Gobierno de Bukele detiene a la abogada de los venezolanos deportados por Trump a la megacárcel de El Salvador
La madre de la abogada y activista salvadoreña Ruth López Alfaro, que representa a los más de 200 venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump al país centroamericano, afirmó este martes que logró conversar con su hija en una dependencia policial, casi dos días después de que fuera detenida.
López Alfaro fue capturada por la policía salvadoreña el domingo en la noche, acusada de presunto peculado, informó la Fiscalía General de ese país.
Eleonora Alfaro, la madre de la abogada, habló con los periodistas luego de ingresar a la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, más de 30 horas después del arresto.
Aseguró que vio a su hija con “un estado de salud bueno” y itió que recibió un trato respetuoso de los agentes de policía que le permitieron entrar a visitarla.
López lidera la Unidad Anticorrupción de la ONG salvadoreña Cristosal, que ha participado activamente en la defensa de los más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, y que fueron recluidos en la megacárcel Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Los deportados, señalados por el gobierno estadounidense de supuestamente pertenecer a pandillas como el Tren de Aragua, fueron enviados al Cecot como parte de un acuerdo entre los gobiernos del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"La detención de Ruth no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia sistemática del gobierno de Nayib Bukele para silenciar voces críticas, desmantelar la sociedad civil y consolidar un régimen autoritario", denunció la ONG.
“Mi hija es totalmente inocente, no tiene nada que ver... Sí, platiqué con mi hija y ella sabe esto de dónde viene y yo también sé de dónde viene”, advirtió Alfaro, sobre los cuestionamientos a los motivos de la detención.
La acusación contra Ruth López Alfaro
Las autoridades salvadoreñas acusan a la abogada de colaborar "en la sustracción de fondos de las arcas del Estado" mientras fue "asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas", cuando este se desempeñó como magistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, entre 2009 y 2014; y como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia salvadoreña, entre 2014 y 2018.
Chicas fue detenido por la policía nacional de El Salvador en febrero pasado, acusado de presunto enriquecimiento ilícito.
La ONG Cristosal dijo "condenar enérgicamente la detención ilegal" de López, llamándola "víctima de una desaparición forzada de corta duración", en un comunicado emitido en la tarde del lunes.
Noah Bullock, presidente de la ONG, afirmó que la captura de su colega es “un ataque contra todo el movimiento de derechos humanos”.
Mientras, el director legal de Cristosal, Abraham Abrego, exigió al gobierno y a las autoridades policiales, respetar la integridad de López; y anunció que activarán mecanismos de denuncias en las Naciones Unidas, la Relatoría de Derechos Humanos y de Desapariciones Forzadas, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Deportados de EEUU en el Cecot
Desde marzo, más de 200 venezolanos han sido enviados al Cecot por orden del gobierno de Estados Unidos, valiéndose de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, lo que ha desatado una batalla legal en distintas cortes de EEUU.
Este traslado fue denunciado por la ONG Cristosal a los pocos días de ocurrido, alertando que podrían ser "desapariciones forzadas", en detenciones que "carecen de fundamento jurídico en las figuras de deportación, extradición o cooperación internacional, dejándolas en un limbo jurídico".
Los defensores de DDHH indicaron que estos inmigrantes quedaron en una situación de aislamiento, sin comunicación con sus familias sobre su paradero, estado de salud o estatus jurídico, en lo que la ONG calificó como "un sistema carcelario ampliamente denunciado por violaciones a derechos humanos".
La semana pasada, abogados de los 252 migrantes venezolanos deportados desde EEUU denunciaron que sus clientes son víctimas de "torturas físicas" y "morales".
"Los están tratando como vulgares delincuentes, y les han quitado el pelo", dijo el abogado Salvador Ríos. "Los han disfrazado (...) Esas son torturas, torturas físicas y torturas de orden moral", afirmó en una entrevista con la AFP.
El bufete Grupo Ortega, contratado por el gobierno venezolano del mandatario Nicolás Maduro, presentó el 24 de marzo un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador para terminar con lo que califica como "detención ilegal" de los venezolanos llegados al país el 16 de marzo, pero el tribunal no se ha pronunciado.
Tribunales federales en Nueva York, Colorado, Texas y Pensilvania han bloqueado, a pedido de organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigrantes, el uso de esta ley del siglo XVIII por parte de la istración por muchas razones, entre ellas por plantear dudas sobre si el país se enfrenta realmente a una invasión.
La semana pasada, la Corte Suprema de EEUU decidió un fallo que impide a la istración Trump expulsar a los venezolanos de forma expedita, sin que estos puedan impugnar su deportación y defender su permanencia en EEUU en una corte.
La istración Trump ha alegado ante jueces que escapa de su jurisdicción el gestionar que los inmigrantes deportados sean devueltos a Estados Unidos, para que puedan atender sus casos migratorios ante la justicia.
Denuncias contra Bukele
Cristosal ha sido uno de los críticos más abiertos de algunas de las políticas del presidente Nayib Bukele, especialmente el estado de emergencia vigente desde hace tres años, que ha suspendido algunos derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, mientras el gobierno lucha contra las pandillas del país.
La medida restringe el derecho a reunirse, a ser informado de los derechos y a tener a un abogado. También amplía a 15 días el tiempo que una persona puede permanecer detenida sin cargos. Unas 85.000 personas han sido detenidas bajo el estado de excepción.
Bukele propuso la semana pasada una ley de "agentes extranjeros" que fijaría un impuesto de 30% a las donaciones recibidas por las ONG, en lo que sus críticos afirman es un intento de embestir a entidades independientes de la sociedad civil y el periodismo.
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