La Casa Blanca ignora las citaciones del Congreso: ¿puede hacerlo? ¿cuáles son las consecuencias?
El presidente Donald Trump está cumpliendo su promesa de “bloquear todas las citaciones” que el Congreso está haciendo para profundizar las investigaciones que tiene abiertas sobre él o su campaña electoral de 2016.
En esa línea, la presidencia indicó este martes al Congreso que el exasesor legal de la Casa Blanca Don McGhan no entregará al Comité Judicial de la Cámara de Representantes los documentos relaciones con las declaraciones que dio a la fiscalía especial de Robert Mueller. El argumento de la Casa Blanca es que esos documentos están “legalmente protegidos (…) porque implican la confidencialidad de significativos intereses de la rama ejecutiva y privilegio ejecutivo”.
En el comunicado que envió el consejero legal de la Casa Blanca Pat Cipollone a los congresistas se indica que “esos registros le fueron aportados al señor McGahn en conexión con su cooperación con la investigación de la fiscalía especial y con el claro entendimiento de que esos registros permanecerían bajo el control de la Casa Blanca para todo propósito”.
Los documentos referidos son 36 minutas o anotaciones que McGahn hizo de reuniones que sostuvo con Trump, en algunas de las cuales dice que el presidente le instruyó que pidiera al vicefiscal general Rod Rosenstein (en ese entonces jefe del fiscal especial) que despidiera Mueller. En otras notas posteriores, McGhan dice que Trump le pidió que mintiera y que negara las versiones de medios que en su momento dieron cuenta de ese esfuerzo por remover a Mueller.
Eso quedó recogido en el informe que Mueller presentó sobre el resultado de su trabajo de más de dos años investigando la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la posible (ahora no demostrada) coordinación con la campaña republicana de Trump.
La decisión sobre McGahn se suma a la negativa del fiscal general William Barr de testificar la semana pasada ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y de no aportar al el reporte completo de Mueller sin las ediciones que se hicieron a la versión hasta ahora conocida.
La estrategia del poder ejecutivo es ignorar las citaciones del Congreso, las que considera políticamente motivadas, e impedir que los demócratas puedan seguir escarbando más allá de los hallazgos del fiscal Mueller cuyo reporte indicó que no hubo colusión entre la campaña republicana y los rusos, pero que no exoneró al presidente en el intento de obstruir la justicia y afectar la investigación del fiscal especial.
¿Puede Trump hacer eso?
La Constitución dice que el Congreso tiene el papel de supervisión de los demás poderes públicos y para eso cuenta con el poder de emitir citaciones para que personas y organizaciones (incluyendo departamentos o agencias del gobierno federal) se presenten a declarar o entreguen documentación, aun en el caso de que no estén dispuestas a colaborar en sus investigaciones.
Y aunque ese poder ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia, no es la primera vez que el Ejecutivo y el Legislativo se traban en un pulso en el que se pone a prueba los límites que una rama del poder público tiene sobre otra. En parte porque estas disputas no son siempre estrictamente legales y hay mucho de posicionamiento político en ellas.
De acuerdo con un trabajo publicado en 2017 por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) -una agencia del parlamento que se encarga de asesorar en el diseño de políticas públicas- hay tres maneras en que el Congreso puede hacer cumplir a un citado renuente a cumplir con la solicitud que se le hace. Una es hacer uso de su propia autoridad y fuerza de policía para detener y encarcelar a la persona en desacato. Otra es solicitar al Departamento de Justicia que le abra un caso ante un Gran Jurado, que podría desembocar en una multa de $100,000 y hasta un año de prisión por una falta menor. La última es acudir directamente a una corte federal para que la persona sea legalmente obligada a comparecer.
Aunque en días pasados el presidente del Comité de Supervisión, Elijah Cummings, aseguró que “no habrá herramienta en nuestra caja que no debamos explorar” hay algunas limitaciones a la hora de ponerlas en práctica.
En el primer caso, el mismo CRS indica que no se ha usado desde los años 30, en parte porque es un proceso engorroso y que los congresistas han preferido optar por la vía legal para reforzar el poder de citaciones.
El problema es que para la segunda opción se requiere que el Departamento de Justicia acepte la solicitud del Legislativo y lleve el caso ante un Gran Jurado. Si tomamos en cuenta la posición del fiscal general Barr -muy alineada con la de la Casa Blanca, en contraste a la independencia tradicional con la que debería trabajar- es poco probable que este acepte armar un caso por desacato, que podría afectar al propio jefe del Departamento de Justicia.
Cualquier opción que se adopte abre la posibilidad de una larga batalla legal en la que el gobierno de Trump tratará de resistir las solicitudes del Congreso, poniendo a prueba los límites del “privilegio ejecutivo”, aunque eso es algo sobre las que las cortes ya han decidido.
Nixon, el emblema
Privilegio ejecutivo es el principio de que ciertas comunicaciones sensibles entre personal del poder ejecutivo gozan de protección y su divulgación pública no puede ser forzada por otras ramas del poder público (Congreso o Justicia) para no poner en riesgo temas confidenciales, potencialmente dañinos a la seguridad nacional.
El privilegio ejecutivo no está mencionado en la Constitución, pero se entiende como un principio básico de la separación de poderes. De hecho, su existencia fue reconocida en el caso de Estados Unidos vs. Nixon de 1974, con el que el fiscal especial que investigaba el caso Watergate quería forzar a que el presidente Richard Nixon entregara grabaciones secretas hechas en la Oficina Oval.
Aunque la pelea de la Casa Blanca era con otra rama del poder (su propio Departamento de Justicia) y no con el Congreso, la Corte Suprema certificó la existencia del privilegio en una decisión unánime, al tiempo que indicó que en ese caso particular el interés de la investigación estaba por encima de la prerrogativa de la presidencia a la confidencialidad y los materiales debían ser entregados a los investigadores.
Hasta ahora Trump no ha ejercido ese privilegio ejecutivo en el transcurso de la investigación de Mueller, pero sus asesores han indicado que podría hacerlo para resistir las investigaciones del Congreso.
Algunos expertos legales aseguran que la Casa Blanca no podría invocar de manera selectiva ese privilegio luego de haber permitido que McGahn y otros declarasen ante Mueller, y ahora impedirles que hablen del mismo tema con los investigadores del Congreso, por lo que consideran que de ser desafiado en cortes y estas fallarían a favor de los parlamentarios.
El caso Obama
El caso más reciente de invocación de privilegio ejecutivo ocurrió en 2012 cuando el presidente Barack Obama lo usó para impedir que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, entonces controlado por los republicanos, obtuviera documentos sobre la llamada Operación Rápido y Furioso, un malogrado plan del FBI para intentar desmantelar el tráfico de armas entre EEUU y México.
En junio de 2012, la Cámara Baja decretó al entonces fiscal general Eric Holder (uno de los citados) en desacato, en la primera acción de su tipo contra un funcionario de ese nivel en ejercicio. Además, el comité llevó el caso ante la corte de distrito de Washington DC para forzar que se le entregaran los documentos que pedía.
Casi cuatro años después, en enero de 2016, la corte rechazó el argumento de privilegio ejecutivo de Obama, pero ya el caso había perdido impulso en el nuevo Congreso, por lo que, para efectos prácticos, la Casa Blanca tuvo éxito en pelear la citación original.
El cálculo de Trump en este caso también parece ser político. Su estrategia garantiza un choque de poderes que amenaza con dominar la agenda para 2020, año electoral.
De llegar a las cortes, es previsible que el caso siga en disputa mucho más allá de la jornada electoral y con seguridad alimentará una narrativa que usará el presidente para denunciar el seguimiento de la “caza de brujas” que considera que fue la investigación de Mueller, ahora por medio de los parlamentarios.
Para los demócratas, el desafío de Trump puede ser un aliciente para abrirle un juicio político en la Cámara de Representantes (aunque no tenga perspectivas de éxito en el Senado), algo que ha tratado de controlar la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, quizá porque teme que podría apuntalar al presidente ante sus electores y presentar a los demócratas como “malos perdedores” empeñados en sacar al mandatario desde su primer día en la Casa Blanca.
