Un testimonio que muestra las cárceles de ICE en las que Trump promete arrestos masivos de inmigrantes

Ana solo necesitaba una toalla sanitaria. La pidió en español y terminó castigada en confinamiento en solitario en el centro de detención del condado Baker, en Florida, una prisión usada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Era 25 de mayo de 2023. Los dos días del castigo resonaban en la cabeza de esta inmigrante, con una historia reportada de estrés postraumático y depresión tras haber sido víctima de tráfico humano. Protestó cuanto pudo pidiendo atención médica, golpeó la reja, gritó. Los oficiales cubrieron la puerta para no verla. Ana tuvo un ataque de pánico. Comenzó a llorar y a vomitar, no podía respirar bien. Con los pantalones manchados de la sangre de su menstruación y desesperada, rompió el rociador de agua de la celda y un líquido oscuro y fétido cayó sobre ella.

Solo así, dos oficiales entraron y la sacaron por los brazos hasta otra celda de castigo. Ella pensó que finalmente le darían una toalla sanitaria y la atención médica que pedía. Pero mientras se quitaba la camisa e intentaba limpiarse, los agentes volvieron con una silla de sujeción, la amarraron y arrastraron la estructura con ella encima hasta un baño cercano. En sostenes y pantalón corto, la dejaron atada por una hora sintiendo frío y llorando. Luego, caminaban frente a la ventanilla y se reían de ella.

Un mes después de que inició su castigo, una enfermera que trabajó en Baker contó que el video de Ana en la silla fue presentado en una reunión de personal: lo usaron como un "buen ejemplo" de un incidente en que debe hacerse uso de la fuerza. Allí también se rieron de ella.

Y esta no fue la última vez que Ana fue sometida bajo este método. La segunda vez, al término de un mes en un nuevo confinamiento en solitario, aseguró que su vida "no tenía sentido". En lugar de brindarle atención médica, oficiales hombres la desnudaron por completo, la amarraron de nuevo en una silla y se burlaron de ella mientras sus pechos estaban completamente expuestos. La dejaron así durante varias horas.

El caso de Ana (cuyo nombre fue cambiado para protegerla) fue divulgado en una denuncia por violación de derechos civiles liderada por abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Le exigen a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, de quien depende ICE) que investigue los abusos y audite a esta prisión. Además de las violaciones de derechos vividas por Ana, aseguran que el centro suma incidentes de maltrato a otros inmigrantes.

Las organizaciones pidieron que se suspendiera la asignación de inmigrantes para este centro, pero esto no se ha cumplido. Baker sigue apareciendo como parte de la Oficina de Miami de ICE, según se ve en la página web de la agencia federal.

Baker está localizada en Macclenny, una ciudad de poco más de 7,000 habitantes a 31 millas al oeste de Jacksonville, en Florida. Es una cárcel de condado que desde agosto de 2009 opera en parte, como un centro de detención de inmigración. Es operada en conjunto por la Oficina del Alguacil del Condado Baker y la Corporación de Gerencia de Prisiones del condado, responsable de la operación legal.

Según la denuncia de ACLU y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, tiene "una historia documentada de tratos ilegales y abusivos hacia las personas detenidas por ICE".

Univision Noticias consultó a ICE sobre el patrón de violaciones de derechos civiles de los agentes en este centro. Respondieron que durante la inspección anual de octubre de 2022, el Centro de Detención del condado Baker recibió una "calificación superior" de la Oficina de Vigilancia de Detención de ICE. De forma genérica, explicaron que la agencia "está comprometida con que las personas bajo su custodia estén en un ambiente saludable, seguro y humano, bajo condiciones apropiadas de confinamiento". Aseguraron que todas las "denuncias de abusos y otras malas conductas son tomadas con seriedad e investigadas".

Los abusos en el centro de detención Baker de ICE

El trauma, la ansiedad y la depresión de Ana habían sido diagnosticados tras su pasado como víctima de tráfico humano. En la denuncia, los abogados narran que esto le había dificultado llevar una vida normal.

En 2019, cuando se casó y tuvo a su bebé, describió el nacimiento de su primogénito como "lo mejor que le había pasado". Pero en 2022 se divorció. En la pelea por la custodia del niño, su expareja ganó una orden de corte que sólo le permitía a Ana visitas supervisadas. Ese año, en agosto, Ana decidió llevar a su hijo a comer un helado. Fue arrestada por unos meses por incumplir con la orden de la corte. En mayo de 2023, esa falta hizo que su custodia fuera transferida a ICE, porque caía en las prioridades de deportación establecidas por el presidente Joe Biden.

La demanda asegura que los funcionarios no le realizaron una evaluación médica y de salud mental apropiada. Pese a sus antecedentes de hipotiroidismo crónico, depresión y ansiedad, en la planilla de ingreso marcaron con un "no" la pregunta sobre "problemas o necesidades de salud inmediatas". Tampoco reportaron de forma correcta su historia de salud mental, que había sido víctima de agresión sexual, abuso físico o violencia; que había requerido tratamiento médico o terapias.

El incidente en Baker de ese 25 de mayo de 2023 comenzó mientras Ana y el resto de detenidos caminaban por el pasillo hacia la zona de recreación. Ella frenó el paso para pedirle al guardia del centro de detención ir al "bathroom". Dijo la palabra en inglés, un idioma que no hablaba. Intentaba explicarle en español que necesitaba toallas sanitarias. Él insistía, en inglés, en que ella debía obedecer y salir al área de recreación con todo el grupo. Ella le insistía: "restroom", "bathroom".

Según la denuncia, el oficial se molestó, le gritó, amenazó con ponerla en confinamiento en solitario si ella no seguía sus órdenes. Más agentes aparecieron. Ninguno intentó entender lo que pedía Ana o buscar un intérprete. La esposaron y la llevaron a la fuerza al área de procesamiento y le impusieron cargos por desobedecer una orden verbal, por tener una conducta que alteraba el orden y por interferir con el personal.

Pese a su historial médico, una enfermera de la cárcel aprobó el confinamiento en solitario. "La celda de Ana era asquerosa y oscura. No tenía ni un colchón", se lee en la denuncia de las organizaciones.

Al encerrarla, Ana seguía insistiendo en que necesitaba productos femeninos. Cuando finalmente un oficial le respondió a su pedido, fue para levantar la mano, mostrar dos dedos y repetirle que le quedaban "dos días" de confinamiento en solitario.

El 27 de mayo de 2023, un oficial de disciplina determinó que el castigo por el malentendido con el guardia por la toalla sanitaria ya había culminado. Sin embargo, pese a la condición médica de Ana, fue sentenciada a 30 días adicionales de confinamiento en solitario por haber roto el rociador de agua de la celda. No le permitieron defenderse en la audiencia, que sólo pudo atender por video.

Después de eso, las organizaciones denuncian que el abuso continuó. En ocasiones, le negaron aparecer en las videoconferencias de las audiencias por la custodia de su hijo. "Ana se sintió deprimida y perdida. Lloraba por horas con frecuencia, temiendo que al perder las audiencias mandatorias pudieran hacerle perder a su hijo. No solo el personal de Baker falló al permitirle el a su abogado, sino que una de las enfermeras le dijo a una distraída Ana que su hijo estaría mejor sin ella".

La historia de Ana fue ratificada por una enfermera que trabajó en la prisión entre el 5 de junio y el 1 de septiembre de 2023. Ella denunció los abusos contra Ana y más detenidos en un informe que dirigió a un comité de la Cámara de Representantes, así como a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS, a su Ombudsman y su inspector general. En el resumen se explica las violaciones de derechos civiles que ocurrían "con impunidad de parte de ICE".

Entre los abusos señaló que en Baker existía la práctica de falsificar documentos médicos de pacientes y sus firmas. Reportó que uno de los inmigrantes que atendió le dijo que los oficiales de la cárcel lo habían llevado a un cuarto privado y lo habían torturado usando la técnica del 'waterboarding', un método de tortura que consiste en ahogar a la persona con agua.

Denunció también que había visto a oficiales tomar fotografías de las mujeres detenidas mientras estaban desnudas, así como acosarlas. Dijo que las condiciones de reclusión eran "inseguras e insalubres", con el aire acondicionado extremadamente frío, goteras, sobrepoblación, falta de agua potable y de productos de higiene personal. Contó que los detenidos tenían que usar sus calcetines para limpiarse al ir al baño.

¿Qué viene con los arrestos que prometió Trump?

Los abusos que vivió Ana no son exclusivos de Baker.

En este video, puedes ver lo que le ocurrió a esta inmigrante que estuvo detenida en varios centros de detención de ICE:

Y en este, puedes ver cómo operan los centros de detención de ICE en Louisiana:

Anthony Enriquez, abogado del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y quien conoce del caso de Ana, asegura que los abusos en los centros de detención de ICE se han reportado por décadas. Se remontan a los años posteriores a 1996, cuando el entonces presidente Bill Clinton firmó una ley para expandir la capacidad del gobierno para detener y deportar a inmigrantes.

En sus visitas mensuales a centros de detención de ICE, incluso a los ubicados en zonas remotas, como Baker, Enriquez asegura que se ven abusos similares a los que ocurren en cárceles para presos criminales, aunque los detenidos por inmigración son faltas civiles. Han visto restricciones a la atención médica, lo que llevó a un inmigrante al suicidio; han confirmado que les dan comida caducada y en mal estado; han reportado abusos verbales de funcionarios a inmigrantes por su raza o sexualidad.

"La evidencia nos enseña que el sistema de detención de inmigrantes está diseñado para frenar a otras personas a emigrar a Estados Unidos, mandando el mensaje de que aquí no se tolera la migración", explica Enriquez. "Está diseñado también para castigar a los que ya están aquí, para presionarles a renunciar a sus argumentos y a simplemente aceptar la deportación".

La capacidad de detención actual de ICE es de unas 41,500 camas. Estas incluyen espacios como los de Baker, que están dentro de cárceles de condado.

El recién electo presidente, Donald Trump, ha asegurado que en su segundo gobierno pondrá en marcha las mayores deportaciones masivas de la historia. Aunque no ha detallado cómo hará para cumplir su promesa, su principal consejero en inmigración, Stephen Miller, hizo algunos adelantos en entrevistas en noviembre de 2023: dijo que usarían fondos militares para construir instalaciones que podrían funcionar como centros de detención de migrantes, mientras esperan que sus casos progresen y puedan ser enviados a otros países.

"Vemos un riesgo real", añade Enriquez. A pesar de eso, asegura que las organizaciones están listas para pelear en cortes contra las políticas que violen la Constitución.

Aunque sus abogados no pueden dar detalles del caso migratorio de Ana, Enriquez explicó que sigue peleando para evitar su deportación. Contó que cuando el juez de inmigración conoció la historia de Ana, respondió que ella no debió ser detenida porque no representaba un peligro de seguridad pública, ni veía posibilidades de que se fugara: "Dijo: 'No deben detener a esta persona' y entonces pusieron a Ana en libertad".