"La policía no fue a detener delincuentes, fue a matar a gente": ejecuciones y desalojos masivos en el plan de seguridad de Maduro en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- Cuando los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en el apartamento de Harrison Antonio Escobar Martelo, aún no había amanecido. Eran las 4:30 de la madrugada y la mayoría de los vecinos dormía.

Cuenta su pareja que a él lo sentaron en el mueble de la sala y a ella la sacaron por la fuerza. Apenas cruzó la puerta y dio unos pasos hacia la escalera principal, escuchó un disparo. Un frío aterrador recorrió todo su cuerpo. Su novio jamás volvería a ver la luz del sol.

Escobar Martelo, un mecánico de 28 años, vivía en Ciudad Caribia, complejo residencial ubicado a 21 kilómetros de Caracas. Inaugurada por el difunto presidente Hugo Chávez el 26 de agosto de 2011, su gobierno celebró su construcción prometiendo que allí se “materializaría el socialismo en la comunidad”. Según la propaganda gubernamental, “Ciudad Caribia es el sueño de Chávez”.

El jueves 17 de noviembre los habitantes del barrio sufrieron su peor pesadilla. Ese día, 272 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fuertemente armados ejecutaron en la zona la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), la política de seguridad implementada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir la violencia criminal que sacude a Venezuela.

“Los policías no tocaban las puertas, solo las tumbaban a golpes. Sin mediar palabra ni solicitar identificación, maltrataban a las personas. A dos muchachos los apuntaron a la cabeza y los amenazaron de muerte, a una chica la patearon y a otra la golpearon en la cara con unas esposas”, refiere una testigo que por temor a represalias ha pedido no revelar su nombre.

Los agentes no actuaron solos. En la toma de Ciudad Caribia intervinieron de “colectivos”, fuerzas paramilitares afines al chavismo que imponen su ley con el apoyo del Estado. “Los colectivos están armados y hacen lo que le das la gana”, lamenta la señora.

La redada concluyó con el asesinato de tres personas. Una de ellas fue Escobar Martelo. “Las autoridades dicen que hubo un enfrentamiento, pero eso es mentira”, declara María, nombre ficticio que utiliza una prima del joven para ofrecer su relato.

La mujer siente miedo y no confía en nadie. Confiesa que jamás olvidará los rostros de aquellos policías. “Mientras todos llorábamos, ellos se reían de nosotros y nos grababan. Se burlaban de nuestro dolor”, recuerda y se le quiebra la voz. En medio de las lágrimas de sus familiares y las risotadas de sus verdugos, el cadáver tiroteado de Escobar Martelo yacía en el piso de su hogar.

La reseña oficial señala que en la residencia de la víctima encontraron dos escopetas y un rifle que supuestamente pertenecía a una de las bandas criminales más peligrosas del país. La familia niega todo y ha denunciado el caso ante la Fiscalía General de la República y la Asamblea Nacional.
“Mi primo no tenía antecedentes penales. Queremos que haya justicia, que esos policías que se reían de nosotros estén presos. Harrison Antonio era inocente”, expresa María con el alma revuelta por la rabia y la pena.

Guerra contra "los enemigos del pueblo"

Maduro lanzó la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en julio de 2015. “Aquel que atraca, que mata a nuestro pueblo, es enemigo del pueblo. Ha llegado la hora de liberar a nuestras comunidades, ¡ya basta!”, indicó el jefe de Estado al ordenar el despliegue de este programa.

Desde su llegada al poder en 1999, el chavismo ha diseñado y aplicado más de 20 planes de seguridad, todos con el mismo resultado: un rotundo fracaso.

Venezuela marcha a ciegas, en lo que respecta a estadísticas oficiales. Aquí nadie conoce el índice de inflación, el porcentaje de escasez o los valores básicos del desempeño de la economía local. Lo mismo ocurre en el campo de la criminalidad. Ese vacío lo ha llenado la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que contabilizó 28,479 homicidios en 2016, para una tasa récord de 91.8 por cada 100,000 habitantes; de acuerdo a esa referencia, Venezuela es el segundo país más violento del mundo, después de El Salvador.

El análisis del Observatorio Venezolano de Violencia revela que en 2016 ocurrieron 5,281 muertes por “resistencia a la autoridad"; esto es, personas que habrían perdido la vida al enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado.

“En años anteriores 65% del total de víctimas por resistencia a la autoridad concluía en casos fatales, pero los resultados de este año, con análisis de cifras primarias, nos muestran que ese indicador ha aumentado a 79% y eso tiene que ver con las operaciones y acciones que se han desarrollado este año”, expuso el criminólogo y responsable del OVV, Roberto Briceño León.

El gobierno no ha precisado el número total de presuntos delincuentes "ultimados" en el marco de la OLP. Tampoco suele identificarlos ni brindar detalles sobre su prontuario, las razones por las cuales eran perseguidos o las circunstancias en las que murieron. Pero sí insiste en relacionar el fenómeno de la violencia criminal con supuestos planes desestabilizadores de la oposición y del paramilitarismo colombiano, con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a la cabeza.

Un balance presentado por las ONG Human Rights Watch y Provea el año pasado destaca que en el último semestre de 2015, “ 245 personas murieron en el marco de la ejecución de la OLP”. En ese mismo informe documentaron la existencia de “20 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante las redadas de la OLP en 2015”. Estas organizaciones defensoras de DDHH sostienen que el “elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad por sí solo genera dudas sobre si el uso de la fuerza letal estaba justificado, y en qué medida lo estaba”.

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Luis Reverol Torres, anunció el 6 de octubre de 2015 el inicio de una “nueva fase” de estos operativos. Tan solo dos días más tarde, ya habían liquidado a 41 supuestos criminales.

Reverol Torres declaró que esta etapa se desarrollaría para “liberar al pueblo de bandas organizadas y garantizar la paz”. No obstante, en los días siguientes 21 civiles fueron asesinados en dos masacres perpetradas por militares en los estados Miranda (centro-norte) y Sucre (oriente). Hasta la fecha, 24 uniformados están detenidos por estos hechos.

Las críticas contra la OLP no se han limitado a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y las organizaciones protectoras de Derechos Humanos. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ambos claramente alineados con el régimen chavista, cuestionaron sus prácticas.

“Nos preocupa la OLP por la cantidad de denuncias por presuntas violaciones a los DDHH”, reconoció Ortega Díaz, al tiempo que Saab planteó “revisar, corregir y mejorar ese operativo para ser adaptado a los estándares internacionales”.

Maduro acusó recibo de las críticas el 17 de enero de este año. “He decidido reformar la OLP luego de algunos percances”, expuso el mandatario. Tras itir la existencia de “abusos y fallas”, rebautizó el plan como “Operaciones Humanistas de Liberación al Pueblo (OHLP)” y recalcó que estos operativos “son para liberar al pueblo, no para reprimir al pueblo”.

Desalojos masivos, "por las buenas o por las malas"

A Emily León no la mataron, aunque insistentemente repite que “me destruyeron la vida”. El 24 de julio de 2015 quedó en la calle junto con su esposo y sus dos hijos de 6 y 9 años. Ese día, a las 4:30 de la madrugada, efectivos de la Guardia Nacional la echaron de su casa, emplazada en la carretera que une a Caracas con Los Teques, capital del estado Miranda, aduciendo una supuesta “orden presidencial”.

“Nunca nos dieron las razones. Solo nos dijeron que teníamos dos horas para desalojar por las buenas o por las malas”, rememora León, quien metió sus 23 años de vida en un par de bolsas negras antes de salir huyendo del lugar.

Al día siguiente, la agencia estatal de noticias reportó que los militares habían desarrollado una OLP para desarticular una “célula paramilitar” que operaba en la zona, pero ella alega que allí vivían 110 familias humildes, “con muchos niños”, que se dedicaban a la producción agrícola.

En fotos: los barrios arrasados por la OLP, el operativo policial ordenado por Nicolás Maduro contra la inseguridad

En su evaluación sobre estos operativos, Human Rights Watch y Provea resaltan los “desalojos forzosos y la destrucción de viviendas” en la lista de abusos cometidos por los uniformados.

“No respetaron nada. Sacaron a mi abuelo de 84 años y a una prima de 17 que estaba embarazada. Ha sido un golpe muy fuerte del que todavía no nos recuperamos”, se queja León desconsolada.

Todas las casas quedaron reducidas a escombros. El Gobierno se comprometió primero a recibirlos en refugios y, después, a entregarles casas propias. Nada se ha cumplido. Las autoridades no responden y León tampoco sabe qué contestarle a su hija cuando le pregunta si volverán a ser felices.

“Tenemos dos años sin hogar, durmiendo en lugares distintos sin ningún tipo de indemnización. Para nosotros, la OLP es una máquina de violación de Derechos Humanos”, resume la joven.

"La OLP es una pena de muerte"

La última vez que vieron con vida a Andrés Granados Padrón, de 25 años, tenía las manos amarradas, el rostro cubierto y unos policías lo llevaban por un callejón. Había salido a las 6:00 de la mañana de su casa, rumbo a su trabajo. Pero ahora nadie sabía cuál sería su destino.

“Un vecino nos alertó que habían capturado a mi hijo”, narra Asdrúbal Granados, un taxista de 51 años. La madrugada del 6 de octubre de 2016, la OLP comenzó su “nueva fase” en la parroquia 23 de Enero de Caracas. Casi 200 funcionarios policiales con fusiles y pasamontañas tomaron por asalto este sector popular del oeste de la capital, que es considerado un símbolo de la lucha revolucionaria y bastión electoral del chavismo.

Los padres de Granados Padrón emprendieron su búsqueda por distintas comisarías de la ciudad. “Aquí no está”, les respondían sin prestarles mayor atención, “vayan a otra”. Pasado el mediodía, el señor Asdrúbal se dirigió al Hospital Periférico de Catia. Entonces, sus peores temores se convirtieron en realidad.

“Allí estaba el cadáver de mi hijo desnudo, lo habían dejado tirado como un perro, junto con otros seis cuerpos más. En las muñecas de sus manos tenía las marcas de haber estado amarrado. A él lo ejecutaron”, asegura.

Las autoridades informaron que en el 23 de Enero habían eliminado a 11 antisociales, nueve de ellos integrantes de una banda criminal. En esa lista figuraba Granados Padrón, un vendedor de embutidos, casado y padre de un niño de 4 años.

“Mi hijo sí tenía antecedentes penales por un hurto que cometió a los 18 años, pero no formaba parte de ninguna banda ni cayó en un enfrentamiento como aseveró el ministro Reverol Torres”, aclara Granados, quien ya exigió una averiguación formal ante el Ministerio Público.

La investigación avanza con dificultades. Los testigos evaden los interrogatorios. Nadie quiere correr riesgos con la policía y mucho menos con los colectivos que también participaron en aquel operativo. Pese a los obstáculos, la familia no cede.

“Nunca me voy a cansar mientras respire”, jura el padre. “Yo saqué para adelante a mi hijo, ahora mismo estaba yendo a la universidad. Este dolor no se lo deseo a nadie, uno no consigue explicación. La policía no fue a detener a los delincuentes, que siguen robando y vendiendo drogas en la zona, sino a matar a la gente. La OLP es una pena de muerte que están ejecutando en los barrios”, sentencia Granados.