Trece fiscales de EEUU respaldan la demanda de México contra fabricantes de armas
Una coalición de 13 fiscales estadounidenses, incluyendo el de California y Nueva York, respaldaron este martes -por medio de un documento sometido en una corte federal- la demanda que el gobierno de México interpuso en agosto contra varios fabricantes de armas en Estados Unidos.
Presentada en un tribunal de distrito de Massachusetts, la querella alega que el tráfico ilegal de rifles y pistolas producidos por armerías de EEUU es el responsable directo de la crisis de inseguridad en su país. Por ello buscan una compensación monetaria que no se especifica.
La acción judicial que emprendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador menciona a los principales fabricantes de armas de fuego del país, como Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A.; Glock; y Colt’s Manufacturing Co.
En un escrito de respaldo, conocido como amicus brief, los fiscales estatales se oponen a la moción de los demandados de desestimar el caso. Los funcionarios argumentan que la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) no protege a las empresas de una rendición de cuentas.
“Los fabricantes y vendedores de armas parecen creer que la ley PLCAA les da un pase libre para fabricar y distribuir armas que saben que están siendo traficadas y utilizadas para aterrorizar a las comunidades en México”, dijo el fiscal de California Rob Bonta en un comunicado.
“En la mayoría de las industrias, las empresas son muy conscientes de que pueden ser responsables si su producto es defectuoso o dañino para los consumidores; las armas de fuego no deberían ser diferentes”, agregó.
Los fiscales estatales que firmaron el documento de apoyo al gobierno mexicano son los de California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia (DC), Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México y Oregon.
En noviembre, tres meses después de que abogados contratados por México interpusieron la querella, las armerías solicitaron al tribunal federal de distrito de Massachusetts que la desestimara.
A decir de los 13 fiscales estatales, la ley PLCAA permite que los fabricantes y vendedores de armas sean responsables cuando ellos mismos violan las leyes de protección al consumidor relacionadas con la venta y comercialización de armas. En este caso, señalan, la demanda de México alega que las compañías -no un tercero- sabían que violaron las leyes aplicables a la comercialización de armas.
“Si bien la ley puede otorgar cierta protección a los fabricantes de armas de fuego, no es un pase libre para permitir que sus productos caigan en manos peligrosas. A medida que continuamos nuestro trabajo para responsabilizar a los fabricantes de armas de fuego aquí en California, debemos asegurarnos de que las leyes estatales y federales se interpreten correctamente y que estas empresas no puedan operar con impunidad”, enfatizó el fiscal californiano.
Armamento bélico en poder de los carteles
Algunos de los incidentes que el gobierno de México cita en su acción judicial son la liberación a punta de pistola de uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que ocurrió en Sinaloa en octubre de 2019, el ataque armado del Cartel de Jalisco contra un jefe policial en la Ciudad de México en el verano de 2020 y las balaceras entre sicarios que en julio pasado cobraron la vida de 16 personas en Zacatecas.
En 135 páginas, la querella detalla además múltiples decomisos de pistolas, rifles de asalto y fusiles de francotirador estadounidenses (cuyas balas son capaces de derribar un helicóptero militar) que tenían en su poder de los carteles de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, del Golfo, del Noroeste y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno mexicano hace una descripción inédita del rastro del tráfico de armas, desde las compras legales en tiendas de EEUU hasta su detección luego de hechos violentos en México.
Es el caso de la armería Carter’s Country en Spring, Texas, que en 2006 suministró armas a un traficante, incluidos dos rifles Smith & Wesson (elaborado por uno de los demandados). Unos meses después, a 1,200 millas de ese negocio, uno de esos rifles se usó para asesinar a cuatro policías y tres empleados en dos oficinas del fiscal general en el puerto de Acapulco, en el sureste de México.
“Los carteles no tienen derechos de la Segunda Enmienda”, subraya la acción legal refiriéndose a las garantías establecidas en la Constitución de EEUU para portar armas para la defensa personal.
La demanda, que no involucra al gobierno estadounidense, sostiene que los fabricantes de armas “son plenamente conscientes del mercado ilegal de sus armas y cómo estas alimentan el poder de fuego de bandas criminales en México” y plantea que su objetivo es "detener desde su origen el trasiego ilegal de armamento" al vecino país.
Se calcula que la mayoría de las armas de fuego que decomisan las fuerzas de seguridad de México se fabricaron y vendieron en EEUU, incluyendo rifles AR-15, fusiles de francotirador calibre .50 y pistolas calibre .9 milímetros. Los principales clientes de los traficantes son los carteles de la droga.
Armas personalizadas, ventas múltiples a un solo comprador y ausencia de revisión de antecedentes penales son algunas de las irregularidades en las que han incurrido las empresas demandadas, según la Cancillería.
Un informe que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) publicó en febrero pasado señala que el 70% de las armas de fuego recuperadas en México entre 2014 y 2018 provenían de EEUU.
El gobierno mexicano calcula que cada año alrededor de 200,000 armas de fuego llegan ilegalmente a su país a través de la frontera con EEUU, la mayoría escondidas en vehículos, según el análisis de la GAO.
En promedio, la ATF rastreó anualmente unas 16,000 armas que fueron recuperadas en México entre 2013 y 2018. El 64.4% eran pistolas y revólveres que decomisaron en el noroeste de México, cerca de la frontera con California. Al tiempo que el 34.5% eran rifles y escopetas, que les quitaron a criminales en el noreste del país, al otro lado de la zona limítrofe con Texas.
El respaldo de los fiscales estatales a la demanda del gobierno mexicano se presenta días después de que agentes federales desmantelaron una red de traficantes de armas que operaban en el área de Los Ángeles y cuyo principal cliente era el Cartel de Jalisco.
Las autoridades les decomisaron seis rifles de asalto, más de 250,000 rondas de municiones, así como más de 300,000 dólares en piezas de armas y kits para ensamblar varias ametralladoras rotativas de seis cañones o “mini-pistolas”, capaces de efectuar hasta 6,000 disparos por minuto.
