EEUU espió a cientos de países desde hace dos décadas
Por más de dos décadas el gobierno de Estados Unidos condujo labores de espionaje electrónico doméstico con ramificaciones hacia más de un centenar de países, incluyendo México, según publicó el diario USAToday.
A partir del gobierno de George H. Bush, la Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA), con la autorización del Departamento de Justicia, inició la recolección de datos de miles de millones de llamadas telefónicas internacionales realizadas hacia y desde 161 países relacionados con el narcotráfico.
Los investigadores federales utilizaron las llamadas para rastrear redes de distribución de drogas en Estados Unidos, permitiendo a las agencias identificar y ubicar organizaciones criminales cuya existencia se desconocía.
De igual manera las investigaciones a partir de la obtención de esos datos permitieron a las autoridades ubicar redes de lavado de dinero, indicó el diario, citando fuentes oficiales familiarizadas con las operaciones.
Los datos recolectados al amparo de esta práctica no involucraron el contenido de las llamadas sino simplemente los números de teléfono y las fechas en que se realizaron.
El diario indicó que la práctica fue iniciada casi una década antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, al amparo de un programa que sirvió como mapa para el espionaje electrónico conducido a partir de estos hechos por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Las labores dirigidas entonces por la DEA tuvieron menos restricciones que las que realiza ahora la NSA ya que la recolección de datos se llevaban a cabo sin una orden judicial como es requerido en la actualidad.
Mark Rumold, abogado de la organización Electronic Frontier Foundation cuestionó la legalidad del programa debido a que es claro que estaba dirigido al público en general “y desde una perspectiva constitucional, eso es bastante significativo”.
El diario dijo que la práctica como tal fue detenida por el Procurador General de Justicia, Eric Holder, en respuesta al escándalo generado tras las revelaciones hechas por el excontratista de la NSA, Edward Snowden.
Ahora, la DEA envía diariamente citatorios legales a las compañías de telefonía requiriendo listas de llamadas internacionales relacionadas solamente con números de teléfonos que se sospecha estén relacionados al tráfico de drogas u otros tipos de crímenes.
El rotativo reveló que uno de los países que fueron centro de considerable atención en este espionaje fue Colombia, dada los esfuerzos que Estados Unidos realizaba en la década de los 90 para atacar a los poderosos carteles de las drogas que operan desde esa nación sudamericana.
Empero para finales de esa década la DEA venia colectando datos de millones de llamadas y en su punto más álgido, esta labor abarcaba 161 países en tres continentes, incluyendo Afganistán, Pakistán, México, Italia y Canadá entre otros.
Human Rights Watch demanda a EEUU
En tanto, Human Rights Watch informó el miércoles que presentó una demanda contra la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) por grabar ilegalmente sus llamadas telefónicas.
"En Human Rights Watch trabajamos con gente que a veces está en situaciones de vida o muerte, donde hablar puede convertirlos en un objetivo", dijo la consejera de la agrupación, Dinah PoKempner.
"Con quién nos comuniquemos y cuándo es a menudo extraordinariamente sensible y es información que no podemos entregar al gobierno a la ligera", añadió.
El proceso legal, introducido en una corte federal de California (suroeste), pide a un juez declarar este tipo de vigilancia como una violación a los derechos constitucionales de la ONG y pide eliminar todos los registros de ese programa.
"El programa de la DEA es otro ejemplo de los excesos de las agencias federales en su autoridad de vigilancia secreta", agregó Mark Rumold, abogado de la Electronic Frontier Foundation, que representa a Human Rights Watch.
"Queremos forzar a la DEA a destruir las grabaciones que ilegalmente recolectó y que reconozca -de una vez por todas- que la recolección masiva de datos de los estadounidenses es inconstitucional", señaló Rumold.
