México analiza crear la figura de 'jueces sin rostro' tras el crimen de un magistrado
Luego del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez, quien analizaba casos relacionados con narcotraficantes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, autoridades mexicanas y organismos de derechos humanos pidieron que se analice la propuesta de preservar el anonimato de los impartidores de justicia para proteger su integridad.
El debate sobre si el estado brinda la suficiente protección para que los jueces emitan veredictos justos en casos de crimen organizado se abrió luego de la difusión ilícita del video que muestra el momento en que el juez fue acribillado. En la grabación se observa cómo un hombre se aproxima al magistrado y le dispara en la cabeza mientras Bermúdez hacía ejercicio en las calles de Metepec, Estado de México.
Pese a que en 2016 México alcanzó la cifra más alta de homicidios en los últimos dos años (con un promedio de 55 personas por día), de acuerdo con cifras oficiales, esta es la primera vez que un juez de alto nivel como Bermúdez es asesinado.
Por esta razón tanto el ministro Jorge Pardo Rebolledo y la ministra en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, señalaron que se debe analizar la propuesta de jueces sin rostro.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se pronunció a favor de instaurar esta modalidad de anonimato en los jueces, sin embargo señaló que para ponerla en práctica es necesaria una reforma legislativa.
Una propuesta ya antes formulada
Esta propuesta es similar al modelo que fue utilizado en Perú en el año de 1981 para combatir la presencia del grupo Sendero Luminoso; años después se aprobó un modelo similar en Colombia para hacer frente a las FARC, que permitía mantener en secreto la identidad de los jueces y también de los testigos que aportaran datos.
También fue implementado en Italia para combatir los crímenes de la mafia, luego de que se incrementó súbitamente la cifra de jueces asesinados.
De acuerdo con Erubiel Tirado, coordinador de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, esta no es la primera vez que se discute la posibilidad de tener jueces con rostros ocultos en el país.
“En la década pasada se discutió esta situación pero en el poder judicial se decidió que no era necesario. Lo que hicieron fue potencializar los esquemas de seguridad. El hecho de que se optara por mayor protección, también implica mayores recursos destinados, que fue lo que se hizo”, detalló.
En marzo de 2011, un grupo de legisladores del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a presentar esa misma iniciativa que pretendía adherirse a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero la propuesta no prosperó.
Javier Oliva, experto en temas de seguridad, señaló en entrevista para Univision Noticias que en México es usual que hasta que no suceden hechos lamentables como la del asesinato del juez Bermúdez las autoridades comiencen a movilizarse.
“Es absurdo que los ministros de la suprema corte tengan que vivir un minuto de silencio para darse cuenta lo que tienen que hacer”, señaló.
Un arma de dos filos en México
Para el experto Erubiel Tirado sería difícil que el modelo de ‘jueces sin rostro’ se implementara de manera exitosa en México, debido a que no se ha analizado a fondo cómo se aplicaría de forma específica tomando en cuenta las condiciones que se viven en el país.
“México es un Estado deficiente en términos institucionales, por lo que una medida así simplemente acallaría conciencias pero no daría una solución concreta. Tenemos precedentes de importar figuras que luego resultan obsoletas porque se enfrentan a la realidad de la corrupción. Necesitamos una visión integral, una cuestión estructural”, detalló.
Según el último reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial que México ocupa el primer lugar en corrupción entre los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), un problema que ha repercutido seriamente a la sociedad y la confianza de inversionistas extranjeros para realizar negocios en el país.
Gabriel Regino, abogado penalista, coincidió con Tirado y aseguró que la medida suena apresurada por el modelo de justicia que tiene el país.
“El riesgo en México es que todavía no tenemos los estándares de una justicia pronta e imparcial porque en los estados del país los tribunales se encuentran a merced del gobernador en turno. Acceder a la justicia para un ciudadano común es una tarea titánica”, señaló.
Afirmó que una herramienta así provocaría un clima favorable para permitir la violación de los derechos humanos.
México es considerado el país más denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 2015, según un informe publicado por el organismo. Durante ese año se presentaron 1,164 peticiones de los 35 estados , y de esas denuncias, 849 fueron contra el gobierno de México, un total de 73 por ciento.
De acuerdo con el informe, desde 2012, México encabeza las peticiones y desde 2006 se mantiene en los primeros cuatro lugares al sumar 3,788 denuncias presentadas contra el gobierno del país.
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