Senadores urgen aprobar fondos para financiar representación legal de indocumentados
Un grupo de senadores demócratas urgió al liderazgo de la Cámara Alta que incluya fondos en el presupuesto de asignaciones del Departamento de Justicia para el año fiscal 2022, para financiar representación legal a inmigrantes en proceso de deportación.
Liderados por la legisladora Kirsten Gillibrand (demócrata por Nueva York), el grupo integrado por 19 senadores hizo la petición por medio de una carta dirigida al liderazgo del Comité de Apropiaciones de la Cámara Alta.
En la misiva los senadores respaldan “los $50 millones incluidos actualmente en el proyecto de ley de asignaciones de la Cámara de Representantes”, y aseguran que los recursos “ayudarán a expandir programas federales “que brindan representación legal para miles de inmigrantes indigentes, solicitantes de asilo, familias y otras personas que enfrentan procesos de deportación cada año sin el consejo de un abogado”.
En la actualidad el gobierno federal no garantiza asesoría legal para las personas en proceso de deportación.
Un informe publicado por el Centro de Información y a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, dio a conocer que 72,000 casos relacionados con familias solicitantes de asilo bajo una nueva iniciativa diseñada por el gobierno conocida como “Dedicated Docket (DD)” entre mayo y diciembre del año pasado, 1,557 habían recibido una orden de deportación tras perder sus casos.
De ellos, sólo 75 casos, equivalente al 4.7%, tenían representación legal, agrega el informe.
Los argumentos
Los firmantes de la carta previenen que sin asesoría legal “es casi imposible para las personas que se enfrentan a la deportación, que a menudo no hablan inglés, entiendan el sistema de inmigración o cómo solicitar ayuda humanitaria y otras ayudas legales disponibles”.
Los senadores señalaron además que “las personas detenidas durante los procedimientos de deportación tienen 10,5 veces más probabilidades de éxito en sus casos cuando están representados por un abopgado. Y que un 81% de los extranjeros que acudieron a una audiencia de inmigración entre 2001 a 2021 (casi 1.3 millones) se enfrentaron a procesos sin asistencia legal.
“Permitir un mayor a la asesoría legal ayudará a que el sistema judicial funcione de manera más eficiente y efectivo, ya que continúa enfrentando inmensos retrasos”, indicaron en referencia a los más de 1.7 millones acumulados en la Corte de Inmigración (EOIR).
Además de Gillibrand, la carta dirigida a los líderes de la Cámara Alta está firmada por los senadores demócratas Christopher Coons, Robert Menéndez, Thomas Carper, Tina Smith, Tammy Duckworth, maría Cantwell, Edward Markey, Cory Booker, Dianne Feinstein, Ron Wyden, Ben Ray Lujan, Alex padilla, Mazie Hirono, Mark Kelly, Elizabeth Warren, Kyrsten Sinema, Martin Heinrich y Richard Blumenthal.
Coalición también presiona
A principios de febrero una coalición de organizaciones integrada por abogados, defensores de los derechos de los inmigrantes, grupos de derechos civiles y entidades religiosas, entre otros, pidieron al gobierno que autorice inmediatamente fondos para alimentar un programa que otorga asesoría legal a inmigrantes indocumentados en proceso de deportación.
Al igual que los senadores, la petición fue hecha por medio de una carta donde se incluyó al presidente Joe Biden.
Las 148 organizaciones que firmaron la misiva, entre ellos muchos que se especializan en brindar representación legal a inmigrantes, pidieron al gobierno “priorizar la expansión inmediata y dramática de los programas de representación legal para las personas que deben comparecer en procedimientos ante los tribunales de inmigración”.
Los integrantes de la coalición coinciden en señalar que “el financiamiento para el abogado designado es clave para aumentar la equidad y la eficiencia del gobierno”.
Cabe señalar que los fondos solicitados se encuentran en manos del Senado donde los demócratas buscan aprobar el Plan de Gasto Social por medio de un paquete de reconciliación con una mayoría simple de 51 votos debido al rechazo republicano.
El proyecto de incluye una partida de $100,000 millones para la modernización de la totalidad del sistema migratorio y dejó abierta la puerta para agregar un programa de legalización de millones de indocumentados, iniciativa que hasta ahora no ha sido autorizado por la principal asesora de la Cámara Alta (Parlamentarian), a abogada Elizabeth MacDonough.
