Las maniobras de aliados de Trump amenazan la independencia del Departamento de Justicia
Pam Bondi había insistido en su audiencia de confirmación en el Senado en que, como fiscal general, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) no “jugaría a la política”. Sin embargo, en el mes transcurrido desde el inicio de la istración de Donald Trump, varias acciones han generado preocupación de que el departamento está haciendo exactamente eso.
Altos funcionarios han exigido los nombres de miles de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que investigaron el asalto al Capitolio, demandaron a un fiscal general estatal que ganó un veredicto de fraude masivo contra Trump antes de las elecciones de 2024 y ordenaron la desestimación del caso penal contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams argumentando que perjudicaba la capacidad del demócrata para apoyar la lucha de la actual istración contra la inmigración ilegal.
Incluso para un departamento que ha tenido su cuota de escándalos, estos movimientos recientes han ocasionado una agitación no vista en décadas, han puesto a prueba su independencia y han sacudido los cimientos de una institución que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de guiarse únicamente por los hechos, las pruebas y la ley.
A medida que aumentan los despidos y las dimisiones, el malestar plantea la cuestión de si un presidente que se enfureció contra su propio Departamento de Justicia durante su primer mandato puede conseguir doblegarlo a su voluntad en el segundo.
“Hemos visto ahora una crueldad punitiva que la dirección en funciones del departamento y la fiscal general están llevando a cabo para someter esencialmente a los trabajadores a los deseos y exigencias de la istración, incluso cuando es obvio” que algunas de las decisiones tienen todos los indicios “de corromper el sistema de justicia penal”, dijo el fiscal federal retirado David Laufman, un alto funcionario del departamento a lo largo de istraciones de los dos principales partidos.
La polémica por la exigencia de poner fin al caso contra Eric Adams en Nueva York
Laufman habló poco después de que la principal fiscal federal de Manhattan, Danielle Sassoon, dimitiera en señal de protesta por una orden de Emil Bove, el fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia, de desestimar el caso contra Adams.
En una carta que presagiaba su decisión, Sassoon acusó al Departamento de acceder a un “ quid pro quo": abandonar el caso para asegurarse la ayuda de Adams con la agenda de inmigración de Trump.
Aunque demócrata, Adams se había mostrado durante meses dispuesto a ayudar a la istración en la mayor ciudad de Estados Unidos, e incluso se había reunido en privado con Trump en Florida pocos días antes de que el republicano asumiera el cargo.
Varios altos funcionarios que supervisaban la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, que persigue los casos de corrupción, se unieron a Sassoon en su dimisión.
El viernes, un fiscal implicado en el caso Adams, Hagan Scotten, se convirtió en al menos la séptima persona que dimite en el enfrentamiento, diciendo a Bove en una carta que haría falta ser un “tonto” o un “cobarde” para cumplir su petición de retirar los cargos.
Bove y los abogados de su departamento en Washington presentaron finalmente el viernes por la noche la documentación para poner fin al caso.
Aunque las circunstancias son significativamente diferentes, la oleada de dimisiones evocó recuerdos de la ‘Masacre del sábado por la noche’ de 1973, cuando varios dirigentes del Departamento de Justicia dimitieron en lugar de cumplir las órdenes del presidente Richard Nixon de despedir al fiscal especial del caso Watergate.
“Aunque no haya más dimisiones, se ha enviado un mensaje claro sobre los objetivos y las expectativas del departamento”, dijo Alberto Gonzales, quien fue fiscal general del presidente republicano George W. Bush hasta su dimisión en 2007 tras el despido de varios fiscales federales.
“El propósito del departamento es garantizar que se cumplan nuestras leyes, que se persiga y castigue a quienes cometen delitos”, dijo Gonzales. Y a algunos les puede parecer “que si tienes algún tipo de relación con la Casa Blanca, puede que no haya consecuencias por hacer algo por lo que sí serían castigados los estadounidenses ordinarios con una conducta similar”, acotó.
Bove, exfiscal federal de Nueva York que representó a Trump en sus causas penales, no hizo ninguna valoración sobre los méritos jurídicos del caso contra Adams. Bove citó razones políticas, como el momento en que se presentaron los cargos, meses antes de la presunta campaña de reelección de Adams, y las restricciones que el caso había impuesto a la capacidad del alcalde para luchar contra la inmigración ilegal y la delincuencia violenta.
En una carta a Sassoon, Bove dijo que los fiscales del caso se someterían a investigaciones internas.
Pam Bondi defiende sus decisiones frente al Departamento de Justicia
Bondi defendió la decisión de archivar el caso, afirmando en una entrevista en Fox News el viernes que Adams se convirtió en objetivo después de que criticara las políticas de inmigración de la istración del expresidente Joe Biden. Su jefe de gabinete, Chad Mizelle, dijo que los fiscales que rechazaron la orden que buscaba poner fin al caso “no tienen lugar en el DOJ”.
“La decisión de desestimar la acusación contra Eric Adams es una indicación más de que este DOJ volverá a su función principal de procesar a criminales peligrosos, no a cacerías de brujas con motivaciones políticas”, dijo Mizelle en un comunicado en el que acusó a los fiscales, sin brindar pruebas, de tener “motivos ocultos”.
En la Casa Blanca el viernes, Trump dijo que “no estaba involucrado” en el caso Adams y que no sabía “nada” al respecto.
La polémica por el caso de Adams en Nueva York sigue a una disputa separada entre Bove y la dirección en funciones del FBI. Bove pidió una lista de agentes involucrados en las investigaciones de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio para que el Departamento de Justicia pudiera determinar si se justificaba alguna potencial medida respecto al futuro de esos agentes en sus cargos. Ese pedido fue considerado por algunos como el presagio de posibles despidos masivos y como una extensión de la furia de Trump hacia casos criminales, que echó por tierra con indultos poco después de su toma de posesión.
Bove catalogó la resistencia del director interino del FBI a su directiva como un acto de “insubordinación” y dijo que los agentes que “simplemente hubiesen seguido” órdenes en las investigaciones del asalto al Capitolio no perderían su trabajo. Los que hubiesen actuado con una supuesta “intención partidista” sí estaban en riesgo, agregó.
Durante la istración de Joe Biden, Trump y sus aliados insistieron en que el Departamento de Justicia se había convertido en un “arma” contra los conservadores y contra él en particular, citando las acusaciones que posteriormente fueron desestimadas cuando Trump recuperó la Presidencia en las elecciones de noviembre.
En su primer día en el cargo, Bondi anunció la creación de un “grupo de trabajo” para evaluar a los fiscales que presentaron casos penales y civiles contra Trump, y los procesamientos del 6 de enero. Escribió en un memorando que el departamento “debía tomar medidas inmediatas y atrasadas para restaurar la integridad y la credibilidad” y para asegurar que el personal estaba “listo y dispuesto” a implementar la agenda del presidente.
El grupo, en particular, no fue encargado de examinar otros asuntos políticamente sensibles más favorables a Trump, incluyendo la investigación de un fiscal especial sobre el manejo de información clasificada por parte del presidente demócrata Biden o el enjuiciamiento de su hijo Hunter, que fue condenado por cargos de armas e impuestos antes de recibir un indulto de su padre en diciembre.
Entre los fiscales señalados por el grupo de trabajo estaba el fiscal especial Jack Smith, que presentó dos causas penales contra Trump, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya demanda civil por fraude contra Trump concluyó con una sentencia de casi 500 millones de dólares.
James, blanco frecuente de las críticas de Trump, estuvo nuevamente en el centro de la noticia cuando Bondi, en su primera rueda de prensa, anunció una demanda contra el estado de Nueva York por una ley que permite obtener la licencia de conducir a personas que podrían no estar legalmente en Estados Unidos. Bondi comenzó su intervención diciendo que había “presentado cargos” contra James y la gobernadora demócrata Kathy Hochul, antes de aclarar más tarde que se refería a una demanda.
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