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El presidente electo Donald Trump reiteró el domingo, en sus primeras declaraciones tras ser electo, que su gobierno priorizará la deportación de hasta unos tres millones de inmigrantes indocumentados con delitos criminales.
El anuncio volvió a preocupar a la población inmigrante indocumentada estimada en unos 11 millones, según datos del Centro de Investigaciones Pew. De ellos, 5.8 millones son de origen mexicano.
¿Tienen derechos los inmigrantes? ¿Y los indocumentados? ¿También los indocumentados con antecedentes? “Todas las personas, bajo la Constitución de Estados Unidos, están protegidas sin importar su estatus migratorio”, explica Ezequiel Hernández, abogado de inmigración.
Los principales derechos garantizados por la Constitución son:
Estos derechos son válidos también para todos los indocumentados, tengan o no antecedentes, agrega.
Estos inmigrantes tienen también derecho a un abogado. Sin embargo, como incide Hernández, si no se trata de casos criminales, los indocumentados no tienen derecho a un abogado de oficio ni a que un jurado decida en sus litigios.
En caso de redadas
En enero, tras una serie de batidas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que afectaron a decenas de indocumentados en Carolina del Norte, Georgia y Texas, donde fueron detenidos decenas de indocumentados, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) lanzó una campaña a través de las redes sociales para enseñar a los indocumentados qué derechos tienen en Estados Unidos en caso de verse afectados por una redada.
Los consejos volvieron a cobrar interés luego que Trump reiterara la advertencia de que su gobierno, que asume el 20 de enero de 2017, deportará “dos millones de ilegales criminales, quizás tres millones”, refiriéndose a indocumentados con antecedentes, aunque especificó de qué tipo de delitos o faltas.
El 20 de enero de 2014 el gobierno del presidente Barack Obama publicó la lista de prioridades de deportación que, entre otros, incluye a terroristas, personas que han cometido crímenes graves, los que han manejado bajo efectos del alcohol o drogas (DUI), e inmigrantes que entraron indocumentados a Estados Unidos después del 1 de enero de 2014 pidiendo asilo y que perdieron sus casos, tras lo cual un juez de inmigración les emitió una orden final de deportación.
“Es muy importante que las personas conozcan sus derechos más elementales en el eventual caso de un arresto o una redada”, advierte Hernández.
Trump no ha entregado detalles sobre cómo se pondrá en marcha su política de detenciones y deportaciones, ni tampoco a partir de cuándo será activada. Solo señaló que las personas serán deportadas o encarceladas.
No abra la puerta
La ACLU dio a conocer una lista de recomendaciones generales en caso que un indocumentado que no tenga antecedentes criminales se vea afectado por una de estas “operaciones” señaladas por el presidente electo:
Sin respuestas
El 31 de agosto en Phoenix, Arizona, Trump dio a conocer su plan de inmigración de 10 puntos y dijo que de los 11 millones de indocumentados, deportará a dos millones con antecedentes criminales más otros cuatro millones con visas expiradas.
Los otros cinco millones sin antecedentes criminales deberán salir del país y tramitar una visa de inmigrante para volver a entrar.
Una ley aprobada por el Congreso en 1996 sanciona con hasta 10 años fuera a los indocumentados que pasan más de 365 días sin autorización en el país y los hace inelegibles para obtener una visa de inmigrante. Trump no ha explicado si quienes salgan en busca de una visa tendrán garantizado el reingreso a Estados Unidos.
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