Un "estado policial" contra inmigrantes: cómo Florida construye un aparato paralelo para perseguir indocumentados

Cuando el gobernador Ron DeSantis dice que Florida es el estado con más medidas en contra de la inmigración indocumentada, no miente. Aunque algunas de sus legislaciones han sido frenadas temporalmente por cortes, ha avanzado a paso firme en otro espacio: el de la cooperación con las agencias federales para detener a personas sin una orden judicial, preguntarles sobre su estatus migratorio y procesarlos. Recientemente escaló un nivel más, inédito en el país y que es visto por activistas con preocupación: logró dar superpoderes a los patrulleros de carretera para llevar a cabo operaciones de inmigración independientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"La comunidad se está preparando para que esto sea peor", dijo a Univision Noticias Juan Cuba, director ejecutivo de la organización Sheriff ability Action, que aboga por mejorar las políticas y prácticas de los alguaciles en Estados Unidos. "Quieren su propia autoridad, independiente del gobierno federal para deportar a inmigrantes. Es peligroso".

El gobernador lo dejó claro en su rueda de prensa del pasado 12 de mayo. Aseguró que el estado apoya los planes de detenciones y deportaciones del presidente Donald Trump y en ese marco, anunció que más de 100 patrulleros de carretera (en inglés, Florida Highway Patrol Troopers) habían entrado en la categoría de "autoridades con una delegación especial", la de U.S. Marshals: "Esta autoridad ahora empodera a nuestros patrulleros estatales a ejecutar órdenes federales y a remover a criminales peligrosos de nuestras comunidades".

Los U.S. Marshals están bajo la autoridad del Departamento de Justicia, al mando de la republicana Pam Bondi. Ella ha manifestado abiertamente su apoyo a las decisiones de Trump en materia migratoria.

Entre las funciones de los U.S. Marshals están proteger las cortes federales y la custodia de detenidos. Pero tienen un programa, conocido como el 'Special Deputation Program' (SDP), con el que pueden conferir autoridad federal a ciertos funcionarios —incluidos estatales y locales— para labores de cumplimiento del orden. En este caso, de inmigración.

DeSantis, escoltado por tres patrulleros de carretera, dijo que el estado quiere tomar sus propias decisiones en materia migratoria y establecer un sistema para ello. "Necesitamos darle herramientas a nuestras autoridades (...) No puedes estar otra vez en la situación de que tienes un presidente que usa su rol, como (Joe) Biden, para no aplicar la ley y que deja a los estados sin defensa y sin poder hacer nada".

Un poder que "no tiene precedentes"

Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Automotores, del que son parte los Florida Highway Patrol Troopers, explicó en esa misma rueda de prensa que están incorporando nueva tecnología que le permitirá a estos funcionarios verificar en tiempo real el estatus migratorio de las personas que son frenadas en las autopistas y vías.

"Esto significa que si usted ve a un 'state trooper', él o ella tiene la autoridad federal para detener, investigar, aprehender y deportar", aseguró.

Aunque Florida ha expulsado a inmigrantes a otro estado, no está claro cómo podría hacer deportaciones.

Un reporte publicado en septiembre de 2024 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia con una evaluación de la delegación de las funciones de los U.S. Marshals en otras agencias, recomendó que el cuerpo reforzara los procesos de vigilancia y rendición de cuentas de sus aliados con evaluaciones rutinarias de los funcionarios delegados para asegurar que cumplieran con las políticas. También pidió que se mejorara el manejo de las denuncias de mala conducta al reforzar los reportes y el seguimiento de los abusos.

Cuba explica que los efectos de esta designación aún no se están sintiendo con fuerza en las comunidades migrantes de Florida, porque los funcionarios están en proceso de entrenamiento y certificación por parte de los U.S. Marshals. "Lo que está haciendo Desantis no tiene precedentes. No hemos visto a policías locales ser agentes especiales de los Marshals. Esto está yendo por encima de ICE, por encima del gobierno federal".

Elevar a los patrulleros de camino a funcionarios delegados de los U.S. Marshals no el único paso inédito que ha dado Florida y que ha generado, por ejemplo, la huida de los migrantes a otros estados. Al acompañar la política de detenciones y deportaciones del presidente Donald Trump, el estado es el primero con más agencias cooperando con ICE en la detención de inmigrantes indocumentados bajo la figura del programa 287 (g) y sobre todo, bajo uno de sus modelos más controvertidos, el de 'task force'.

Este fue revivido después del 20 de enero como un "multiplicador de fuerza" que le permite a los funcionarios interrogar a cualquier extranjero —o a quien parezca extranjero— sobre su estatus migratorio, arrestarlos sin una orden judicial y completar su registro y procesamiento para abrirle paso al inicio de su proceso de deportación.

Las 67 oficinas de alguaciles y todas las cárceles de Florida trabajan de la mano con el gobierno federal bajo cualquiera de las modalidades de este programa (son tres). El gobernador DeSantis ha presionado para aumentar la cooperación con Trump y así, entidades sin ninguna función migratoria han sido forzadas a sumarse a estos acuerdos, dicen activistas. El gobernador aseguró que incluso prepara una propuesta para ayudar a agilizar el atasco en las cortes federales de inmigración al delegar a abogados generales de la Guardia Nacional —que dan apoyo legal en operaciones militares— como jueces.

Para Cuba, el avance de DeSantis en contra la inmigración ha convertido a Florida en un "estado policial". Particularmente, dice, contra la comunidad hispana.

Univision Noticias pidió a la oficina del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Automotores más información sobre las responsabilidades de los patrulleros de carretera como delegados de los U.S. Marshals, pero no obtuvimos respuesta.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que bajo el liderazgo de Trump y de la secretaria Kristi Noem, la agencia usará "cada herramienta a su disposición para remover a extranjeros criminales ilegales peligrosos de nuestro país". Explica que bajo la cooperación con Florida y el programa 287 (g), llevaron a cabo la primera operación "de la historia de EEUU" coordinada entre autoridades federales y estatales bajo los acuerdos 287 (g). La llamaron 'Operación Tidal Wave'. DeSantis informó que arrestaron a más de mil personas en una semana.

Una "detención errónea" que casi acaba en deportación

Para hablar sobre la actuación de los patrulleros de camino en Florida, abogados y activistas ponen como ejemplo la reciente detención errónea de un ciudadano estadounidense-mexicano en una autopista en Tallahassee: la de Juan Carlos López Gómez, de 20 años.

El 17 de abril de 2025, este residente de Georgia viajaba en un vehículo con dos personas más (de origen hispano). Llegaban a Florida para trabajar y fueron detenidos en una vía por ir a exceso de velocidad. El reporte sobre el arresto realizado por un patrullero de carretera asegura que todos itieron haber entrado a Florida "ilegalmente" y que ninguno pudo proveer información sobre su presencia legal en ningún estado del país. El funcionario asegura que confirmó con ICE que López Gómez había "entrado/reentrado" ilegalmente a Estados Unidos y por ende, también a Florida. Por eso, argumentó, fue acusado y arrestado bajo el amparo de una ley (la SB 4-C, que establece como delito la entrada de inmigrantes indocumentados a Florida) que había sido bloqueada días antes (el 4 de abril) por una corte federal.

"Los patrulleros ignoraron la orden de una corte federal y aún así lo arrestaron bajo esa ley", explica a Univision Noticias el abogado de López, Mutaqee Akber. Al ser acusado, ICE pidió a la cárcel que le transfiriera la custodia de este estadounidense.

Alana Greer, directora y cofundadora de la organización Proyecto de Justicia Comunitaria, dijo en entrevista que su organización ha registrado al menos 12 arrestos realizados por patrulleros de camino de Florida bajo el uso de esa ley pese a que fue frenada temporalmente por una corte: "Puede que sean más".

El abogado Akber asegura que aún espera los videos de la detención de López Gómez grabados desde las patrullas. Dice que en el intercambio, el joven les entregó su identificación de Georgia, que debía ser suficiente para verificar que se trataba de un ciudadano estadounidense.

Manifiesta su preocupación porque los agentes del Departamento de Seguridad Nacional incluso marcaron una x en la casilla que asegura que comprobaron con su información biométrica que López Gómez supuestamente no tenía estatus migratorio en el país y que por eso era considerado como "un extranjero deportable". "Esto muestra que pueden marcar cualquier casilla, dejar a alguien detenido y luego, si tiene suerte, los activistas pueden abogar por él y si no, nadie lo hará".

El abogado cuenta que su madre entregó en la corte el certificado de nacimiento del joven en Estados Unidos y la jueza ordenó que fuera liberado. "Pero una vez que regresó a la cárcel, ahí dijeron: 'Bueno, fue liberado por la jueza pero aún está la petición de ICE'". Tras la presión de activistas y del abogado, quedó en libertad 30 horas después de su detención. Cerca de una semana después, desestimaron el cargo estatal por entrar ilegalmente al estado.

El abogado Akber asegura que enviaron una notificación al estado para iniciar una demanda por "falso arresto": "Juan Carlos hizo todo lo que se suponía que debía hacer: fue amable, cooperó, dijo que tenía una identificación de Georgia y la entregó, que tenía una tarjeta de Seguro Social y la entregó. A pesar de eso, fue tomado en custodia por una ley que fue frenada por una corte y fue dejado en prisión por 30 horas siendo ciudadano estadounidense. Eso es extremadamente preocupante".

Para él existen dudas de que la detención hubiera sido realizada solo por exceso de velocidad (iban a 78 millas por hora en una vía de 65).

Por otros casos que ha conocido en el pasado, Akber asegura que los patrulleros de carretera de Florida están entre los funcionarios del orden "más agresivos". En esto coincidieron dos fuentes más consultadas. Dice que al ser una de las agencias que no utilizan cámaras corporales, hará más difícil la rendición de cuentas sobre su actuación con estos superpoderes que les confirió DeSantis.

"Creo que mi mayor preocupación es la discriminación racial. Usan tácticas diferentes, normalmente las llamamos detenciones con pretexto, que en realidad son por la raza de las personas. Buscan cualquier excusa para detener a alguien en una zona determinada y realizar una investigación más exhaustiva (...) Creo que usarán esas tácticas para acosar a quienes no deberían ser acosados".

Alana Greer está convencida de que la intención del gobernador de Florida al darles esa autoridad a los 'state troopers' —y a otras autoridades bajo el programa 287 (g)— es romper la confianza de las comunidades en las instituciones. Además de los patrulleros de carreteras, enciende el alarma sobre la posible alianza del Departamento de Manejo de Emergencias del estado para también cuestionar y detener a inmigrantes, justo cuando se avecina el inicio de la temporada de huracanes: "Lo que estamos viendo ahora mismo es a comunidades preocupadas, con un miedo profundo ante esta escalada".