Penalizar el transporte de indocumentados y recogidas de ADN: las restrictivas leyes migratorias aprobadas en Alabama
Alabama se sumó en los últimos días a la lista de estados conservadores que han aprobado estrictas leyes migratorias para apoyar la estrategia de Donald Trump contra los extranjeros en Estados Unidos.
Las nuevas normas aumentan en la práctica las restricciones sobre la migración ilegal y sobre la identificación de votantes mediante polémicas medidas.
La que más controversia ha causado, probablemente, es la recogida de muestras de ADN de los indocumentados que se encuentren bajo custodia. A ella se suma la penalización por transportar a Alabama a un inmigrante indocumentado, como ya ocurre en otros lugares del país.
Las autoridades del estado defienden las normativas asegurando que servirán para cerrar lagunas legales existentes y mejorar la identificación de personas indocumentadas.
“Alabama está tomando medidas para proteger a nuestras comunidades de los impactos en la seguridad pública y la integridad de nuestras elecciones”, declaró la semana pasada su gobernadora, la republicana Kay Ivey.
La recogida de muestras de ADN de indocumentados en Alabama
El pasado 12 de mayo, Ivey promulgó la ley SB 63 que exige la toma de muestras de ADN y huellas dactilares de las personas indocumentadas que se encuentren bajo custodia de las autoridades.
El gobierno argumenta que su objetivo es acelerar la recogida de datos biométricos, para que las autoridades tengan un más rápido y eficiente a la información de antecedentes de los inmigrantes. Debe entrar en vigor el próximo 1 de junio.
La medida, sin embargo, ha sido duramente criticada por quienes la consideran una invasión de la privacidad de alguien que simplemente ha sido detenido, sin haber sido acusado o condenado por un delito.
Las muestras tomadas de cada individuo no solo serán compartidas con el sistema estatal de Alabama, sino también con las bases de ICE y del FBI.
Por ello, la recogida de estos datos podría tener implicaciones para estas personas como que sigan siendo rastreadas por las autoridades en el futuro, incluso después de haber regularizado su estatus migratorio, o que estas muestras sean usadas en futuras solicitudes migratorias de los afectados, tal y como alerta el sitio web de Abogados Centro Legal, un bufete especializado en representar a inmigrantes hispanos y basado en la ciudad de Birmingham, en Alabama.
La nueva ley que penaliza transportar a un indocumentado en Alabama
Por otro lado, la gobernadora firmó además la ley SB 158, que prohíbe el uso de licencias de conducir extranjeras para votar en unas elecciones. La medida, que hasta ahora no estaba explícitamente excluida en la ley estatal, supondrá que solo los residentes legales y con documentación puedan participar en los comicios.
"Estos proyectos de ley lograrán precisamente eso, cerrando una laguna en la ley estatal relativa a la identificación de votantes, a la vez que mejoran la capacidad de las fuerzas del orden para identificar eficazmente a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales", explicó Ivey.
Por último, la gobernadora promulgó también recientemente la ley SB 53, que exige a las autoridades locales ar a agentes federales de inmigración si tienen una sospecha razonable de que una persona se encuentra en situación irregular, a menos que pueda mostrar cierta documentación.
Con esta ley, que entrará en vigor en octubre, Alabama se suma a los estados que consideran un delito grave el introducir por sus fronteras de forma intencional a una persona indocumentada sin autorización legal.
Así, llevar en el vehículo a una persona sin papales migratorios en orden o compartir el viaje al trabajo con una persona indocumentada sería penalizado por la nueva ley.
La ley contempla algunas exenciones y no castigará al personal médico llevando a pacientes en emergencias, a profesores con alumnos en actividades escolares y a abogados que trasladan a sus clientes a citas migratorias, entre otros.
Sin embargo, estas exenciones no protegen a los de la comunidad, familiares y amigos que viajen con sus seres queridos, por lo que corren el riesgo de ser objeto de esta ley.
La ley protege "no solo a los ciudadanos de Alabama, sino también a las personas que están inmigrando aquí legalmente y haciendo todo de la manera correcta", defendió la semana pasada el senador republicano Wes Kitchens, patrocinador del entonces proyecto de ley.
Críticas contra las nuevas leyes migratorias en Alabama
Sin embargo, esta norma recibió duras críticas desde que comenzó a ser debatida por los legisladores.
“Esta ley ataca injustamente a las comunidades inmigrantes, aumenta el riesgo de discriminación racial, es excesivamente punitiva e innecesariamente cruel”, dijo en un comunicado Allison Hamilton, directora ejecutiva de la ACIJ (Coalición de Alabama para la Justicia de los Inmigrantes).
“Estas leyes autorizan la discriminación racial no solo de personas indocumentadas, sino también de ciudadanos e inmigrantes que puedan parecer extranjeros o hablar con acento”, declaró por su parte A’Niya Robinson, directora de Políticas y Organización de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Alabama.
Ambas organizaciones reprocharon al gobierno estatal que se vayan a criminalizar “interacciones cotidianas”.
“Según la ley, los habitantes de Alabama pueden ser criminalizados por interactuar a diario con personas que viven aquí sin documentos, como llevarlos al supermercado o a la iglesia. No deberíamos criminalizar a nadie que ayude a sus compatriotas de Alabama”, se lee en el comunicado conjunto.
Lo cierto es que ley federal ya tipifica como delito el transporte intencionado de alguien que se encuentra en EEUU con estatus migratorio irregular. Esa ley se ha utilizado en áreas fronterizas contra conductores que recogen a personas que cruzan al país sin autorización legal.
Sin embargo, históricamente no se ha utilizado para cosas menores como llevar a alguien al supermercado, le dijo a la agencia AP Kathleen Campbell Walker, una abogada de inmigración basada en El Paso, Texas.
El congresista demócrata Phillip Ensler, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Alabama, testificó contra la iniciativa recordando que el delito ya existe bajo la ley federal.
itió que las exenciones mejoraron el entonces proyecto de ley, pero dijo: "Parece muy cruel y demasiado amplio que vayamos a penalizar a personas que hacen cosas inocentes".
Otros estados ya aprobaron medidas migratorias similares en EEUU
Alabama se une a al menos otros nueve estados que han considerado aprobar una ley este año que convierte en delito el transportar a inmigrantes indocumentados en EEUU, según un análisis de AP.
La ley de Alabama es similar a una ley aprobada en Florida en 2023, que convirtió en delito estatal el transporte intencionado de alguien que haya ingresado de manera irregular al país.
Un juez federal emitió una orden judicial preliminar contra aquella ley el año pasado, señalando su preeminencia por la ley federal. Pero en marzo, el juez limitó esa orden para bloquear la aplicación de la ley solo contra algunos de los demandantes, incluidos varios de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, firmó una ley este mes que penaliza el albergar, transportar o esconder a individuos sin estatus de inmigración legal "con el propósito de obtener ventaja comercial o ganancia financiera privada".
Texas también ha endurecido sus leyes de inmigración. El año pasado, aumentó las penas de prisión bajo una ley estatal contra el tráfico de inmigrantes que prohíbe transportar a personas con la intención de ocultarlas de las fuerzas del orden.
Algunas de las medidas similares consideradas por las legislaturas este año se aplicarán de manera más limitada que las leyes de Florida y Texas.
Por ejemplo, una ley de Idaho firmada en marzo por el gobernador republicano Brad Little crea un delito grave de "tráfico de un extranjero ilegal peligroso", definido como el transporte intencionado de alguien en el país sin autorización legal y que ha sido condenado por un delito grave o ciertos delitos sexuales.
El nuevo delito es punible con hasta dos años de prisión y una multa de $10,000.
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