Qué significa la extensión del estado de emergencia en Francia

La Asamblea Nacional sa decidió este jueves, de forma casi unánime, prolongar tres meses la duración del estado de emergencia en el país además de reforzar el régimen de excepción.
Este proyecto de ley modifica al texto que estaba en vigor desde 1955 y refuerza la eficacia de sus disposiciones. Fue respaldado por 551 diputados a, seis votaron en contra y hubo una abstención.
Lo que implica esta decisión es que el gobierno francés tiene permitido tomar medidas excepcionales que en circunstancias de la vida cotidiana no podría tomar. Y se puede declarar en el caso de que “haya un riesgo inminente que dé como resultado daños graves al orden público”.
Lo que permite el estado de emergencia es que las autoridades restrinjan la circulación de vehículos y personas, que se registren casas e inmuebles sin la necesidad de llevar una orden judicial (ya sea de día o de noche), que se decreten arrestos domiciliarios a personas cuya actividad resulte peligrosa para la seguridad y el orden público y que se adopten medidas de seguridad para controlar a la prensa.
Las penas también se pueden endurecer y se le dan más competencias al Ejecutivo para situaciones de excepción sin llegar al estado de sitio, que implicaría ceder el poder a los militares.
El gobierno también prevé que a una persona bajo arresto domiciliario se le pueda prohibir que e a personas sospechosas de preparar actos contra el orden público.
Además, cualquier asociación o grupo que participe, facilite o incite a la comisión de actos que supongan una violación grave del orden público y que estén integrados por las personas bajo arresto domiciliario, se disolverán.
Se específica también que ninguna investigación puede estar dirigida a los parlamentarios locales, abogados o periodistas.
Un reporte de El País específica que estas medidas afectarán directamente a los sospechosos que ya están fichados. Actualmente la policía tiene en la mira a 10,500 personas relacionadas al radicalismo islamista, según sus datos recabados.
Para que sea viable la extensión del periodo de emergencia, el Parlamento debe aprobarla. Según las leyes sas, el estado de urgencia decretado desde el viernes sólo podía tener una duración de 12 días, por lo que el presidente debía presentar ante el legislativo la moción para su extensión.
Con su aprobación, este nuevo estado de emergencia entrará en vigor a partir de que se acaben los primeros 12 días en los que ya había sido dado de alta. Los magistrados también tendrán un mayor a los datos que manejen las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.
Desde los ataques perpetrados por terroristas del Estado Islámico el pasado viernes, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado han tomado las calles de París. Cientos de vallas impiden los s a las zonas afectadas y los radares de emergencia están encendidos para atender al instante cualquier eventualidad o sospecha.
Estas medidas de seguridad han recibido duros cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos civiles y partidos de izquierda. Amnistía Internacional (AI) ha mostrado su preocupación por la extensión del estado de emergencia.
“Amnistía reconoce el derecho de un Estado a utilizar el estado de emergencia, pero este debe de ser muy limitado en el tiempo y estar justificado por criterios muy precisos”, dijo a EFE Nicolas Krameyer, su vocero.
Dentro de las fuertes medidas de seguridad, Hollande también asume la necesidad de agilizar la retirada de la nacionalidad a los terroristas que dispongan de doble nacionalidad y que amenacen la seguridad de la república. Además maneja la opción de no permitirles el regreso en caso de que se hayan entrenado en el exterior.
Un refuerzo policíaco se espera a lo largo de dos años: se agregarán 5,000 policías y gendarmes suplementarios, 2,500 funcionarios de justicia, 1,000 más en los servicios aduaneros y se cancela el plan de reducir a los efectivos militares.
El actual estado de emergencia se decretó en un primer momento el pasado sábado a las 00.00 hora local (23.00 GMT del viernes) para "el territorio metropolitano y Córcega".
Durante el sábado, se amplió a territorios de ultramar "por una necesidad de coherencia y de refuerzo del dispositivo de seguridad".
Desde su aplicación, las fuerzas del orden sas han llevado a cabo más de 400 registros istrativos (sin orden judicial) que han permitido requisar 87 armas, entre las que había 11 armas de guerra, y se ha dictado la residencia vigilada para 118 personas.
Durante los atentados murieron 130 personas y 352 resultaron heridas.