El atasco en las cortes de inmigración retrasa audiencias al 2020
Los atrasos en las cortes de inmigración están lejos de una solución a corto o mediano plazo. Por lo menos eso se desprende del último informe del Centro de Información de a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York: en julio había 502,794 casos acumulados. El año pasado el número de casos pendientes era de 456,216.
En marzo la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ) advirtió que el problema estaba creciendo peligrosamente, y que el atasco estaba causando estragos, por ejemplo, en los casos de asilo.
La NAIJ dice que en estos momentos se están programando miles de audiencias, algunas para más allá del 2017, y algunos abogados dicen que para el 2020 . Agrega que los casos se priorizan en base a varios criterios, entre ellos los menores no acompañados procedentes del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) que han sido detenidos en la frontera y pidieron asilo.
Las cortes de inmigración tienen 277 jueces, un número nunca antes visto. Otros 100 se encuentran en las diferentes etapas del proceso de contratación y no se sabe cuándos se incorporarán al sistema, indica la asociación en su página de internet. Sin embargo, en promedio a cada uno de ests 277 jueces le correspondería istrar 1,815 casos. Hace una década, en 2006, el numero de casos acumulados era de 168,827 y había 230 jueces, según el TRAC.
Problemas en aumento
El alto número de casos acumulados se ha convertido, para muchos inmigrantes, en una solución temporal inesperada. “Mientras están en la cola para asistir a su primera audiencia, pueden gestionar un permiso de trabajo temporal”, explicó Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
Sin embargo, el TRAC advierte que estas demoras han obligado a plantear si aguardan detenidos o son puestos en libertad bajo fianza los afectados de entre la mitad y dos tercios de los casos bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en proceso de deportación.
Si bien los detenidos en la frontera después del 1 de enero de 2014 son tratados como casos prioritarios en la programación de audiencias, algunos han esperado durante meses, incluso años, dando paso a demandas federales, agrega. Y la privación de libertad de quienes aguardan su día en corte entorpece montar una defensa exitosa, dice el TRAC, pero advierte que no hay suficiente información como para comprender la magnitud del problema causado por el atasco.
El alto número de procesos acumulados “favorece a los que no tienen un caso firme porque deben esperar años hasta que les llegue su día en corte y, mientras tanto, tienen a un permiso de trabajo, pero afecta a muchos otros que, teniendo un caso firme, no pueden arreglar su estatus porque sus citas están programadas para dentro de tres, cuanto o cinco años”, dice el abogado Nelson A. Castillo.
A río revuelto
Gálvez dijo que para muchos casos pendientes de una cita en la corte de inmigración, “la acumulación de expedientes no es un problema”, y ha permitido que la fiscalía otorgue lo que se denomina Discreción Fiscal (Prosecutorial Descretion), un beneficio aprobado por el presidente Barack Obama en 2014 que se traduce en un amparo de la deportación similar al que se otorga a dreamers protegidos por DACA.
“Este amparo permite que el beneficiario solicite una autorización de empleo, un número de Seguro Social y una licencia de manejar”, agregó.
Pero no en todos los casos las demoras traen beneficios inmediatos, advierte Gálvez. “Hay un grupo importante que deberá esperar en medio de la incertidumbre”. Entre ellos, citó a inmigrantes que califican para la green card y tienen hijos enfermos menores de edad, pero que pueden cumplir los 21 años antes de la cita a la corte.
Las personas que durante la espera cometan delitos que los convierta en inisibles o que entren en la lista de prioridades de deportación del 2014 “también perderán sus casos”, agregó.
El abogado dijo además que mientras están en la cola los inmigrantes “no pueden viajar a sus países de origen”, y en aquellos casos de asilo “si pasa mucho tiempo para cuando vean al juez puede ser que los argumentos ya no sean tan impactantes”.
Gálvez también dijo que que “estamos viendo audiencias para el 2019”, y que algunos casos de inmigración “requieren 3 o 4 audiencias. Definitivamente todo esto es un problema”.
Separación de familias
Además de los problemas legales que enfrentan los inmigrantes que enfrentan los inmigrantes que aguardan su día en corte, “muchos sufren separación familiar”, dice Bárbara Hines, una ex profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de Texas y Senior Fellow de Emerson Collective.
Hines opina que “el altísimo número de casos (acumulados) refleja la falta de recursos y presupuesto destinado a los tribunales (de inmigración)” y lamentó que “los únicos casos que reciben audiencias hoy en día son los de las familias y niños centroamericanos arrestados en la frontera”.
“Si un migrante no tiene la oportunidad de presentar y ganar su caso, estará separado de su familia por muchísimo tiempo”, apuntó. Y también dijo que muchos inmigrantes que piden asilo esperan la decisión de la corte para entonces iniciar los trámites y pedir a su familia. “Pueden pasar años”, indicó.
“Tenemos un caso en la clínica de inmigración de la Universidad de Texas, de un periodista centroamericano que llegó a Estados Unidos en enero de 2013. Su familia todavía esta en Centroamérica en una situación peligrosa. No ha podido acelerar su caso, dijo.
La abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, indicó que un cliente tenía programada una audiencia para el 2020, "y no me sorprendería que me la vayan a posponer de nuevo".
Para Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de América en Maryland, la saturación en las cortes de inmigración se debe a la falta de aprobación de una reforma migratoria por parte del Congreso.
“Son muchos casos, miles y miles que se podrían resolver rápidamente si tuviéramos una reforma migratoria”, dijo el abogado y activista. “Es muy difícil para las familias estar en un limbo legal por tanto tiempo. Los riesgos de perder el caso son altísimos”, concluyó.
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