El Colegio Electoral, un problema único que EEUU no encuentra cómo resolver
En la democracia estadounidense no todos los estados son iguales, unos pesan más que otros. Son los estados swing o péndulo que cada cuatro años definen las elecciones presidenciales, aunque suelan ser pequeños en población y hasta menos importantes económicamente que los grandes territorios donde se concentra el grueso de la población.
Eso se debe al anacrónico Colegio Electoral, un sistema único en el mundo que dejaron los redactores la Constitución y que hace que las elecciones presidenciales en EEUU sean de segundo grado y no producto del voto directo de los ciudadanos.
El Colegio Electoral permite que alguien pueda llegar a la Casa Blanca sin haber sacado la mayoría de los votos en todo el país, como ocurrió en 2020 con la elección de George W. Bush y en 2016 con la primera elección de Donald Trump (había sucedido ya tres veces en el siglo XIX), y que estados como Nevada, Georgia o Arizona, reciban más atención de las campañas electorales que Nueva York, California o Texas.
Ese sistema es visto como un problema por el 63% de los estadounidenses que apoyan su eliminación, de acuerdo con una encuesta del Centro Pew.
Y pese a ese sentimiento mayoritario, es poco probable que el Congreso se dedique a trabajar en la enmienda constitucional que sería necesaria.
La mayoría rechaza el Colegio Electoral, más los demócratas que los republicanos
Este lunes, en su cuenta de la red social Truth, Donald Trump escribió, sin basamento alguno, que “los demócratas están luchando arduamente para eliminar el voto popular en las elecciones futuras. ¡Quieren que todas las elecciones presidenciales futuras se basen exclusivamente en el Colegio Electoral!”.
Lo cierto es que el Colegio Electoral ya define el ganador de la presidencia. Así ha sido desde hace siglos. Además, ni hay un esfuerzo demócrata para ignorar el voto popular ni Trump explica cómo se escogería a los delegados al Colegio Electoral que elige al presidente cuando estos son seleccionados por la votación popular.
Contrario a lo que dijo Trump, los que más cuestionan el Colegio Electoral son los demócratas. El 80% considera que el voto directo de los ciudadanos debería ser el que defina al ganador de las elecciones, de acuerdo con la encuesta del Pew. Entre republicanos, 53% está a favor de mantenerlo y el 46% de reemplazarlo.
La diferencia entre partidos es natural, considerando que en 2000 y 2016 los candidatos demócratas (Al Gore y Hillary Clinton respectivamente) sacaron más votos totales, pero perdieron el Colegio Electoral y, de esa manera, la presidencia.
Para algunos, la existencia del Colegio Electoral es tan difícil de entender como el mensaje del presidente electo, porque hace que la que se define como la “primera democracia” del planeta tenga en realidad un sistema indirecto para escoger a su máxima autoridad.
¿Por qué existe el Colegio Electoral?
El Colegio Electoral no existe como espacio físico, no es una institución en el sentido clásico, sino un procedimiento que se activa cada 4 años, como sucederá este martes 17 de diciembre cuando los delegados se reúnan en los capitolios de sus respectivos estados para votar por el candidato ganador y el resultado sea enviado al Congreso para su certificación final, el 6 de enero del próximo año.
El término no existe en la Constitución, aunque para cambiar ese proceso habría que reformarla. El Artículo II de la Constitución y la Enmienda 12 se refieren a los “electores”, pero no al “colegio electoral”.
Los Padres Fundadores crearon el sistema como un compromiso entre la elección del presidente por votación en el Congreso y la elección por votación popular, entonces de ciudadanos calificados.
Estos vieron al Colegio Electoral como forma de atender varios problemas, desde la separación de poderes hasta el hecho de que los estados no querían ceder poder, pasando por las preocupaciones sobre el poder desigual entre los estados debido a las diferencias de población.
Los estados del Sur se aprovecharon del mecanismo al incluir a los esclavos en la base poblacional (cada esclavo era considerado como 3/5 de una persona) y lograr mayor representación de la que habrían tenido en un sistema de votación directa.
700 intentos de reformar o eliminar el Colegio Electoral
De acuerdo con el sitio web de los Archivos Nacionales, en los últimos 200 años se han presentado en el Congreso más de 700 propuestas para reformar o eliminar el Colegio Electoral, lo que hace que haya “habido más propuestas de enmiendas constitucionales para cambiar el Colegio Electoral que sobre cualquier otro tema”.
Solo una de esas iniciativas avanzó, en 1969, al año siguiente de las elecciones que llevaron a Richard Nixon al poder, cuando el segregacionista independiente George Wallace obtuvo 46 votos electorales del bloque de estados sureños y estuvo a punto de impedir que republicanos o demócratas lograran el número delegados necesarios, algo que habría forzado a que el Congreso terminara seleccionando al presidente.
De acuerdo con algunos historiadores, el plan de Wallace no era ganar la Casa Blanca, sino convertirse en el factor decisivo que inclinaría la balanza a favor de Nixon o del vicepresidente demócrata Hubert Humphrey, a cambio de bloquear la agenda de derechos civiles que adelantaba el gobierno federal.
Pero una enmienda debe ser propuesta por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y ratificada por tres cuartas partes de los estados. Y aunque la de 1969 fue aprobada en la Cámara de Representantes por 339 a 70 y contó con el apoyo del presidente Nixon, la iniciativa nunca fue tomada en el Senado, donde fue bloqueada por legisladores sureños.
El esfuerzo de los estados contra el Colegio Electoral
Frente a los altos obstáculos federales, como una enmienda constitucional, existe un impulso para el cambio a nivel estatal.
El llamado Pacto Interestatal del Voto Popular Nacional haría que los estados adopten legislación para dar sus votos electorales al candidato presidencial que gane el voto popular nacional.
La legislación es ley en 17 estados y el Distrito de Columbia (Washington DC), que agrupan 209 votos electorales entre sí. El mecanismo entraría en vigor una vez que los estados firmantes sumen al menos 270 votos, los suficientes para decidir una elección presidencial.
Pero si se llegara a ese nivel, con seguridad se topará con un debate legislativo y potencialmente jurídico, porque algunos interpretan que un acuerdo interestatal de este tipo altera el balance entre estados y poder federal, y, por tanto, puede ser inconstitucional.