Respaldan decisión judicial que da plazo al gobierno de Trump para que libere a niños indocumentados en cárceles de ICE
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) aplaudió el fallo emitido el viernes de la semana pasada por una jueza federal de California, quien fijó plazo al gobierno del presidente Donald Trump para que, a más tardar el 23 de octubre, ponga en libertad a todos los indocumentados menores de edad detenidos en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Nos parece magnífico que la jueza (Dolly Gee) siga insistiendo en que el gobierno federal debe cumplir con este acuerdo (Flores vs Meese, firmado en 1997)”, dice Annaluisa Padilla, presidenta de AILA. “Ningún niño inmigrante debe permanecer detenido por más de 20 días. La orden es clara”.
La orden citada por Padilla fue incluida en dos dictámenes emitidos por Gee el 24 de julio y el 21 de agosto de 2015, cuando le indicó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que debe poner en libertad a niños y madres detenidos en los centros familiares habilitados por ICE a raíz de la crisis migratoria en la frontera en 2014.
Ese año, más de 46,000 niños y adultos provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que huyeron de la violencia y la pobreza en sus países, fueron detenidos por las autoridades federales en un tramo de la frontera entre Texas y México. La mayoría de ellos llegaron en busca de asilo.
Respaldo judicial
Las decisiones de Gee fueron respaldadas en julio del año pasado por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, quien ordenó al DHS acatar los dictámenes del tribunal de California y liberar inmediatamente a los menores.
La corte de apelaciones dictaminó que las detenciones prolongadas de los niños inmigrantes viola el acuerdo 'Flores vs Meese', que prohíbe el encierro de menores de edad en centros de detención.
“Pero en los fallos anteriores, tanto los dos primeros de la jueza Gee como el de la Corte de Apelaciones, el DHS no los cumplió, no hizo nada y no fue castigado por desacato a la ley”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Me pregunto cuántas veces más tendrán los jueces que ordenar estas liberaciones para que el gobierno las cumpla”.
Obama no estuvo de acuerdo
Durante el gobierno de Barack Obama el DHS apeló las sentencias de Gee bajo el argumento que si ponía en libertad a los menores, enviaría un mensaje equivocado a Centroamérica y no se detendría la oleada de indocumentados en la frontera.
El problema es que ahora, bajo el gobierno de Trump, la política migratoria se endureció y el mandatario decretó que la inmigración indocumentada es una amenaza a la seguridad pública y nacional. “Hasta cierto punto, el DHS piensa que el presidente, filosóficamente, está de acuerdo en detener a estos niños, y talvez ahora se sientan empoderados por esta situación”, dijo Velásquez.
En el fallo del viernes, la jueza Gee pidió a las agencias federales que antes del 23 de octubre libere a los menores de edad detenidos en los centros de detención familiares de ICE en Karnes City y Dilley, ambos ubicados en Texas. Ambos centros tienen una capacidad máxima de 2,932 internos.
“La orden es clara”, advierte Padilla. “El gobierno no ha cumplido”. Agregó que tampoco el DHS ha respetado otras condiciones en los centros de detención, “como proveer agua potable y comida en tiempos apropiados. Pasan largas horas, más de 12, en que los detenidos no reciben alimentos tras ser arrestados”.
Que dice el fallo
En el dictamen Gee ordenó que en un plazo de 30 días el tribunal designará un coordinador para que se cumpla lo estipulado en el dictamen.
“Pero si no se imponen multas por no cumplir con las órdenes del tribunal, nada va a pasar”, insiste Velásquez. Padilla apuntó que AILA no se detendrá hasta que el DHS cumpla con el mandato de la corte “y deje de darle un trato repugnante a estas familias”.
El DHS comentó que el Gobierno está revisando la decisión de la jueza Gee y “considerando las opciones posibles con el Departamento de Justicia".
La jueza Gee, además de ordenar la liberación de menores indocumentados detenidos en los centros de ICE para antes del 23 de octubre, concedió los pedidos de los demandantes para mejorar las instalaciones de ICE, permanente a agua potable, eliminar las condiciones insalubres, controlar la temperatura en las cárceles de ICE, a representación legal para los detenidos y supervisar las mejoras ordenadas por el tribunal.
