Expulsión de migrantes a El Salvador agudiza choque entre Trump y los jueces: ¿está en peligro la independencia judicial?
A medida que las cortes en Estados Unidos ponen obstáculos al dramático intento del presidente Donald Trump de cambiar el gobierno federal sin la aprobación del Congreso, las fuertes críticas al poder judicial que ha hecho el mandatario republicano despiertan preocupación y temor a que se desate una crisis constitucional.
Los partidarios del presidente están repitiendo parte de la retórica y las acciones que en otros países han precedido a los ataques al poder judicial, como en México, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el poder judicial cuando trataron de impedir sus movimientos agresivos para reestructurar el gobierno y la economía de su país.
Las reformas hechas por AMLO hicieron que los mercados perdieran confianza en la fiabilidad de su país como lugar para invertir, lo que llevó a que su moneda se debilitara.
Ahora los analistas se preguntan si Estados Unidos podría ser el siguiente país en caer en desgracia.
Las críticas de los aliados de Trump al poder judicial podrían crear una crisis
Además de los repetitivos comentarios de Trump en contra de los jueces que bloquean sus órdenes ejecutivas, los reclamos de sus aliados y partidarios podrían crear una crisis sobre la independencia del poder judicial, advierten expertos.
Por ejemplo, Stephen Miller publicó la semana pasada en la red social X: “Bajo los precedentes que ahora están siendo establecidos por jueces radicales y rebeldes, un tribunal de distrito en Hawái podría prohibir movimientos de tropas en Irak. Los jueces no tienen autoridad para istrar el poder ejecutivo. O para anular los resultados de una elección nacional”, dijo Miller.
Por su parte, los partidarios de Trump en el Congreso han comenzado a plantear la idea de destituir a jueces que han fallado en contra del gobierno de Trump.
Mientras que el multimillonario Elon Musk ha llamado regularmente en la red social X a destituir jueces.
Este domingo, el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, reaccionó furioso a la orden de un juez de Washington contra las deportaciones en virtud de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII que Trump invocó horas antes.
“Otro día, otro juez decidiendo unilateralmente la política para todo el país. Esta vez para beneficiar a pandilleros extranjeros”, escribió Grassley. “Si la Corte Suprema o el Congreso no lo arreglan, nos dirigimos hacia una crisis constitucional”.
Sin embargo, los activistas sostienen que el propio gobierno de Trump y sus aliados son los que están aumentando las probabilidades de una crisis.
“No les gusta lo que están viendo en los tribunales, y esto está preparando lo que muy bien podría ser una crisis constitucional sobre la independencia del poder judicial”, dijo Heidi Beirich, fundadora del Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo.
Las amenazas contra el gobierno constitucional
Hasta la deportación de supuestos pandilleros a El Salvador usando una ley bloqueada por un juez el fin de semana, lo cierto es que el enfrentamiento de la istración Trump con las cortes no había pasado de la retórica y las decenas de casos presentados contra sus acciones habían seguido el curso legal normal. El gobierno no ha hecho movimientos para buscar la destitución de jueces o impulsar reformas judiciales a través del Congreso, controlado por los republicanos.
Justin Levitt, profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount y experto en derechos electoral que anteriormente sirvió en la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, dijo que no es fan de los movimientos de Trump, pero afirmó que el gobierno del republicano ha estado siguiendo las normas legales al apelar decisiones que no le gustan.
“Creo que la mayor parte de esto es ruido”, dijo Levitt, señalando que los tribunales pueden encarcelar a quienes no obedecen órdenes o imponer multas. “Si este es el enfoque que quiere tomar el ejecutivo, va a provocar una pelea. No todos van a estar contentos de ser un tapete en el piso como lo está siendo el Congreso”.
Incluso si no hay movimientos firmes en marcha para destituir jueces o ignorar abiertamente sus fallos, la retórica no ha pasado desapercibida dentro del poder judicial. Dos jueces nombrados por los republicanos advirtieron la semana pasada sobre el creciente peligro de que el poder judicial sea atacado.
“Las amenazas contra los jueces son amenazas contra el gobierno constitucional. Todos deberían tomar esto en serio”, dijo el juez Richard Sullivan, a quien Trump nombró en su primer mandato para la corte de apelaciones federal en Nueva York.
Atacar a los jueces, un “instinto autoritario”
Otros líderes populistas que no han mostrado inclinación a dejar el poder han convertido a sus poderes judiciales en un objetivo central, así como lo ha hecho Trump últimamente.
Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, redujo la edad de jubilación obligatoria para los jueces para forzar la salida de algunos que podrían haber bloqueado su agenda.
En Brasil, los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro han tenido disputas con el tribunal supremo de ese país después de que el expresidente fuera acusado de intentar anular su derrota electoral de 2022. Ahora su partido espera ganar suficientes escaños en las elecciones del próximo año para destituir al menos a uno de los jueces.
En El Salvador, el partido del presidente Nayib Bukele destituyó a jueces de la corte suprema con los que había chocado. Bukele incluso ha instado a Trump a enfrentarse al poder judicial: “Si no se destituye a los jueces corruptos, NO se puede arreglar el país”, escribió en X, tras una publicación de Musk instando a Trump a seguir el ejemplo del presidente salvadoreño.
“Este es un instinto autoritario básico”, dijo Steven Levitsky, coautor de 'Cómo mueren las democracias' y politólogo de Harvard. “No puedes tener una democracia donde el gobierno electo puede hacer lo que quiera”.
Se necesitarían dos tercios del Senado de Estados Unidos para destituir a un juez acusado. Con solo 53 republicanos en la cámara, es muy poco probable que se alcance esa supermayoría. Sin embargo, el gobierno de Trump ha expresado exasperación por la frecuencia con la que los tribunales inferiores están fallando en su contra.
Los presidentes de EEUU han chocado durante mucho tiempo con los tribunales
Este sábado, un juez federal en San Francisco requirió que el gobierno recontratara a decenas de miles de trabajadores federales que él dictaminó habían sido despedidos de manera improcedente.
El gobierno de Trump apeló varios fallos que suspendieron su esfuerzo por poner fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento ante la Corte Suprema.
Y aún está luchando en las cortes contra organizaciones de ayuda que sostienen que el gobierno no ha cumplido con la orden de un juez federal de pagarles por el trabajo realizado bajo contrato con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
“Tienes a estos jueces de nivel inferior que están tratando de bloquear la agenda del presidente. Es muy claro”, dijo la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, el viernes, añadiendo que los jueces han emitido 16 órdenes bloqueando iniciativas de Trump en comparación con 14 contra Biden durante los cuatro años anteriores.
Los presidentes se han quejado de ser controlados por los tribunales durante décadas. Biden se quejó cuando los tribunales bloquearon sus esfuerzos para perdonar la deuda de préstamos estudiantiles.
Mientras que el expresidente Barack Obama advirtió a la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos que no anulara su expansión histórica de la atención médica.
En la década de 1930, el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt intentó expandir el número de asientos en la Corte Suprema para deshacerse de su mayoría conservadora, una idea que algunos demócratas querían reconsiderar durante la presidencia de Biden.
Respetar a los tribunales es una base del Estado de Derecho
A pesar de la historia de los presidentes en contra de las decisiones de las cortes, la retórica anti-judicial no había alcanzado en décadas el tono que tiene ahora, dicen los expertos.
Una razón para ello es que Trump ha emitido más órdenes que cualquier otro nuevo presidente. Muchas de ellas se basan en teorías legales novedosas sobre el poder presidencial que van en contra de los precedentes judiciales de larga data o que nunca han sido probadas en los tribunales.
Anne Marie Slaughter, una exfuncionaria del Departamento de Estado en el gobierno de Obama, comparó a los jueces con árbitros en deportes que hacen cumplir las reglas. Dijo que Estados Unidos ha abogado durante mucho tiempo por la importancia del Estado de derecho en las democracias jóvenes y ha ayudado a establecer sistemas legales en países que van desde India hasta Sudáfrica para garantizar que se mantuvieran libres.
“En este momento, creo que muchos de nuestros aliados y países pares están profundamente preocupados y esencialmente ya no nos ven como un faro de democracia y Estado de derecho”, dijo Slaughter.
Rafal Pankowski, un activista polaco, recordó las protestas masivas que siguieron a los nuevos requisitos que el partido populista Ley y Justicia de su país impuso a los jueces en 2019. También recibieron sanciones de la Unión Europea por interferir con la independencia judicial.
Esas manifestaciones, dijo Pankowski, contribuyeron a que el partido perdiera el poder en las elecciones siguientes.
“Con el tiempo, se volvió difícil para la gente seguir las tecnicidades de la legislación”, agregó Pankowski. "Pero el instinto de defender la independencia del poder judicial ha sido una de las principales cosas detrás del movimiento democrático".
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