¿Por qué nadie paró la ley que limitó a la DEA en su guerra contra los opioides?
Tom Marino quería ser el zar antidrogas de EEUU, pero un reportaje del programa ‘60 minutos’ frustró esa posibilidad: mostró al representante como el principal aliado en el Congreso de una industria farmacéutica que buscaba debilitar la capacidad de la DEA de combatir la epidemia de opiáceos que padece el país.
El presidente Donald Trump anunció este martes vía Twitter que Marino había retirado su nombre a consideración para el cargo, incluso antes de que el Senado estableciera una fecha para su ratificación.
Habría sido difícil para el representante por Pensilvania explicar a los senadores las razones que le llevaron a trabajar activamente en una ley que el Departamento de Justicia y la DEA combatieron porque consideraban que debilitaba su posibilidad de impedir que farmacéuticas y doctores alimentaran el mercado negro de drogas de prescripción.
Tras el trabajo del programa '60 minutos' y The Washington Post sobre el representante Marino han caído los señalamientos como “el hombre de la industria” farmacéutica dentro del Congreso que terminó convenciendo a sus colegas y hasta forzando cambios en el Ejecutivo para garantizar que fuera aprobada por “consenso unánime” en ambas cámaras, algo que solo pasa en leyes poco polémicas.
Algunos señalan el dinero recibido por Marino del lobby farmacéutico (72,441 dólares en el período 2015-2016), aunque eso no necesariamente implique alguna ilegalidad. Como él, decenas de legisladores han recibido fondos de esa misma fuente, que es una de las más activas en la política estadounidense.
Los que votaron por la ley y que fueron consultados en la investigación aseguran que desconocían el profundo cambio de política que implicaba el nuevo texto y que ahora parece evidente para muchos.
Por último, el presidente Barack Obama la firmó sin que la DEA o la Oficina de Prepuesto de la Casa Blanca presentaran alguna objeción.
¿Quiénes trabajaron con Marino?
Unas 90 personas mueren en EEUU diariamente por sobredosis de opioides, incluyendo medicinas de prescripción contra el dolor, heroína o fentanil, en una crisis que el Centro del Control y Prevención de Enfermedades ha calificado como una gran crisis de salud pública. El presidente Trump ofreció declarar la emergencia nacional la próxima semana.
Fue en julio de 2016 cuando la Cámara de Representantes aprobó la Ley para Asegurar el a los Pacientes y una Efectiva Lucha a las Drogas que presentó dos años antes Marino. La DEA y el Departamento de Justicia estaban entonces tan preocupados por el posible debilitamiento de sus capacidades policiales para manejar la crisis que el entonces fiscal general Eric Holder tomó la inusual decisión de cuestionarla públicamente.
“Una ley recientemente aprobada por la Cámara (de Representantes) socavaría severamente un componente crítico de nuestros esfuerzos por prevenir que comunidades y familias caigan presa de las drogas”, declaró Holder en un comunicado de su oficina.
La estrategia de las autoridades hasta entonces era supervisar la distribución de grandes cargamentos de medicinas que consideraran que podían ser dirigidos al mercado negro. Por ejemplo, farmacias que recibían cuatro o cinco veces más que atendiera una población similar eran puestas bajo vigilancia y eventualmente demandadas si se determinaba que eran parte de una operación promovida por un médico permisivo a la hora de recetar.
La ley buscaba definir el concepto de “peligro inminente” que por décadas permitió a la DEA incautar cargamentos de drogas de prescripción que consideraran que podían estar destinadas a un mercado ilegal o estar alimentando uno deformado por la acción de médicos laxos a la hora de firmar órdenes para el uso de opioides.
Ahora la DEA debe demostrar que las transacciones comerciales de fabricantes o distribuidores representan “una sustancial posibilidad de una amenaza inmediata”, algo que muchos abogados y expertos consideran que es algo muy difícil de lograr y deja a las autoridades maniatadas.
Uno de los funcionarios de la fuerza antidrogas que más se opuso al proyecto de ley y que es consultado por '60 minutos', Joe Rannazzisi, exjefe de la división que supervisa a las farmacéuticas, terminó siendo sacado del juego luego de que Marino y la copromotora republicana Marsha Blackburn pidieron al Departamento de Justicia que lo sometiera a investigación por tratar de “intimidar al Congreso de EEUU” al decir que los legisladores “apoyaban criminales” en una reunión de trabajo.
También salió Holder de Justicia y su sucesora, Loretta Lynch, asumió una política de mayor aproximación con la industria farmacéutica, que no había sido posible antes pese a las gestiones de Marino.
Con el equipo de Orrin Hath, promotor de la versión de la ley en el Senado, la DEA participó en la definición del nuevo lenguaje que cambió del amplio concepto de “peligro inminente” al más restringido de una “sustancial posibilidad”, de acuerdo con la investigación de ’60 minutos’.
“El senador Hatch tiene una fuerte relación de trabajo con la DEA a lo largo de toda su carrera y por meses trabajó colaborativamente con la DEA en esto (la ley) Cualquier señalamiento de que trató de forzar a la DEA o de que siquiera haya tratado de forzar a la DEA es simplemente incorrecto”, fue la reacción de oficina de Hatch a la investigación.
Sin embargo, pese a que la DEA no estaba satisfecha con la redacción final, ni con las consecuencias que tendría en su trabajo, tras su aprobación en el Senado en marzo de 2016, no repitió sus objeciones a la Casa Blanca antes de que el presidente Barack Obama la firmara.
Por otros medios
Con un promedio de 30 millones de dólares anuales, la industria farmacéutica es uno de los principales sectores en contribuciones políticas, particularmente desde 2003, cuando se ampliaron los beneficios de prescripción de medicinas con la modernización de Medicare.
Hasta 2008, la mayoría de los receptores de fondos del sector pertenecían al Partido Republicano, pero en los últimos años ha crecido el número de demócratas y el monto que reciben de las farmacéuticas.
Otra manera que tiene el lobby farmacéutico de influir en el proceso legislativo no es sólo en el financiamiento de campañas de congresistas y senadores, algo que está permitido dentro de los parámetros legales y que es información disponible para el público, sino la cooptación de talentos que conocen por dentro la estructura gubernamental a la que se enfrenta.
De acuerdo con los datos de The Washington Post, desde que hace una década la DEA empezó a combatir la industria de opioides, la industria o firmas legales que trabajan para ella han contratado a 46 exfuncionarios de la agencia quienes conocen mejor las maneras de contrarrestar las estrategias gubernamentales que pueden afectar al sector.
