Trump escondió en el presupuesto un 'truco' para hacer ilegales las ciudades santuario
Si las ciudades santuario pensaban que tenían protección legal frente al gobierno de Trump, la propuesta de presupuesto del presidente podría revertir totalmente esta situación.
Porque, escondido entre las 1,200 páginas del documento, hay un intento de cambiar la ley que muchas ciudades citan como justificación para no cooperar con autoridades federales de inmigración.
Específicamente, la Casa Blanca ha incluido unos cuantos párrafos que enmendarían la ley migratoria de 1996, de manera que las ciudades santuario serían explícitamente ilegales. Si el Congreso adopta esta parte del presupuesto presentado, esto socavaría drásticamente la autoridad de los gobiernos locales para actuar a discreción en esta área.
“Esto ni siquiera es un tema político”, dice Rick Su, profesor de Derecho Migratorio y Gobierno Local en la Universidad de Buffalo. “Esto es una cuestión sobre si una alcaldía, como empleador, puede definir las responsabilidades y tareas de la gente que ella contrata”.
Las ciudades santuario vs Trump: un resumen de lo sucedido hasta la fecha
El término ‘ciudad santuario’, como he escrito antes, es bastante nebuloso. Se refiere a jurisdicciones –ciudades y condados– que han puesto en práctica políticas que separan el actuar policial a nivel local con la aplicación de las leyes migratorias fedrales. Por ejemplo, los agentes de policía en Los Ángeles dejaron de preguntar sobre el estatus migratorio en las calles en 1979. La ciudad tampoco colabora con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) al mantener detenidos por tiempo extra a personas que ICE requiere (los llamados ‘detainers’).
Además, Los Ángeles aprobó una ordenanza para prohibir que se gasten fondos federales en aplicación de leyes migratorias. Otras jurisdicciones tienen sus propias variedades de estas normas (una nota importante: a cualquier persona que sea llevada a una prisión, en cualquier lugar, se le toman sus huellas dactilares y otra información que es compartida con autoridades federales).
En enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva obligando a los de su gabinete a retener fondos federales de las ciudades santuario. Este documento definió estas ciudades como las jurisdicciones que “voluntariamente violan” un estatuto federal ( el Código de EEUU Sección 1373), el que dice que los gobiernos locales no pueden prohibir que otras entidades de gobierno mantengan o compartan información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades de Inmigración. Esto generó un contraataque legal por parte de San Francisco y otras ciudades, las que demandaron al gobierno. En abril, un juez federal le dio la razón a las ciudades, bloqueando la orden de Trump.
En abril, el fiscal general Jeff Sessions envió cartas a nueve jurisdicciones santuario , pidiendo pruebas de que estaban, de hecho, cumpliendo la Sección 1373. De acuerdo a expertos legales, como Ilya Somin de la Universidad George Mason, esto constituye el equivalente a ponerle una pistola en la sien de los gobiernos locales y va en contra de la cláusula del federalismo que existe en la Constitución.
Lo que el estatuto original no dice también es importante: no dice que los agentes policiales están obligados a recolectar información migratoria, aceptar las peticiones de detención o hacer otros tipos de aplicación de leyes migratorias. En otras palabras, la ley original no dice que lo que hacen las ciudades santuario hacen es ilegal.
“La 1373 previene políticas de ‘no decir’… eso es, si alguien quiere intercambiar información con el gobierno federal, el gobierno local o estatal no los puede detener”, dice Su. “Pero muchas localidades agregaron a esto otra norma, implementando políticas de ‘no preguntar’ y ‘no usar los recursos de los municipios’”.
El segundo tema es la batalla legal respecto a los castigos a las ciudades santuario en lo que concierne a qué tanto se les puede castigar y quién lo puede hacer. De acuerdo a la Corte Suprema, la Casa Blanca no tiene la autoridad para añadir condiciones a los fondos federales. Eso solo lo puede hacer el Congreso. Además, las condiciones deben estar relacionadas con el fondo específico y ser explícitas, de forma de que los gobiernos locales puedan saber lo que aceptan antes de aceptarlos. El juez federal californiano que bloqueó la orden ejecutiva hizo referencia a esto en su dictamen.
En este caso, esto significa que el gobierno de Trump puede amenazar con bloquear muy pocos fondos federales relacionados siempre con aplicación de ley e inmigración, y solo si estos fondos no han sido adjudicados ya.
El presupuesto de Trump y cómo intenta evadir este problema
Expandiendo el alcance de la sección 1373, el gobierno quiere directamente hacer que las ciudades santuario sean ilegales.
“Lo que está intentando de deslizar aquí la istración de Trump es una completa y radical reescritura de la ley 1373”, dice a CityLab Phil Wogin, director de Inmigración en el Centro para el Progreso Estadounidense, una organización progresista de izquierda. “Básicamente lo que dicen es que, bajo la ley actual, no pueden penalizar a las ciudades santuario, así que simplemente cambiaremos la ley”.
En resumen, lo que dice el presupuesto es lo siguente:
- Plantea una provisión para expandir el tipo de información que puede ser compartida con el gobierno federal.
- Además de mantener y compartir información, dice que los gobiernos locales no pueden detener a las policías de recolectar esta información.
- Requiere que los gobiernos locales cumplan con todas las peticiones de detención (‘detainers’).
- Quizás sorpresivamente, limita la sección 1373 a agentes policiales (previamente, as ciudades no podía restringir a ninguna ‘entidad de gobierno’ de compartir información).
- Finalmente, delegan la autoridad de condicionar fondos relacionados con inmigración, aplicación de la ley y seguridad nacional al poder ejecutivo.
Para las ciudades, estas son malas noticias
La enmienda propuesta se enfrentará a conflictos constitucionales. “Exacerba los problemas de intervención que ya se veían en la sección 1373, por el hecho de que podría, potencialmente, cubrir muchas más cosas”, dice Ilya Somin. También abre las puertas a demandas, al requerir que las ciudades respeten las órdenes de detención incluso sin causa probable.
Para realmente entender lo que esto significaría en terreno para una ciudad, considera este escenario: un policía que saca multas de estacionamientos está caminando por la calle, pero en vez de cumplir esa labor, decide preguntar la situación migratoria de los peatones que ve. Luego compila esta información, la verifica y se la envía a los agentes federales. Bajo esta expansión de la sección 1373, la ciudad no podría decirle que deje de hacerlo.
“Esto es lo que llamo una ley rebelde, porque le da poder a agentes rebeldes a que no respeten a sus superiores en la ciudad y entre los mismos agentes”, dice Su. “Es una intromisión enorme al federalismo, en la habilidad de los estados y los gobiernos locales a manejar su propia burocracia”.
Y existe otro problema desde la perspectiva federalista. Aunque el gobierno federal no diga que no se puede detener a los agentes que quieran compartir esta información, la prohibición no implica que los agentes automáticamente deban hacer esto. “Una prohibición en una prohibición no necesariamente te da autoridad para hacer algo”, dice Su, especialmente debido a que las ciudades son clasificadas como “criaturas de estado… ellas reciben su poder del estado y no del gobierno federal, y el gobierno federal no puede forzarlas a hacer algo” (aunque hay estados que ya están dispuestos a hacerlo).
Estas complicadas líneas puede que no terminen en el presupuesto final que apruebe el Congreso, pero los activistas proinmigrantes tienen miedo de que sea ‘escondido’ en otras leyes que lleguen al despacho presidencial. Esto podría generar una enorme derrota a los gobiernos locales. Las ciudades tienen mucho que perder: tanto dinero como poder para gobernar.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.
