Para un funcionario, las personas con síndrome de Down no necesitan pensión porque «pueden trabajar»
Más de 80 mil pensiones no contributivas por discapacidad fueron recortadas en 2017 en Argentina. La medida es sumamente controversial y fue tomada sin previo aviso por el Ministerio de Desarrollo Social, que apeló a un decreto de 1997, según el cual no todos los casos aplican a este beneficio.
En este contexto fue que Guillermo Badino, Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, justificó los recortes diciendo una barbaridad que prueba su desconocimiento sobre el tema: «una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara».
¿Quiénes pueden acceder a una pensión por discapacidad?
Según el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social, para acceder a este beneficio es necesario cumplir estos requisitos.
Así de insólito como suena, personas con discapacidad cuyo cónyuge (o ellos mismos) cobre una jubilación mínima -es decir, $6377- no cuentan con el derecho a la pensión no contributiva. Así, de la módica suma de 6 mil pesos, deberían poder subsistir no solo una persona jubilada (lo que ya de por sí representa todo un desafío) sino además una persona con discapacidad, que en la mayoría de los casos no tienen al campo laboral.
Es cierto que un gran porcentaje de las personas que cobran la pensión no contributiva estaría en condiciones de trabajar, pero se enfrentan a las enormes barreras sociales: la discriminación, la desinformación y la falta de oportunidades.
Así, quedan excluidos del sistema. El Estado debería asegurar puestos laborales a todas aquellas personas a las que les quite la pensión.
Lo que el Estado te lo da, el Estado te lo quita
Si bien uno podría decir que «la ley está para cumplirla», cabe preguntarse si justifica realizar un recorte arbitrario sin analizar cada caso individualmente.
Por ejemplo, se registraron casos en los que personas con discapacidad perdieron la pensión porque ellos o algún familiar tenía auto. Sin embargo, la mayoría de estos vehículos habían sido adquiridos gracias a créditos para personas en situación de discapacidad otorgados por el mismo Estado para mejorar la movilidad de estas personas.
Más allá de lo económico
Supongamos que una persona con discapacidad vive con un familiar que perciba más de 21 mil pesos mensuales. La medida tampoco tiene en consideración que esa persona puede tener una familia propia a cargo y que no pueda lidiar con los costos extra de cuidado que requiere cada caso.
Por otro lado, ser beneficiario de una pensión por discapacidad permite a la persona acceder a facilidades que van más allá de lo económico, como cobertura médica, tratamientos o cuidados especiales en escuelas, colonias u hogares a los que sería imposible acceder de otra forma.
Algunas otras cuestiones
Si bien es necesario aclarar que en los últimos años el número de pensiones otorgadas había crecido y el procedimiento daba lugar a irregularidades, lo que se está debatiendo acá es la metodología de la quita.
Una persona con discapacidad deja de percibir el beneficio arbitrariamente y debe iniciar un complejo trámite burocráctio (que en muchos casos tarda varios meses) para poder volver a recibirlo. ¿Quién se hace cargo de ellos en el interín?
Cabe destacar además que Argentina adhiere a todos los tratados internacionales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Excluirlos de estos beneficios bajo el pretexto del «asistencialismo» podría ir contra la ley. Desde la oposición solicitaron derogar el decreto, pero el daño ya está hecho.
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