El caso de Kilmar Abrego es sobre derechos individuales y no política exterior, como dice Trump
Funcionarios de la istración de Donald Trump han afirmado repetidamente que los jueces que ordenan al gobierno tomar medidas para traer de regreso a venezolanos deportados desde la prisión en El Salvador donde Estados Unidos los envió están interfiriendo en la conducción de la política exterior.
“La política exterior de Estados Unidos la conduce el presidente Donald J. Trump —no un tribunal— y ningún tribunal en Estados Unidos tiene derecho a conducir la política exterior del país,” dijo el secretario de Estado, Marco Rubio el 14 de abril.
Sus comentarios hacen referencia a casos como el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño de 29 años que fue deportado a El Salvador el 15 de marzo de 2025, sin ningún proceso legal. La istración Trump dice que no lo traerá de regreso a Estados Unidos, a pesar de una orden de la Corte Suprema que exige facilitar su retorno.
Un periodista le preguntó a Rubio el 30 de abril si ha estado en o con El Salvador respecto a la posible liberación de Abrego García de una prisión de máxima seguridad en ese país.
“Bueno, nunca te diría eso, y ¿sabes a quién más nunca se lo diría? A un juez. Porque la conducción de nuestra política exterior le corresponde al presidente,” respondió Rubio.
Rubio reiteró su postura el 14 de abril en X, escribiendo: “Ningún tribunal en Estados Unidos tiene derecho a conducir la política exterior del país. Es así de simple. Fin de la historia.”
Los casos legales de Abrego García y de otros no ciudadanos deportados a El Salvador están lejos de ser simples. Chimène Keitner, experta en derecho internacional y litigios civiles, responde algunas preguntas clave sobre el poder que realmente tienen los jueces estadounidenses en estos casos de deportación indebida.
¿Se trata realmente de política exterior o de otra cosa?
Estos casos de deportación indebida no se centran principalmente en la política exterior, a pesar de lo que han dicho funcionarios de Trump; se trata de la protección de los derechos individuales, incluido el derecho al debido proceso.
La istración de Trump argumenta que los tribunales no pueden intervenir legalmente en casos de personas que impugnan su deportación y detención si han sido enviadas a otro país y encarceladas allí. Bajo ese argumento, incluso un ciudadano estadounidense detenido y deportado erróneamente no tendría recurso. Según mi entendimiento, eso no puede ser correcto.
En Reid v. Covert, un caso fundamental de 1957, la Corte Suprema dejó en claro que el gobierno no puede privar a ciudadanos estadounidenses de su derecho al debido proceso mediante un acuerdo con un país extranjero.
Actualmente, no ciudadanos están siendo detenidos en El Salvador bajo acuerdos alcanzados entre Rubio y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en febrero de 2025.
Hasta ahora, dichos acuerdos no se han revelado al Congreso, lo que posiblemente viole la ley estadounidense. Tampoco se han revelado a los tribunales que han solicitado información al respecto.
Tras un viaje en abril a El Salvador, el senador estadounidense, Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, dijo que Estados Unidos pagará a El Salvador 15 millones de dólares para encarcelar a los no ciudadanos deportados y que El Salvador los mantiene detenidos únicamente porque Estados Unidos. está pagando por ello.
¿Qué otros elementos importantes deben considerarse en estos casos?
La istración Trump sostiene que ni un juez ni la Corte Suprema pueden ordenar el regreso de no ciudadanos a Estados Unidos, ya que las operaciones de detención en El Salvador —un país soberano— están fuera del alcance de los tribunales estadounidenses.
Sin embargo, las decisiones de Estados Unidos de arrestar, detener y deportar a no ciudadanos a El Salvador, y de pagar por su encarcelamiento con fondos de los contribuyentes, no son decisiones de política exterior inmunes al control judicial.
Son, argumentaría yo, privaciones gubernamentales del derecho individual al debido proceso.
Un tribunal estadounidense no tiene poder sobre el gobierno de El Salvador. Sin embargo, puede ordenar al gobierno estadounidense que solicite el retorno de una persona. La Corte Suprema ya ordenó al gobierno “facilitar” el retorno de Abrego García.
El gobierno ha argumentado que “facilitar” en este contexto solo requiere eliminar los obstáculos legales internos. No obstante, dado que Abrego García está detenido en El Salvador, cualquier remedio efectivo requeriría que el gobierno de Estados Unidos solicite su regreso bajo el acuerdo de detención entre ambos países.
Otro juez federal dejó esto claro en una orden emitida en abril, exigiendo al gobierno hacer una “solicitud de buena fe” a El Salvador para liberar a otro joven de 20 años deportado erróneamente.
Mientras tanto, Trump ha declarado que su istración está explorando la posibilidad de ampliar el acuerdo de detención con El Salvador para incluir a ciudadanos estadounidenses. Los jueces ya han expresado su preocupación por el hecho de que ciudadanos estadounidenses, incluidos niños, estén siendo expulsados del país “sin ningún proceso significativo”.
Estas acciones no pueden quedar protegidas del escrutinio judicial simplemente por involucrar la política exterior.
¿Puede la istración Trump argumentar legítimamente que los jueces no tienen competencia en decisiones de política exterior?
La constitución otorga poderes en asuntos exteriores tanto al poder ejecutivo como al legislativo. Los jueces no pueden conducir la política exterior, pero sí pueden fallar en casos que puedan afectarla, especialmente cuando están en juego los derechos individuales.
El hecho de que otro país esté involucrado en un caso no impide que los tribunales estadounidenses protejan derechos individuales.
¿Se pueden hacer cumplir las órdenes judiciales para traer de regreso a personas deportadas indebidamente?
La istración de Trump intenta presentar a los jueces como promotores de la “ilegalidad” con estas órdenes, en palabras del jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller. Pero yo argumentaría lo contrario. Si la Casa Blanca no está de acuerdo con una orden de un tribunal de distrito o de apelaciones, puede solicitar una revisión por parte de la Corte Suprema. Mientras tanto, está obligada a cumplir con las órdenes de los tribunales inferiores, salvo que se otorgue una suspensión de su aplicación.
Los tribunales pueden rechazar la afirmación de que el poder ejecutivo puede actuar sin límites legislativos o judiciales, emitiendo órdenes contundentes e incluso declarando a funcionarios en desacato. Sin embargo, al final del día, solo el Congreso tiene la facultad de destituir a un presidente que se niegue a cumplir la ley.
* Chimene Keitner es profesora de Derecho en la University of California, Davis.
Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.
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