Jueza federal bloquea temporalmente gran parte de la drástica reducción de empleados del gobierno ordenada por Trump
Una jueza federal ordenó este viernes al gobierno de Donald Trump detener gran parte de su drástica reducción de personal federal.
La magistrada Susan Illston en San Francisco emitió la orden de emergencia tras una demanda interpuesta la semana pasada por sindicatos y municipios, que se sumó a las múltiples impugnaciones legales contra los esfuerzos del presidente por reducir el tamaño de un gobierno federal que él califica de inflado y costoso.
“La Corte considera que es probable que el presidente deba solicitar la cooperación del Congreso para ordenar los cambios que busca y, por lo tanto, emite una orden de restricción temporal para pausar las reducciones de personal a gran escala mientras tanto”, escribió Illston en su decisión.
La orden de restricción temporal ordena a numerosas agencias federales que dejen de aplicar la orden ejecutiva del presidente sobre la fuerza laboral, firmada en febrero, y un memorando posterior emitido por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y la Oficina de istración de Personal.
La orden, que vence en 14 días, no obliga a los departamentos a volver a contratar personal.
Los demandantes habían solicitado que se pospusiera la fecha de entrada en vigor de cualquier acción de la agencia y que los departamentos dejaran de implementar o hacer cumplir la orden ejecutiva.
La demanda se limitó a los departamentos cuyo desmantelamiento ya está en marcha o está a punto de iniciarse, incluyendo el Departamento de Salud, que anunció en marzo el despido de 10,000 trabajadores y la centralización de divisiones.
"Debe hacerlo con la cooperación del Congreso", dice la jueza
Illston, quien fue nominada al cargo por el demócrata Bill Clinton, afirmó que el presidente tiene la autoridad para solicitar cambios en los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo creados por el Congreso.
"Pero debe hacerlo de manera legal", afirmó. "Debe hacerlo con la cooperación del Congreso; la Constitución así lo establece".
Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que los votantes le dieron el mandato para reestructurar el gobierno federal, y designó al multimillonario Elon Musk para liderar el proceso a través de DOGE.
Decenas de miles de empleados federales han sido despedidos, han dejado sus trabajos mediante programas de renuncia diferida o han sido suspendidos como resultado de las medidas de Trump para reducir el presupuesto gubernamental.
No hay una cifra oficial de los recortes de empleos, pero al menos 75,000 empleados federales solicitaron la renuncia diferida y miles de trabajadores en período de prueba ya han sido despedidos.
En su orden, Illston ofreció varios ejemplos para demostrar el impacto de la reducción de personal. Todas las agencias afectadas fueron creadas por el Congreso, señaló.
Los abogados del gobierno argumentaron que la orden ejecutiva y el memorando, que solicitan reducciones de personal a gran escala y planes de reorganización, solo establecían principios generales que las agencias debían seguir al ejercer su propio proceso de toma de decisiones.
“Invita expresamente a recibir comentarios y propuestas para la participación legislativa como parte de las políticas que dichas agencias desean implementar”, declaró Eric Hamilton, fiscal general adjunto, sobre el memorando. “Establece una guía”.
Sin embargo, Danielle Leonard, abogada de los demandantes, afirmó que era evidente que el presidente, el DOGE y la Oficina de istración de Personal estaban tomando decisiones fuera de su autoridad y no invitaban al diálogo de las agencias.
“No están esperando a que estos documentos de planificación pasen por largos procesos”, afirmó. “No están solicitando aprobación, ni la están esperando”.
La orden de restricción temporal se aplica a departamentos como los de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos. También se aplica a la istración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.
Algunos sindicatos y organizaciones sin fines de lucro también son demandantes en otro proceso ante un juez de San Francisco que impugna los despidos masivos de trabajadores en período de prueba.
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