza de la actuación policial que cerró centros de votación y se enfrentó a quienes trataron de impedirlo, con un balance de cientos de heridos.
El referéndum ha causado tensiones en las calles y manifestaciones a favor y en contra de la independencia en todo el país. También incertidumbre sobre el futuro de la región y las acciones que tomará el Gobierno, que se enfrenta a una de las mayores crisis de la democracia.
Fuerte presión
Puigdemont está bajo una fuerte presión tanto política como económica, diplomática y judicial, atrapado entre quienes le reclaman que declare ya la independencia y quienes le piden frenar.
En su campaña por el referendo los independentistas aseguraron que las empresas no se marcharían de Cataluña y que, ante "los hechos consumados", la comunidad internacional los apoyaría.
Sin embargo, 540 empresas se fueron de Cataluña desde el 2 de octubre, y la Unión Europea ha mostrado su apoyo a Rajoy puesto que teme que el problema catalán derive en una oleada de movimientos independentistas en otros países de la UE.
En Cataluña, una región rica con 7.5 millones de habitantes, lengua propia y una marcada identidad cultural, hay una parte de la población que reivindica desde hace años no formar parte de España.
La crisis económica, el desacuerdo con el gobierno central sobre el sistema de reparto del dinero público y la demanda por más autonomía política reavivó la causa del independentismo.
Según las encuestas, una mayoría de entre un 70 a un 80% son favorables a votar en un referéndum legal cuál ha de ser la relación entre Cataluña y España con una división muy marcada con la mitad a favor y la mitad en contra de seguir formanto parte del conjunto del país.
