Juez inicia proceso contra el gobierno de Trump para declararlo en desacato tras incumplir su orden de no expulsar a venezolanos a El Salvador
El juez a cargo de la Corte de Distrito de DC, James Boasberg, dijo este miércoles que existe "causa probable" para iniciar un procedimiento contra los funcionarios del gobierno de Donald Trump que desacataron su orden del 15 de marzo de no expulsar a venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
"La corte determina en última instancia que las acciones del gobierno ese día demuestran un desacato deliberado a su orden, suficiente para que la corte concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal", se lee en el memorando publicado este miércoles por Boasberg.
El juez explica que no llegó a la conclusión de forma "ligera o apresurada", sino que dio "amplia oportunidad" a los acusados "para rectificar y explicar sus acciones": "Ninguna de sus respuestas han resultado satisfactorias", se lee.
En su opinión de 46 páginas, Boasberg asegura que a pesar de que la decisión de la Corte Suprema dejó sin efecto su orden de bloquear de forma temporal las expulsiones a El Salvador por "defectos legales", todas las órdenes judiciales emanadas por una corte deben ser obedecidas. "Si una parte elige desobedecer la orden —en lugar de esperar que se corrija a través de un proceso judicial— esa desobediencia es castigable como desacato", insiste.
Boasberg escribe que incluso si el gobierno consideraba que su orden invadía facultades del Poder Ejecutivo, podían pedir una revisión judicial, "pero no desobedecerle". Dice que su orden es una muestra de lo que "consistentemente" hacen las cortes: revisar y, en ocasiones, frenar acciones ejecutivas.
El juez puso como plazo el 23 de abril para que el gobierno tome una decisión entre dos opciones: explicar por qué se incumplió su orden y qué pasos están dando para honrarla o, por el contrario, proveer los nombres de los funcionarios que tenían que hacer cumplir su orden de no expulsar a los venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y decidieron no parar el proceso el 15 y 16 de marzo.
¿Qué pasará antes de llegar al desacato del gobierno?
En las últimas páginas de su orden, el juez Boasberg asegura que la corte le dará la oportunidad al gobierno para evitar un proceso criminal por desacato. Consiste en remediar su violación al obedecer voluntariamente a la orden judicial, explica.
La manera más obvia de hacerlo, dice, es que los demandados confirmen que tienen la custodia de las personas expulsadas en violación a la orden del juez para que así, se les permita impugnar su expulsión mediante un procedimiento de habeas corpus.
"El gobierno no necesitaría liberar a alguna de esas personas, tampoco transportarlos de regreso a su país", se lee. "La corte también les dará la oportunidad a los demandados de proponer otros métodos para cumplir con la orden, que serán evaluados".
Pero por otro lado, si el gobierno decide no evadir el proceso de desacato, Boasberg asegura que la corte procederá a identificar a los responsables de incumplir su orden de forma "específica o por omisión".
En este caso, la corte de distrito de DC, que él preside, convocará a audiencias en las que se tomarán testimonios de testigos presenciales bajo juramento o declaraciones de los demandantes.
El siguiente paso, explica, sería que la corte solicite que el desacato sea procesado por un abogado del gobierno. Boasberg asegura que si el Departamento de Justicia se niega a designar uno, lo hará el propio tribunal para que se pueda procesar al gobierno.
El intento de frenar la expulsión de venezolanos a El Salvador
En su recuento de hechos, Boasberg asegura que el 15 de marzo el gobierno de Trump expulsó a venezolanos a un paso que avanzó "más rápido que los procedimientos judiciales en los que participaba activamente". Ese día, los funcionarios argumentaron que las órdenes dadas por él —oral y escrita— para frenar las expulsiones llegaron en momentos en que los vuelos ya estaban fuera del espacio aéreo de Estados Unidos.
Aseguraron, explica el juez, que el gobierno manifestó confusión entre la orden oral y la escrita. Pero Boasberg dice en su razonamiento que ambas exigieron lo mismo de forma "suficientemente clara y específica": que no se entregara a los inmigrantes venezolanos a funcionarios de El Salvador o a una prisión en ese país, como el Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot).
Boasberg escribe en su opinión de este miércoles que su orden de marzo perseguía que EEUU mantuviera la custodia de los venezolanos: "La corte advirtió que si mantener la custodia implicaba garantizar que los aviones no despegaran, dieran la vuelta o no descargaran a sus pasajeros, entonces tales acciones debían llevarse a cabo, pero que los demandados debían cumplirlas como lo consideraran prudente logística y operativamente".
Aún así, el 16 de marzo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostró un video en su cuenta de X con la llegada a su país de 238 venezolanos que, dijo —solo apoyándose en las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos—, eran del Tren de Aragua. En las imágenes se veía cómo eran entregados a funcionarios de El Salvador, que los transferían encorvados hacia los autobuses que los llevarían al Cecot.
"Desde el inicio del sábado, la conducta del gobierno delató un deseo de sobrepasar el alcance equitativo del Poder Judicial", escribió Boasberg este miércoles. "La decisión de despegar aviones durante la audiencia de la tarde fue aún peor. El gobierno sabía desde esa mañana que la corte tendría una audiencia para determinar si cualquier persona bajo su custodia podía, de conformidad con la Ley, ser expulsada", asevera. "Dicha conducta sugiere un intento de evadir una orden y negar a quienes estaban a bordo de los aviones la oportunidad de acogerse a una revisión judicial".
"Un creciente obstruccionismo" para explicar la expulsión de venezolanos a El Salvador
En este video puedes ver una cronología de las expulsiones y de cómo el juez Boasberg intentó a contrarreloj e infructuosamente devolver los vuelos:
Como consecuencia, decenas de venezolanos resultaron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, firmada por el presidente Donald Trump en último momento, y que los dejó sin al debido proceso para defenderse de las acusaciones de pandilleros del Tren de Aragua.
Después de eso, el juez convocó una audiencia en la que exigió a los funcionarios del gobierno que le explicaran todo el proceso que llevó a las expulsiones y al desacato de su orden de devolverlos. En la opinión de este miércoles reclama que ni en esa ni en las siguientes audiencias, los acusados han respondido preguntas básicas sobre lo sucedido el 15 y 16 de marzo.
El gobierno finalmente invocó el privilegio de secreto de Estado para evitar dar información adicional a Boasberg. Aseguran que eso podría poner en riesgo la seguridad nacional, algo que ha sido cuestionado por el juez.
"Lo que se vio en los siguientes días fue un creciente obstruccionismo por parte del gobierno al negarse a responder preguntas básicas", asevera Boasberg, que en una de sus conclusiones dijo que funcionarios de Estados Unidos pudieron haber actuado de "mala fe" al apresurar el traslado de inmigrantes venezolanos a El Salvador.
El gobierno de Trump ha asegurado sin mostrar mayores evidencias que la mayoría de los más de 100 venezolanos enviados a El Salvador son del Tren de Aragua. Su mayor prueba para incriminarlos son sus tatuajes, que el gobierno dice representan a la banda. Sin embargo, expertos en esa organización criminal, análisis de inteligencia revisados por Univision Noticias e incluso un tatuador venezolano, han explicado cuan comunes son estas pintas en la cultura venezolana. En este video puedes escuchar el testimonio de Pedro Freites, quien diseñó y realizó la mayoría de los tatuajes de uno de los venezolanos expulsados a El Salvador:
¿Quién tiene la custodia de los expulsados a El Salvador?
En su opinión de este miércoles, Boasberg detalló las razones por las que su orden temporal para restringir la expulsión de venezolanos era importante, no sólo para proteger en inicio a los cinco demandantes sino a toda la clase. Entre otras cosas, asegura que al enviarlos a El Salvador la corte podría perder su habilidad para ofrecerles un remedio: aunque puede ejercer su poder sobre funcionarios estadounidenses —incluso si se encuentran en el extranjero— no puede controlar, por ejemplo, a los guardias del Cecot.
"Cualquiera que hubiera prestado atención a la audiencia (como presumiblemente hizo el gobierno) habría sabido que la acción final de los demandantes era evitar con una orden temporal de restricción (...) su liberación de la custodia estadounidense a un país extranjero o a manos extranjeras", se lee.
De allí, que el juez en sus audiencias señalara esta como una de las razones por las que los venezolanos expulsados a El Salvador podían sufrir un daño irreparable.
