¿En qué está la investigación de la masacre mexicana de Allende, en la que mataron a 300 personas?
A poco más de cinco años de la masacre cometida por Los Zetas en Allende, Coahuila, las investigaciones a cargo del gobierno estatal de uno de los peores atentados en la historia de México, han arrojado escasos resultados y aún siguen abiertas.
En entrevista con Univision Investiga el procurador del estado de Coahuila, Homero Ramos, itió que las indagaciones aún no concluyen y que solo han sido encontrados los restos de 28 de las personas que fueron secuestradas en marzo del 2011 por Los Zetas, uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México.
Aunque testigos de los hechos ocurridos en Allende relatan que un comando armado de Los Zetas tomó el municipio para secuestrar y asesinar a más de 300 habitantes, además de que destruyeron decenas de casas, el procurador dijo que el gobierno estatal solo reconoce la desaparición de 54 personas, de las que solo la mitad tienen certeza de quiénes son. “Han sido 28 que han sido reconocidos judicialmente y que están en conocimiento las familias del caso, que ya están plenamente identificadas”, detalló.
Al cuestionarle sobre la diferencia entre las cifras de desaparecidos en Allende oficiales y de testigos, el funcionario insistió en que la violencia de Los Zetas pudiera haber desplazado a alrededor de 300 personas del municipio, de 22,000 habitantes. Solo 54 habrían sido asesinadas, según sus investigaciones.
“La investigación sigue abierta en base a estas 28 personas que ya han sido referenciadas ministerialmente, no quiere decir que sean las únicas”, dijo Ramos.
Por estos hechos 17 personas han sido detenidas, ocho de ellas de Los Zetas y el resto policías municipales, añadió el procurador. Ningún funcionario de alto nivel ha sido detenido por el caso.
Los vecinos entrevistados por Univision Investiga acusaron al exalcalde de Allende, Sergio Lozano, de haber permitido que Los Zetas tomaran el pueblo. Afirmaron que una de las casas destruidas por el grupo criminal está ubicada enfrente a la de Lozano. Sin embargo, Ramos dijo que hasta ahora la procuraduría solo ha llamado a declarar al exfuncionario.
“Ya tenemos la declaración del alcalde. Evidentemente seguimos investigando. Las etapas subsecuentes nos darán otro tipo de razón jurídica para ir actuando en consecuencia. No quiero adelantar alguna imputación de ninguna naturaleza”, afirmó el procurador.
A la pregunta de por qué no hay un solo funcionario de alto nivel detenido por permitir la operación de Los Zetas con total libertad en Coahuila, Ramos respondió que aún se investigan los hechos y que el gobierno podría girar más ordenes de aprehensión.
Durante al menos tres años Los Zetas convirtieron el penal del municipio de Piedras Negras, al norte de Coahuila, en su centro de operaciones. De acuerdo con cifras de la procuraduría durante este periodo fueron asesinadas al menos 150 víctimas en el reclusorio.
También del cártel ensamblaban vehículos que luego cargaban con droga para introducirlos a Eagle , en Texas.
Hasta ahora, apuntó el procurador, solo han sido identificadas 17 de las personas asesinadas en el penal. Solo siete personas han sido detenidas por los hechos del reclusorio, dos de ellas de cargos directivos.
Según Ramos, la situación del penal ahora está totalmente controlada. “No solamente en la infraestructura sino también los controles a los que están sujetos los reos”, agregó.
Los negocios de Los Zetas en Coahuila
Luego de que testigos protegidos declararan durante el juicio en una corte federal en San Antonio en contra del exlíder de Los Zetas en el norte de Coahuila Marciano Millán Vázquez “El Chano”, quedaron al descubierto detalles poco conocidos de las operaciones financieras de este cártel. Dos testigos declararon haber presenciado entregas de dinero en efectivo al exgobernador Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual gobernador.
Sobre estas aseveraciones, el procurador dijo que el gobierno coahuilense pidió a las autoridades de Estados Unidos tener al expediente del caso en contra de Millán, para conocer los detalles de los dichos de ambos testigos y eventualmente interrogarlos.
Sin embargo, Ramos comentó que hasta ahora no hay ninguna investigación abierta en contra del exgobernador ni del actual mandatario a raíz de las testificaciones. “No, no hay ninguna investigación abierta porque no hay ningún señalamiento que haya permitido la apertura de una averiguación o de una carpeta de investigación”, enfatizó.
El procurador cuestionó incluso el interés de los testigos para rendir las declaraciones. “Llama la atención de que en un juicio en Texas se le dé entrada a testigos protegidos que evidentemente tienen a través de estos testimonios alguna cuestión de solvencia en otras sentencias que ellos están participando, y que se haya tomado la opinión pública la oportunidad de hacerlo del conocimiento de todos”, apuntó.
El funcionario agregó, no obstante, que si las autoridades estadounidenses fincan imputaciones en contra de Humberto Moreira, colaborarían con las investigaciones.
“Cuando suceda, lo que tenga que ser de cualquier cuestión relacionada con juicios norteamericanos que soliciten intervención por los medios procedentes a nivel consular y nos soliciten a nosotros la participación, lo haremos, por supuesto”, declaró.
Sobre la existencia de empresas operadas por Los Zetas en Coahuila, también reveladas en los juicios en Texas, Ramos respondió que las autoridades estatales tienen identificadas una serie de compañías ligadas con el cártel en el estado, aunque declinó ampliar detalles sobre éstas.
“Tenemos ya una relación [de empresas]”, dijo. “No le puedo decir el número aproximado porque algunas son subsidiarias, pero ya tenemos algunas empresas referenciadas”.
Humberto Moreira, exonerado
En los últimos años el exgobernador Humberto Moreira ha tenido que afrontar señalamiento de haber utilizado prestanombres para desviar recursos del erario de Coahuila para su uso personal. El procurador estatal respondió que no hay evidencia que apunte en ese sentido.
“Hasta ahorita de los peritajes contables no hay ninguna cuestión que nos permita ubicar alguna situación ilegal de depósitos o de manejo de dinero hacia cuentas extraordinarias o hacia personas que no hayan sido debidamente cumplimentadas”, declaró.
Ramos dijo que el gobierno coahuilense busca tener al expediente judicial conformado por las autoridades norteamericanas en contra del empresario de telecomunicaciones Rolando González Treviño, quien se declaró culpable de formar parte de una conspiración en la que habría participado el exgobernador Moreira para robar dinero del erario de Coahuila.
“En el caso de Rolando González, lo mismo, nosotros tenemos una averiguación previa abierta, el procedimiento no se ha terminado”, expresó.
El procurador agregó que aún hay una orden de aprehensión vigente en contra de Javier Villarreal, extesorero de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira. Villarreal enfrenta un juicio en la una corte federal de San Antonio por lavado de dinero, que presuntamente robó del erario de Coahuila.
Ramos comentó que el gobierno continúa las investigaciones por la contratación ilegal de miles de millones de pesos de deuda pública durante la gestión de Humberto Moreira y de la que el principal operador habría sido Villarreal.
“Hay una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar que ya está en conocimiento de las autoridades norteamericanas y que será cumplimentada cuando él termine su proceso”, declaró.