"Nos están torturando al no saber nada de nuestra familia": padre de Ayotzinapa
Por Luz Adriana Santacruz Carrillo @luza_santacruz desde la Ciudad de México
Camina con la mirada hundida, como si estuviera muerto en vida. Todos los días, antes de salir de su casa, ve la foto donde su hijo Christian, vestido todo de blanco, baila un zapateado con una de sus amigas en una fiesta en Tixtla, Guerrero. La imagen es la favorita de don Clemente Rodríguez, padre de este joven desaparecido de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, del que aún no se sabe nada y que forma parte del grupo de 41 estudiantes, de 43, cuyo destino final falta por descifrar.
Christian desapareció la noche del 26 de septiembre de 2014 junto a 42 de sus compañeros que fueron detenidos por la policía de Iguala y entregados a integrantes del cártel de Guerreros Unidos. La fiscalía dijo en noviembre de 2014 que los sicarios los incineraron en el basurero de la ciudad de Cocula y que el ataque había ocurrido por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca.
Clemente dice, con la voz cortada, que desde aquel día no encuentra paz. Los rumores y las diferentes versiones de lo que pudo haber ocurrido con su hijo y sus compañeros, lo consumen día con día, sin saber con certeza si alguien le dice la verdad.
Las autoridades tampoco le han aliviado. A un año de la desaparición del grupo, sólo dos cuerpos han sido identificados: el de Alexander Mora, de 21 años, cuyos restos fueron certificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en diciembre del 2014 y el de Jhosivani Guerrero de la Cruz, reconocido el 16 de septiembre de 2015 por científicos de la Universidad de Innsbruk, en Austria.
En el caso de Jhosivani, un fragmento óseo de 12 centímetros al que le hicieron un análisis mitocondrial de ADN dio positivo al compararlo con la prueba hecha a su madre, Martina de la Cruz. La noticia cayó como pólvora: para la Fiscalía fue una manera de ratificar su cuestionada versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula; mientras que para los familiares de las víctimas sembró una duda mayor sobre el destino de los 41 estudiantes restantes.
Sin embargo, ni las autoridades ni los expertos cuentan con mayores pruebas o indicios que analizar. En su poder tienen prendas, una bolsa de basura con huesos, dientes, cenizas y otros objetos que las autoridades no han especificado pero que argumentan, pertenecen a los normalistas, aunque no se ha comprobado.
Los especialistas tanto de Austria como de Argentina iten que es casi imposible extraer información genética de las muestras, tan deterioradas por el fuego.
Para los padres, el hecho de que la mayoría de los huesos recuperados en el vertedero de Cocula no hayan servido para las pruebas genéticas aumenta sus dudas y su desconfianza. Y también la esperanza de que el destino de sus hijos haya sido otro. Los quieren vivos.
“El hueso de Alexander Mora es un fragmento que la policía implantó. Nuestros vecinos, cuando fueron al basurero de Cocula y buscaron, encontraron huesos de animales, de vaca, de pollo”, asegura Clemente Rodríguez a Univision Noticias.
A principios de septiembre de este año, un Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio la razón a los padres y a toda la comunidad de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: era imposible que un grupo tan grande de personas fuera quemado durante 14 horas a fuerza de leña, llantas y plástico, que supuestamente iban arrojando los sicarios, turnándose por guardias, como lo aseguró la Procuraduría General de la República (PGR).
Los resultados del grupo de la CIDH se basaron en el peritaje que hizo José Torero, un reconocido especialista en incendios, que indicó que no había evidencia de que los jóvenes hubieran sido quemados en el basurero de Cocula.
Para Clemente este vuelco significó una nueva esperanza de encontrar la verdad que nadie le ha dado: “No están muertos. Hay muchos rumores de que están trabajando con el narco en la sierra. Faltan 41 pero nosotros siempre hemos luchado por 43. Nada más estamos a las vivas de lo que diga el gobierno porque es engaño tras engaño. Nos tienen en puras reuniones pero que ya de una vez por todas que Peña Nieto [el presidente de México] tenga los pantalones para decirnos en dónde están”, exige.
Algunos investigadores independientes al GIEI, entrevistados por medios de comunicación mexicanos, rechazaban el informe y afirmaban que los estudiantes sí podían haber sido quemados en el lugar.
Sin embargo, los padres y los defensores de Ayotzinapa solo le han dado toda su confianza a los expertos de la CIDH.
“Una de las cosas más trágicas en la desaparición forzada es justamente no saber qué fue lo que pasó. Eso se convierte en una violación a los derechos humanos de los familiares y de los amigos de las víctimas. Se viola su integridad personal por el sufrimiento que están pasando y esto no va a cesar hasta que no se sepa qué ocurrió con sus seres queridos”, explica a Univision Noticias Sandra Serrano, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y especialista en derechos humanos.
Al igual que Clemente, Bernabé Abrajan, padre de Adán Abrajan de la Cruz, de 20 años, otro de los 41 de los que no se tiene ni rastro, está frustrado porque dice, la policía no les sirva de nada: “Es muy doloroso porque la separación de un hijo es algo muy difícil. Pero lo vamos a encontrar. Aunque seamos campesinos, nos propusimos que vamos a seguir con las exigencias. Nos están torturando al no saber nada de nuestra familia pero vamos a luchar caiga quien caiga”, jura ante Univision Noticias.
En un su reporte, el grupo de expertos de la CIDH también detectó varias contradicciones en los testimonios: algunos de los primeros detenidos declararon a las autoridades del estado que ejecutaron a los estudiantes y los enterraron en Iguala. La fiscalía misma desechó esta versión.
“Es un informe que de inicio abre muchos caminos, muchas rutas y hay que seguirlas para obtener la verdad y la justicia. Se basaron en testimonios que nosotros les proporcionamos, en los expedientes de la PGR. No son opiniones, son pruebas objetivas”, explica a Univision Noticias el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales.
La aparición de un quinto autobús, que las autoridades descartaron en su informe, donde solo hablaban de cuatro autobuses tomados por los estudiantes, y la hipótesis de que su existencia se habría ocultado ante la posibilidad de que éste estuviese cargado de droga, le dio un giro inesperado al caso. Entre los mexicanos, esto despertó un sentimiento de mayor descontento y rechazo hacia la investigación oficial, cuando parecía que el tema de Ayotzinapa estaba enterrado.
“Hay una enorme polarización de la opinión pública. El caso pone en cuestionamiento no solo a las formas del gobierno sino también a las instituciones estatales y federales y hasta a la figura presidencial. Es lamentable que aún no tengamos la certidumbre de cómo sucedieron los hechos”, sostiene Manuel González, especialista en psicología política de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Para el abogado de los familiares, es lógico que sus clientes estén en este punto de ebullición: “Mientras no haya prueba irrefutable de lo contrario, creemos que están vivos y así los vamos a seguir buscando. ¿En dónde están? Eso es parte de la investigación. Tenemos varias pautas pero no tenemos el dato exacto de dónde puedan estar, eso le corresponde a las autoridades determinar”, explica a Univision Noticias desde Guerrero.
“No más mentiras sobre Ayotzinapa”
Omar García vivió la tragedia en carne propia. Este joven sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre salvó su vida por una jugarreta del destino: los policías que los detuvieron llegaron en siete patrullas donde solo cabían 43 estudiantes. Omar, que era el número 44, no cupo.
Ante el caos de la investigación, Omar no se ha cruzado de brazos un solo día. Combate su causa con cada palabra, cada protesta, cada acusación. Junto al grupo de padres, olfatea, busca, indaga.
“[Con los padres] fuimos a visitar Iguala, las zonas de los alrededores. Vivimos en el estado de Guerrero y tenemos gente conocida en todos los lugares, maestros, egresados, amigos por todas partes. La escuela tiene relaciones por todos lados y hay muchas versiones de que ahí [en Cocula] no había ocurrido nada como la PGR ha querido mostrar”, explica con tono desafiante.
Omar y los familiares de sus compañeros desaparecidos han ido a buscarlos a los cerros, a las cercanías de Huitzuco, una ciudad que se encuentra en los alrededores de Iguala y a la sierra de Tlacotepec, a 70 millas de Chilpancingo. Pero hasta ahora sus esfuerzos no han tenido recompensa.
Comenta Omar que incluso hicieron un pacto con Jesús Murillo Karam, ahora exprocurador, y con el secretario de gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para que a todas las búsquedas oficiales con los gendarmes y la policía fuese siempre un padre de familia o un estudiante. Ellos mismos quieren cerciorarse de que se están revisando todas las áreas.
Su reclamo es que nunca se han internado en los bosques, en las cuevas. “Nunca se han bajado de sus autos, no entraban a las casas, a las iglesias abandonadas con el argumento de que no llevaban una orden de cateo. Sus instrumentos de búsqueda son muy rudimentarios, a veces llevaban un pico o una pala como si fuéramos a buscar fosas clandestinas. Siempre dijimos que por qué buscarlos muertos, que los buscaran vivos”.
Una de sus primeras grandes decepciones, cuenta Omar, fue cuando antes de hallar los restos de Cocula, las autoridades descubrieron 11 fosas clandestinas con 38 cadáveres, parte de ellos calcinados. Dijeron que eran los 43 de Ayotzinapa pero las pruebas de ADN confirmaron después que no se trataba de los estudiantes.
“El 5 y 6 de octubre en la PGR quisieron entregarnos 38 cuerpos. Si nosotros no hubiéramos contado con los antropólogos argentinos, seguramente hubiéramos enterrado esos cuerpos creyendo que eran nuestros compañeros”, explica Omar.
Un México en ebullición
Desde que comenzó esta crisis, 111 personas han sido detenidas y se ha demostrado que las autoridades municipales y policiales de al menos 15 municipios de Guerrero tienen vínculos con el crimen organizado. El último en caer fue Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, integrante de la organización criminal Guerreros Unidos y uno de los principales responsables de la agresión a los normalistas.
“Ha sido un año de pocas certezas, de poca justicia, de poca verdad, de mucho sufrimiento para los padres. La autoridad ventila informaciones cuando no tiene certezas de los hechos. Eso denota que hay mayor interés político que por hacer justicia”, señala Vidulfo Rosales.
Ni los pocos avances sobre el paradero de los 41 que faltan y ni las detenciones han logrado calmar las ansias de México respecto a este caso, que muchos comparan con el ataque contra el Movimiento Estudiantil de 1968, ocurrido durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), donde cientos de jóvenes fueron asesinados por militares y policías encubiertos.
Los expertos en derechos humanos coinciden que este caso de desaparición forzada es un parteaguas para México: la gente ha tomado las calles, no sólo en el DF, sino en varios estados del país y su grito de justicia ha llegado a lugares como Francia y Argentina, donde ha habido marchas y protestas masivas en apoyo a los 43.
“Se trata de estudiantes, se rompe con el discurso que había manejado el gobierno de que las personas son violentadas o asesinadas porque están en medio de la guerra del narcotráfico, porque son delincuentes o porque son ajustes de cuentas del crimen organizado. Ayotzinapa no hace más que desmantelar todo este discurso oficial”, explica Denise González, especialista en derechos internacionales y coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México.
“Esta tragedia me ha cambiado mucho. Y no solo a mí: a los padres, a todos los muchachos que sobrevivieron al ataque, pues ya no son como antes, viven con miedo”, dice a Felipe de la Cruz, vocero de las víctimas de Ayotzinapa.
