Las cosas que me gustan en las metas de negociación del TLCAN que Estados Unidos hizo públicas
El lunes pasado Estados Unidos hizo públicas sus metas de negociación para los intercambios con México y Canadá para revisar el TLCAN. Aunque el documento de 17 páginas es denso, se pueden desprender de algunas conclusiones iniciales.
No quisiera entrar en la discusión, un poco ociosa por el momento, de si las demandas estadounidenses son buenas o malas para México, excesivas o insignificantes, esperadas o imprevistas.
Prefiero comentar lo que me gusta del planteamiento. Por el momento, subrayo dos puntos interesantes y bienvenidos, y un tercero, aún ausente.
Empiezo con la referencia salarial incluida en la demanda de incorporar los acuerdos paralelos de 1993 al núcleo del Tratado y de darles mayores dientes y detalle a los temas laborales. Para ir al grano, si la única manera de elevar los salarios en México es porque Estados Unidos nos lo exige como condición para permitir que los productos mexicanos sigan entrando al mercado más grande del mundo sin aranceles, así sea.
No sé si esa sea la mejor manera de aumentar el ingreso de los trabajadores mexicanos. No es seguro incluso que se pueda hacer. Pero si las demandas laborales en materia de sindicatos, libres de cumplimiento de normas internacionales (OIT) y de salarios decentes se acompañan de consecuencias reales o “dientes” en caso de incumplimiento, bienvenidas sean.
Segunda consideración, ya planteada por varios colegas, en particular por Leo Zuckermann. Me refiero a la inclusión de un capítulo sobre corrupción en el Tratado, a petición de Estados Unidos. De nuevo, le doy la bienvenida, ya que me he convencido desde hace tiempo que no vamos a acotar la corrupción en México sin apoyo internacional.
Como ese no parece poder provenir de la ONU, de la OCDE, ni de otras organizaciones multilaterales, pues que se origine entonces en un acuerdo bi o trilateral con Estados Unidos y Canadá. No creo que haya de otra.
Preferiría que el Tratado incluyera una especie de espejo de la Foreign Corrupt Practices Act o Ley contra las Prácticas corruptas en el Extranjero de Estados Unidos; y todavía es posible que así suceda. La FA es una ley hasta cierto punto draconiana que se ha violado muchas veces desde que se promulgó en los años 70, pero que tiene el mérito de infundirle temores innegables a empresas estadounidenses que operan en el mundo, corrompiendo a funcionarios desde tiempos inmemoriales. Quizás el escándalo más reciente en México fue el de Walmart, denunciado por el New York Times hace pocos años.
Mi tercera reflexión se dirige a una ausencia en el documento estadounidense pero que podría pertenecer al mexicano: una cláusula de derechos humanos para los tres países.
No tiene nada de malo que se mezcle el libre comercio con los derechos humanos; probablemente sea la forma más eficaz de obligar a un mayor respeto por estos derechos y limitar sus violaciones.
Solemos molestarnos cuando el Departamento de Estado denuncia violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Preguntamos ¿quiénes son ellos para juzgarnos? Pues si incluimos el tema en un acuerdo entre los tres países, ellos serán lo mismo que nosotros y los canadienses: partes de un convenio libremente consentido en donde tres países se comprometen a respetar determinadas normas de derechos humanos.
Hacerlo le serviría doblemente a México: En primer lugar, nos permitiría invocar el tratado a propósito del maltrato a los mexicanos en Estados Unidos. Segundo, fungiría como ancla internacional para reducir las gravísimas violaciones a los derechos humanos en México, que hemos todos atestiguado desde 2007.
Ojalá Canadá, un país con una vieja tradición de defensa de los derechos humanos en ámbitos internacionales, lo proponga; ojalá México lo sugiera; y ojalá algunos sectores en Estados Unidos, que por distintas razones no lo han planteado, ahora sí lo hagan.
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