El servicio de inmigración al borde del caos por la pandemia y anuncia despidos masivos si no recibe fondos
La agencia federal que procesa ciudadanías, residencias y visas se encuentra al borde del caos y advierte que si el Congreso no le autoriza un paquete urgente de ayuda, suspenderá a unos 13,000 empleados (69.5% de la planilla) a partir del 3 de agosto.
La crisis la atribuye al covid-19. “Los efectos de la pandemia de coronavirus son de largo alcance y generalizados, dejando pocos indemnes a su paso”, dijo Joseph Edlow, director adjunto de política de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Edlow señaló que tras el cierre de atención al público y la suspensión de servicios decretado por el gobierno para contener la propagación del virus y salvaguardar las vidas de empleados y el público, la agencia ha sufrido “una alarmante caída” en el numero de solicitudes y los pronósticos “predicen un déficit presupuestario paralizante que requiere asistencia del Congreso para mantener las operaciones”.
La agencia federal opera con 18,700 agentes, tanto de campo como en oficinas a lo largo y ancho del país. “Desde mayo hemos trabajado con el Congreso para explicar la situación financiera y educar a los y al personal sobre las necesidades de la agencia”, dijo Adlow.
“A diferencia de casi todas las demás agencias federales, la USCIS no deriva la mayor parte de su presupuesto de las asignaciones del Congreso, sino más bien de los honorarios que pagan los solicitantes de Green card (tarjetas verdes), ciudadanía y otros servicios de inmigración”, explica un reciente reporte del Migration Policy Institute (MPI).
Indica además que con la suspensión en marzo de los trámites en persona y el cierre de las fronteras para viajes no esenciales debido a la pandemia, “el volumen de peticiones de inmigración y el pago por estos servicios cayó drásticamente”.
Incluso con los planes de reapertura la USCIS predice que los niveles de solicitudes caerán fuertemente en el año fiscal 2020, que finaliza el 30 de septiembre.
Ayuda de emergencia
Para solventar la crisis y sostener los servicios hasta que entre en vigor el presupuesto para el año fiscal 2021, que entra en vigor el 1 de octubre, la agencia le solicitó $ 1200 millones que serán devueltos con el aumento de tarifas programado desde finales del año pasado.
Sin una acción del Congreso antes del 3 de agosto, la USCIS dice que deberá suspender a más de 13,000 del personal, “lo que tendrá enormes impactos negativos en nuestra misión”, dice Adlow.
El funcionario indica además que debido a la pandemia de covid-19, la agencia ha visto una caída del 50% en los recibos y tarifas entrantes a partir de marzo y estima que los recibos de solicitudes y solicitudes se mantendrán muy por debajo del plan hasta el final del año fiscal 2020”.
“Si despiden a 13,000 empleados, eso crearía un colapso en el sistema migratorio”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Ya de por si había demoras antes de la emergencia, pero la pandemia aumentó la gravedad de las demoras porque muchos servicios fueron interrumpidos”.
Guerrero advierte que “la suspensión de empleados, sumado a la postergación de miles de juicios en la Corte de Inmigración, generarán una crisis sin precedente”.
Los afectados
La suspensión de empleados advertida por la agencia provocaría un grave estancamiento en miles de solicitudes de beneficios que ya fueron entregadas y los trámites futuros, señalan abogados consultados por Univision Noticias.
“Si la USCIS tiene que cerrar temporalmente las operaciones por falta de fondos, las solicitudes de inmigración no se decidirán. Esto retrasaría a los inmigrantes que solicitan seres queridos en el extranjero y crearía estragos para los trabajadores con visas temporales que buscan extender su estadía. Los empleadores no podían obtener las solicitudes aprobadas para los trabajadores necesarios”, explicó el profesor Stephen Yale-Loehr, de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.
“También retrasaría la aprobación de las peticiones para convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado, lo que significa que esas personas no podrán votar este año”, agregó.
La suspensión, sin embargo, no será prolongada. “La USCIS podría comenzar a trabajar nuevamente cuando arranque el nuevo año fiscal, pero incluso un retraso de uno o dos meses en el procesamiento de las solicitudes crearía un problema real para miles de inmigrantes y empleadores. Y la acumulación de aplicaciones indecisas crearía tiempos de procesamiento aún más largos”.
En el pedido de dinero que hizo la USCIS al Congreso se compromete a devolverlo con el cobro de nuevas tarifas. Yale-Loehr dijo que se concretarse el alza, el trámite de ciudadanía sufrirá un incremento de 83% y en general el promedio del alza será del 10% en todos los servicios que brinda la agencia.
El covid no tiene culpa
Para la abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, la pandemia del covid-19 no tiene la culpa de la deuda acumulada por la USCIS. “Esta fue creada y amontonada intencionalmente por el gobierno de Trump. Seamos claros, este es un plan altamente coordinado, dirigido y llevado a cabo con precisión militar por la istración para limitar o eliminar la migración legal”, agrega.
Sánchez, quien fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia durante más de 15 años, dijo que el problema que afronta la agencia “corresponde a un esquema deliberado y maquiavélico empleado por altos funcionarios que, con su agenda antiinmigrante, en menos de tres años endeudan a USCIS con el exclusivo propósito de desmantelar o reducir a un nivel insignificante al servicio de inmigración, cuyo propósito era la adjudicación de beneficios para la inmigración legal”.
“Junto con la orden ejecutiva de esta semana que establece nuevas restricciones a las visas basadas en el empleo, evita que miles de inmigrantes entren a Estados Unidos, y las nuevas regulaciones que le prohíbe el permiso de trabajo a los solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente. Estamos viendo un perverso fin que surge de las sombras”, apunta.
La abogada dice además que “este movimiento podría causar un aumento significativo en el tiempo de espera para las personas que buscan beneficios de inmigración y retrasar las naturalizaciones, lo cual es crítico porque estamos en un año electoral. Y contrario a otros gobiernos que en estos tiempos buscan naturalizar la mayor cantidad posible de solicitantes , la intención de Trump es todo lo contrario”, concluyó.
