Obama “nos tiene que dejar un recuerdo a nosotros, los indocumentados”
Un año después de anunciada la Acción Ejecutiva, la desazón cunde entre los indocumentados en Homestead, sur de Florida, un poblado agrícola que en invierno se transforma en el granero de Estados Unidos.
Los aplausos, vítores y sonrisas se convirtieron en lágrimas, quejas y tristezas. “Nos quedamos igual o peor que antes, llenos de miedo”, contó a Univision Noticias Catarina José, una inmigrante indocumentada guatemalteca que llegó al país en el 2004.
“Tengo dos hijas estadounidenses, de 10 y 4 años. El plan del presidente dice que puedo pedir el amparo por ellas, pero todo está detenido”, explica.
El beneficio migratorio anunciado el 20 de noviembre protege de la deportación a por lo menos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés), y también a dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012.
“No sabe la ilusión que nos hicimos con mis hijas y mi esposo”, recordó Catarina. “Pensamos que nos iban a dar los papeles pero ya ve que no, todo se quedó en nada”.
En el banquillo
Dos semanas después del anuncio, el 3 de diciembre, un grupo de 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandó la medida argumentando que Obama se había extralimitado en sus poderes ejecutivos y que la medida violaba la Constitución.
El 16 de febrero una corte federal de distrito en Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar que dejó en suspenso el programa. El fallo fue ratificado con dos sentencias emitidas por la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, la última el pasado 9 de noviembre.
“Se despertaron todos los miedos”, dijo Catarina. “Pensábamos que ya no nos iban a deportar pero al no tener los papeles todo sigue igual que antes, incluso peor”.
Discurso antiinmigrante
“¿Se imagina si nos agarran y nos echan?”, preguntó Catarina. “No sé qué haría sin mis hijas. Porque el miedo ahí está, todos los días. Cuando salimos a la calle no tenemos licencia y mi esposo no puede conseguir un buen trabajo porque no tiene papeles”.
“Y tampoco tenemos dinero guardado. Él gana $300 dólares a la semana y pagamos de renta $1,200 dólares. A eso se suman los gastos de luz, agua y teléfono. Vivimos con lo justo porque en mi casa vive un hermano de mi esposo y un sobrino, y ellos pagan una parte”, explicó la inmigrante.
Agregó que “la verdad es que no nos falta nada, gracias a Dios, pero tampoco nos sobra. No tenemos ahorro porque vivimos al día”.
Pecado imperdonable
Las preocupaciones de Catarina van más allá de la guerra que la Acción Ejecutiva libra en las cortes. “Mi esposo no podrá calificar por un problema que tuvo cuando joven”, dice.
Adolfo, cuyo nombre fue cambiado para proteger su verdadera identidad, fue detenido hace un par de años y arrestado por conducir bajo estado de ebriedad.
“Le dieron un DUI y quedó registrado en sus antecedentes. Lo marcó para toda la vida”, dijo su esposa.
Los cargos por manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es una de las faltas imperdonables para calificar a los beneficios de la Acción Ejecutiva de acuerdo con un memorando interno del jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, firmado el 20 de noviembre del año pasado.
“Me arrepiento todos los días de mi vida”, dijo Adolfo a Univision Noticias. “No puedo aplicar si la activan. Lo hará mi esposa pero yo me quedaré como ahora, incluso con más miedo a que me deporten”.
Algunos activistas advierten que no todos los pecados viejos excluirán a los indocumentados del beneficio de la Acción Ejecutiva. “Los que tengan algún tipo de antecedente deben consultar un abogado”, dijo Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).
El activista agregó que este paso “toma tiempo y dinero”, pero advirtió que “no deben hacer nada sin antes tener consejo legal” para evitar perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Las prioridades de ICE
El memorando firmado por Johnson explica cuáles son las prioridades de deportación que tiene en cuenta la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
- Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
- Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
- Prioridad 3: personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
- Prioridad 4: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
“Mucha gente piensa que se puede limpiar el récord”, recordó el abogado Ezequiel, “pero la información no se borra de los archivos de inmigración. Por eso hay que tener cuidado y averiguar bien con un abogado para ver qué y cómo se hace para no tener problemas en el caso de solicitar un beneficio”.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) advierte que un delito como el DUI puede afectar su elegibilidad, por ejemplo, para la residencia permanente, según los particulares del caso. Y que incluso con un DUI una persona puede perder su estatus de residente legal permanente si comete un delito que cause su deportación de Estados Unidos en virtud de la ley descrita en la Sección 237 o 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Pedido a Obama
Si bien el futuro de la Acción Ejecutiva es incierto, Catarina no pierde la esperanza en conseguir papeles de estadía legal en Estados Unidos.
“Si pudiera decirle algo al presidente, le diría que nos tiene que dejar un recuerdo a nosotros, los indocumentados”, dijo. “Ya va se va a salir y nos tiene que dejar un recuerdo para que no lo olvidemos”.
Hernández explicó que este viernes 20 de noviembre vence el plazo para que el gobierno presente un recurso ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal de justicia decida si incluye el tema en el calendario 2016.
“Luego dará un plazo para que los demandantes respondan al pedido y a mediados de enero anunciará si lo trata o lo desestima. Un fallo final lo entregaría a finales del verano”, apuntó.
Los estadounidenses elegirán un nuevo presidente en enero de 2016. Si la Corte Suprema no atiende el pedido de revisión de la medida, la Acción Ejecutiva podría quedar como un recuerdo truncado.
“Quiera Dios que no”, dice Catarina. “No sería justo para nuestros hijos nacidos aquí en los Estados Unidos”.
