La nueva derrota judicial de ICE que apoya a las ciudades santuario
No hay ciudad en Estados Unidos que pueda impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deporte a un inmigrante indocumentado. Sin embargo, sí pueden mantener separadas la actividad policial local y la aplicación de las leyes migratorias federales solicitándole al departamento de policía de la ciudad que rechace las "órdenes de detención". Estas son peticiones no vinculantes de ICE que buscan la detención prolongada de los reclusos que sospecha que son deportables. Eso es lo que hacen las llamadas ciudades santuarios. Alrededor de 39 ciudades estadounidenses —incluyendo Chicago, Nueva York, Baltimore y San Francisco— tienen esas normas en vigor, las que limitan la colaboración con ICE.
Pero, ¿acaso no es perfectamente razonable detener a los delincuentes hasta que los agentes del ICE lleguen, se los lleven y los deporten? Resulta que no.
A pesar de las reformas en 2014, al menos la mitad de las órdenes de detención del ICE emitidas en los primeros dos meses de 2016 fueron en contra de personas sin antecedentes penales. De las personas objeto de órdenes de detención que fueron condenadas, la mayoría había cometido sólo delitos menores como violaciones de tránsito. Y muchos eran realmente ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. En una demanda colectiva en nombre de algunos de los que fueron injustamente perseguidos por esta política, un tribunal federal dictaminó recientemente que las órdenes de detención son efectivamente ilegales, haciéndole un nuevo reconocimiento a las políticas de ciudades santuarios en ciudades y condados de todo el país.
Éste es un primer paso para encaminar las acciones y la aplicación de la ley por parte de ICE hacia el estado de derecho.
En el caso de Jiménez Moreno et al v. Napolitano, el tribunal federal de distrito del distrito norte de Illinois concluyó lo siguiente:
“La conclusión es que, debido a que los agentes de inmigración no determinan de forma alguna que la persona objeto de una orden de detención probablemente escape al ser liberada y antes de que se pueda obtener una orden judicial, la emisión de órdenes de detención por parte de ICE que buscan detener a las personas sin órdenes judiciales correspondientes va más allá de sus facultades legales de realizar detenciones sin órdenes judiciales”.
El gobierno tiene hasta el 28 de octubre para apelar a la decisión del tribunal. Si no lo hace, las órdenes de detención emitidas por la oficina de campo de ICE en Chicago, la cual cubre Wisconsin, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri y Kansas, dejarán de ser válidas.
Eso no significa que ICE no pueda poner en custodia a quien desee en estos sitios. Sólo tiene que obtener una orden judicial, como cualquier otra agencia de aplicación de la ley. Y dado que el gobierno gastó un 25% más en la aplicación de las leyes de inmigración que en el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y otras agencias de la leyes federales combinadas en 2012, y que su presupuesto ha aumentado desde entonces, eso no debe ser demasiado difícil.
Pero la importancia de esta decisión realmente se aplica a cada ciudad y condado de Estados Unidos. Básicamente, "significa que en casi toda orden de detención que ICE ha emitido en la última década (hasta este momento, son millones) a las agencias locales de aplicación de la ley es una detención ilegal", le dice Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, quien es representante de los demandantes en este caso, a CityLab.
Cumplir con estas solicitudes sería imprudente, añade Fleming, porque la sentencia les ha dejado la puerta abierta a las demandas. "Éste es un primer paso para encaminar las acciones y la aplicación de la ley por parte de ICE hacia el estado de derecho, algo que no ha hecho desde que se fundó", explica Fleming (Gail Montenegro, la funcionaria de asuntos públicos para la oficina de ICE en Chicago, dijo a CityLab que la agencia estaba "revisando la sentencia del tribunal para determinar su curso de acción").
Pero, ¿acaso limitar la cooperación con ICE hará de las llamadas ciudades santuarios lugares más peligrosos? Ése es el argumento común que esgrimen los que se oponen a estas políticas. Y eso es falso. Como se dijo antes, ICE es aún libre de llevar a cabo acciones de aplicación de la ley cuenta propia. Y cuando los investigadores compararon las tasas de delincuencia en las ciudades antes y después de que se aprobaran las leyes que limitan la colaboración entre ICE y la policía, no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa. De hecho, hay pruebas de que la severa actuación de la policía contra los inmigrantes tiene efectos sociales y económicos negativos sobre toda la comunidad. Todo esto sugiere que las políticas de ciudades santuarios pueden ser realmente una mejor ruta hacia comunidades confiables, seguras y libres de demandas.
Este artículo fue publicado en inglés en CityLab.com.
